La cadena de televisión online VPITV se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano. Esta decisión se produce después de una operación conjunta realizada dos días antes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en las oficinas del canal en Caracas. Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios de Conatel y Seniat se incautaron de todo el equipamiento de la redacción (sistemas de transmisión, cámaras, ordenadores…) y llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena. VPITV es un canal de noticias de América Latina y de Venezuela con sede en Miami, y es muy crítico con el gobierno del presidente Maduro. Este medio emplea en Venezuela a unas 150 personas.
El diario regional Panorama, que tiene su sede en Maracaibo (en el estado de Zulia, al noroeste del país) y se distribuye desde hace más de 106 años, también recibió ese mismo día una visita sorpresa del Seniat, que ordenó el cierre inmediato del periódico y su rotativa durante cinco días con el pretexto de que incumplía la normativa fiscal vigente. Por su parte, el medio digital de noticias Tal Cual, muy crítico con el chavismo, fue víctima de un ataque informático que dejó su web fuera de línea durante varias horas. El ataque se repitió el lunes 11 de enero.
«La censura estatal que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más limitado el acceso a información plural y contrastada», lamenta el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié. «La libertad de información y el pluralismo mediático son los pilares de la democracia. Al acosar y asfixiar a los medios de comunicación independientes y no oficiales, el gobierno venezolano se pega un tiro en el pie y perjudica a la población».
Estos intentos de censura administrativa se producen en un contexto de tensa persecución de opositores políticos por parte del actual gobierno. Este último acusó recientemente a varias ONG y medios independientes -como los medios en línea Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo, y la emisora Radio Fe y Alegría- de ser “mercenarios del periodismo” financiados desde el exterior para derrocar al gobierno. Estas declaraciones fueron seguidas de un robo y saqueo en las instalaciones de Radio Fe y Alegría el pasado 8 de enero.
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 18 estaciones de radio locales.
Venezuela ocupa el puesto 147 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2020.
