Cuando se cumple un año de la toma de la investidura de Abiy Ahmed como primer ministro, Etiopía ya no tiene periodistas encarcelados y han resurgido cientos de medios de comunicación que anteriormente estaban prohibidos. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a Abiy que siga adelante por este camino y que asegure a los periodistas más protección legal con el fin de convertir a Etiopía en un modelo regional de libertad de prensa.
El gobierno de Abiy se ha movido de manera rápida y eficaz desde que asumió el cargo el pasado 2 de abril de 2018. En apenas 12 meses liberó a todos los periodistas encarcelados, desbloqueó los diarios digitales y revocó todas las prohibiciones de medios de comunicación impuestas por el régimen anterior.
Por primera vez en más de 15 años no hay periodistas detenidos por cargos relacionados con su profesión. Un total de 264 diarios digitales y blogs previamente prohibidos están ahora accesibles. Los principales canales de televisión, como OMN y ESAT, que se vieron obligados a transmitir desde el extranjero ahora tienen permiso para operar en Etiopía. En total, 23 publicaciones y seis canales de televisión han sido aprobados en los últimos meses.
«En el último año, Etiopía ha pasado de ser una de las mayores prisiones para periodistas de África (justo detrás de su vecina Eritrea), a ser un país donde pueden cumplir su papel como cuarto poder y criticar al gobierno sin ser inmediatamente encarcelados» afirma Arnaud Froger, responsable de la oficina de RSF en África. «Instamos a las nuevas autoridades a continuar con el importante progreso logrado. Para actuar finalmente como defensor internacional de la libertad de prensa habrá que revisar la actual legislación, extremadamente represiva para los periodistas, y mejorar el acceso a la información estatal tras la supresión de los recortes de Internet por completo».
Un marco legislativo hostil
La comisión encargada de revisar las duras leyes contra los medios de comunicación emitirá sus conclusiones en las próximas semanas. En la última década se ha recurrido a muchas armas legislativas para amordazar a los medios. Entre ellas se incluye la ley antiterrorista de 2009 utilizada para sentenciar a 18 años de prisión al famoso periodista Eskinder Nega por el supuesto hecho de especular sobre el impacto de la Primavera Árabe en Etiopía.
La Ley de prensa y de acceso a la información de de 2008 permite a las autoridades perseguir a los periodistas por cargos se difamación e impedir las publicaciones que “puedan perturbar el orden público”. Además, conforme a la ley de delitos informáticos de 2016, el solo hecho de compartir contenido «difamatorio» se castiga con varios años de prisión.
Por estas tres leyes, decenas de periodistas y blogueros han sido detenidos, procesados y condenados de manera arbitraria a prisión por su legítimo derecho a la libertad de expresión e información.
Los viejos hábitos nunca mueren
Internet, que a menudo era desconectada durante el gobierno anterior, está ahora en gran parte restablecida. Los todavía recientes confictos entre diferentes etnias han provocado ocasionales recortes de la red que complicaron el acceso a las fuentes y el intercambio de información entre los periodistas que cubrían la zona.
La intromisión en las decisiones editoriales de los medios independientes también parece difícil de eliminar. Los ejecutivos de los dos canales de televisión ENN y Tigray TV, fueron convocados por la agencia reguladora en junio porque no tenían cobertura en directo de un mitin del partido gobernante.
Finalmente, aunque el primer ministro dio dos conferencias de prensa desde que asumió el cargo, el acceso a la información del Estado sigue siendo muy difícil y la ley que garantiza esta posibilidad no se está cumpliendo.
Etiopía ocupa el puesto 150 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. Ver también el Informe Anual elaborado por RSF-España.
