Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional piden al Congreso nicaragüense que rechace un proyecto de ley que prevé registrar como «agentes extranjeros» a los corresponsales de prensa de fuera del país. Además, ambas organizaciones denuncian un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente en Nicaragua.
El proyecto de ley, bautizado como “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y destinado a “prevenir delitos contra la seguridad del Estado”, ha levantado un auténtico clamor en la sociedad civil nicaragüense y en la comunidad internacional. El texto, que obliga a cualquier entidad o persona que reciba financiamiento del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior como «agente extranjero» y que se aplicará en particular a los periodistas que trabajan para medios de otros países, aún tiene que ser debatido en el Parlamento, donde el partido político del presidente Ortega, el Frente Sandinista, tiene una amplia mayoría.
“RSF denuncia enérgicamente un proyecto de ley aberrante e inconstitucional destinado a censurar e intimidar aún más a los medios independientes en el país”, señala el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié. “El Congreso tiene que repudiar este proyecto de ley liberticida que permitirá al gobierno de Daniel Ortega contar con una nueva herramienta de represión para silenciar a las voces críticas con su administración”.
“Los juicios, las persecuciones, y los ataques a periodistas y medios que critican al gobierno de Nicaragua son una prueba de que las autoridades de este país están actuando sistemáticamente para limitar el derecho a la libertad de expresión”, denuncia Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional. “El respeto de los derechos debe ser una prioridad para el Estado. Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que detenga la criminalización de las voces independientes, y pedimos al Congreso que rechace este proyecto de ley, cuyo objetivo es controlar y restringir el trabajo de los medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil”.
Presentado en el Parlamento el 22 de septiembre por los diputados del Frente Sandinista – el partido del presidente Daniel Ortega-, el texto prevé el establecimiento de “un marco legal para las personas físicas o jurídicas dependientes de intereses y financiamiento del extranjero, y que incurran en injerencias en los asuntos internos del país”. Cualquier organización o persona registrada en el Ministerio del Interior como «agente extranjero» estará sujeta a una estrecha vigilancia, así como a restricciones de sus derechos cívicos y políticos, y todas sus propiedades podrán ser incautadas.
Esta lista de agentes extranjeros incluye a las ONG, a los corresponsales de prensa o a los representantes de agencias de noticias, pero también a periodistas de medios nicaragüenses que reciben apoyo financiero de fuera del país. Las compañías consultoras o de relaciones públicas, las agencias de publicidad, los empleados de servicios de información y los consultores políticos vinculados a gobiernos, empresas y fundaciones extranjeros incluidas en la lista del ministerio también deben «abstenerse de intervenir en asuntos o temas de política interior”, so pena de sanciones legales, además de verse sometidos a una estrecha vigilancia.
Este proyecto de ley liberticida deteriora aún más un clima ya muy degradado para la prensa. A medida que el país se hunde en la crisis política, los ataques a la prensa independiente se multiplican desde abril de 2018: las intimidaciones, las amenazas, las incautaciones de material, los registros sin orden judicial, la escasez intencionada de papel o las detenhttp://nicaragua gobierno ortegaciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para los medios de comunicación. Víctimas habituales de campañas de acoso e incluso de amenazas de muerte, cada vez más periodistas nicaragüenses se ven obligados a exiliarse.
El poder tiene en su punto de mira a varios medios independientes en particular. Las oficinas de Confidencial, 100% Noticias Niú y Esta Semana están bloqueadas y rodeadas por la policía desde diciembre de 2018. El 11 de septiembre de 2020, la justicia nicaragüense anunció la incautación de todos los bienes del canal de televisión independiente Nicavisión Canal 12, particularmente crítica con el gobierno y una de las pocas cadenas independientes que aún seguían funcionado en el país, así como con la congelación de todos los activos y la cuenta bancaria del grupo. La decisión judicial se produjo después de que la Dirección General de Ingresos decidiera imponer una multa de 607.000 dólares estadounidenses a Nicavisión Canal 12 por declaraciones tributarias presuntamente irregulares entre 2011 y 2013. El Canal 10 también está en la diana de la Dirección General de Ingresos.
Los procesos judiciales contra periodistas también se han incrementado en los últimos meses. El 23 de septiembre, la periodista Kalúa Salazar, directora de la radio La Costeñisima, fue declarada culpable de calumnias y difamación por denunciar casos de corrupción en el municipio de El Rama. En agosto de 2020, los periodistas David Quintana -de Boletín Ecológico-, William Aragón y Elsa Espinoza -de la coalición de periodistas independientes PCIN (Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua)-, también fueron víctimas de estos procesos judiciales abusivos relacionados con su trabajo de información.
Nicaragua ocupa el puesto 117 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 establecida por RSF.
