Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la decisión del mayor proveedor de televisión por satélite de Angola, ZAP, de dejar de emitir dos canales de noticias portugueses. La organización expresa su preocupación por la represión de la libertad de información en Angola cinco meses antes de las elecciones generales.
El proveedor ZAP, del que es dueña Isabel dos Santos, hija del presidente Eduardo dos Santos, dejó de emitir este 16 de marzo la señal de SIC Noticias y SIC Internacional TV. La empresa describió esta medida como un simple ajuste rutinario de los canales que ofrece. Pero la decisión se produjo pocos días después de SIC emitiera un reportaje de investigación sobre un escándalo financiero de 2014 que implicaba al mandatario angoleño.
SIC ya había incomodado al gobierno en noviembre pasado al emitir un reportaje titulado, «Angola, un país rico con 20 millones de pobres», que cuestionaba la gestión de Dos Santos en sus 37 años como presidente.
Dos Santos dijo después que ya no quería presentarse a la reelección en agosto de 2017 y nombró al general Joâo Manuel Gonçalves Lourenço, ex ministro de Defensa, como candidato presidencial del partido gobernante.
«Es difícil no ver la mano del gobierno detrás de la decisión unilateral de ZAP de dejar caer a estos dos canales de televisión», asegura Cléa Kahn-Sriber, responsable para África de Reporteros Sin Fronteras. «A pocos meses de las elecciones presidenciales, el gobierno debe alentar el pluralismo mediático y permitir que los medios de comunicación angoleños trabajen libremente».
En Angola, la familia Dos Santos y sus aliados controlan todos los medios nacionales, estatales y privados. Aparte de algunos pequeños medios de comunicación de oposición, las noticias y la información libremente divulgada sólo se puede encontrar en unos pocos sitios de Internet y en las redes sociales. Pero también éstos están sometidos a presión.
Rafael Marques, periodista que edita la web anticorrupción Maka Angola, recibió una citación del Ministerio del Interior el pasado diciembre después de publicar una información que acusaba al fiscal general João Maria de Sousa de implicación en transacciones de tierras ilegales . También convocaron a Mariano Bras, periodista que reprodujo la noticia en su programa semanal O Crimen. Ambos se exponen a una posible sentencia de seis meses de cárcel por difamación criminal.
En 2015 terminaron, por fin, años de pleitos y procesos penales contra Marques por parte del ejército angoleño tanto en Angola como en Portugal. Marques se enfrentaba a hasta 14 años de prisión por 24 acusaciones a raíz de su libro «Diamantes de sangre, corrupción y tortura en Angola», que acusaba al ejército de involucrarse en el tráfico de diamantes.
Aunque el libro está censurado, su editor lo ha colgado en Internet y puede ser descargado desde la web de RSF Internacional.
Las suspensiones y los procedimientos judiciales han coincidido con inquietantes medidas destinadas a restringir las libertades civiles. Bajo un paquete de leyes de «comunicación social» aprobado en noviembre pasado, se otorga el control total sobre los medios de comunicación a un Consejo Regulador que está dominado por el partido gobernante.
En marzo de 2016, 17 jóvenes fueron detenidos y encarcelados durante varios meses sólo por leer y comentar un libro sobre acciones no violentas.
Angola está en el puesto 123, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras.
