CLASIFICACIÓN 2021 | El frágil periodismo de ÁFRICA, más vulnerable que nunca por la crisis sanitaria

Agresiones y detenciones de reporteros, medios debilitados por la desinformación, leyes liberticidas, caída de los ingresos de los periodistas… La pandemia de coronavirus ha venido a ser un reflejo de las inmensas dificultades y desafíos que afronta el periodismo en el África subsahariana, donde 23 de los 48 países (dos más que en 2020) aparecen en rojo o en negro en el mapa de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Esto significa que su situación es grave e incluso muy grave.

El papel de los periodistas africanos y su contribución a nutrir las democracias basadas en un debate público pluralista y basado en hechos aún está lejos en sus respectivos países. La crisis del coronavirus ha sido el factor desencadenante. En lugar de permitir que los periodistas cumplan con su misión de informar, un papel más esencial que nunca durante este período, las autoridades han intensificado sus actuaciones dirigidas a controlar la comunicación sobre el asunto. En muchas ocasiones han contribuido directamente a fomentar la hostilidad y la desconfianza hacia quienes han intentado producir información objetiva e independiente.

El periodismo, víctima colateral del coronavirus

Entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2020, RSF registró en el África subsahariana el triple de detenciones y agresiones de periodistas que en el mismo período del año anterior. Muchos países, entre ellos algunas de las democracias más avanzadas del continente, han utilizado la fuerza y ​​las leyes para impedir que los periodistas trabajen. La cobertura de las medidas de confinamiento tuvo como resultado un periodista con una pierna rota en la República Democrática del Congo (149º, +1), disparos de balas de goma contra una de sus colegas en Sudáfrica (32 º, -1) y once meses de prisión para el director de una televisión por internet en Ruanda (156º, -1), por fin liberado en marzo pasado.

Este recrudecimiento de las agresiones es un recordatorio de que, con demasiada frecuencia, a los periodistas africanos todavía se les percibe como enemigos a los que hay que controlar o reprimir más que como aliados para afrontar los desafíos y las crisis contemporáneas. El notable aumento de los ataques se refleja en el deterioro de un 13% del indicador de agresiones de la Clasificación con respecto al año pasado. También contribuye a que África siga siendo, en 2021, el continente más violento para los periodistas, según la metodología que utiliza RSF.

Igualmente, aún es muy limitado el lugar y el reconocimiento que se otorga al periodismo de investigación. Revelar información comprometedora sobre la gestión de la epidemia puede llevar a sus autores a prisión, como le ocurrió en Zimbabue (130 º, -4) al periodista de investigación Hopewell Chin’ono, al que detuvieron después de que revelara un escándalo de malversación de fondos en la compra de material destinado a luchar contra la epidemia. En las Comoras (84º, -9), a la periodista Andjouza Abouheir la amenazaron con llevarla a juicio después de que demostrara que si no había casos en el archipiélago era porque aún no se habían analizado las muestras.

De manera más general, la pandemia ha ayudado a debilitar aún más la independencia de los periodistas y la relación que tienen las sociedades con la verdad basada en los hechos. En Tanzania (124º, 0), la cobertura de las consecuencias de la crisis sanitaria se volvió prácticamente imposible ante unas autoridades que negaban la realidad (ver recuadro).

El país se ha negado a comprar vacunas, igual que Burundi (147º, +13), cuyo presidente Pierre Nkunrinziza murió pocas semanas después de que su esposa contrajera la Covid-19. Muchos países -como Sudáfrica, Botsuana (38º, +1) e incluso Eswatini (antes conocido como Suazilandia, 141º)- también han criminalizado la difusión de “información falsa” relacionada con esta enfermedad y castigado a los autores de las publicaciones con penas de prisión.

Periodistas considerados como ciberdelincuentes

Frente a la desinformación, África no ha escapado a la flagrante falta de transparencia y a la eficacia de las políticas de moderación de las grandes plataformas. Y lo que es peor, estas últimas han censurado en ocasiones a los propios periodistas. The Continent, uno de los más renombrados semanarios sudafricanos, vio cómo le suspendían  su cuenta de Twitter, así como las de al menos otros cuatro periodistas, por haberse hecho eco de una opinión de Bill Gates sobre la propiedad intelectual de las vacunas, o por denunciar la decisión de la red social de bloquear la cuenta del medio. Al erigirse en aprendices de regulador de la información sin tener la legitimidad y sin las salvaguardias democráticas, las plataformas ponen en peligro la libertad de información.

La respuesta de los gobiernos africanos a estos desafíos no ofrece más garantías, sino todo lo  contrario. Las nuevas leyes aprobadas a toda prisa en los últimos años con el pretexto de luchar contra la infodemia también pueden ser utilizadas como armas para silenciar a los periodistas. En Benín (114º, -1) urge la reforma del Código Digital después de que el periodista de investigación Ignace Sossou fuera condenado a seis meses de prisión por haber publicado en Twitter las declaraciones de un fiscal. La nueva ley sobre ciberdelincuencia de Níger (59º, -2) también ha tenido como consecuencia la detención de una bloguera, mientras que en Senegal (49 º, -2), el código de prensa que está entrando gradualmente en vigor mantiene sanciones penales muy severas, de hasta dos años de prisión, para la difamación.

Esta evolución resulta aún más preocupante teniendo en cuenta que ningún país africano ha despenalizado los delitos de prensa en 2020, tal como reclama RSF, especialmente en la República Democrática del Congo o en Somalia (161º, +2). Estos dos países, por sí solos, representan el 25% de las detenciones arbitrarias de periodistas que nuestra organización ha contabilizado en África subsahariana durante 2020.

Cambios en el poder: esperanzas frustradas

La falta de avances en las -tan esperadas- reformas legales en Gambia (85º, +2), Zimbabue, Sudán (159º), Angola (103º, +3) o incluso en la República Democrática del Congo también atestigua las preocupantes limitaciones en países que recientemente han experimentado cambios de gobierno o la caída de autócratas tan conocidos por su longevidad en el poder como por su papel como depredadores de la prensa.

Entre ellos, Etiopía (101º, -2) registra por primera vez un retroceso en la Clasificación desde la llegada al poder de Abiy Ahmed, en 2018. Mientras que las autoridades han asociado su comunicación al lanzamiento de su propia iniciativa de “verificación de datos”, hace tiempo que se impide a los periodistas viajar a las zonas de conflicto que sacuden al país. Algunos han sido amenazados y otros, arrestados.

El periodismo sigue siendo una actividad peligrosa en el continente, especialmente en período de elecciones o de movilizaciones sociales. En Uganda (125º), la reelección de Yoweri Museveni después de 35 años en el poder se vio acompañada de un aumento masivo de las agresiones contra los periodistas, mientras que en el Congo (118º), Denis Sassou Nguesso ganó un cuarto mandato consecutivo teniendo a un periodista detenido arbitrariamente en las cárceles de su país.

En África Occidental, Nigeria (120º, -5) se ha convertido en uno de los países más peligrosos. Desde 2019, tres periodistas han sido asesinados con total impunidad mientras cubrían manifestaciones. Por último, el año pasado no proporcionó ninguna respuesta sobre la suerte de los 11 periodistas detenidos en Eritrea (180º, -2), de nuevo en la última posición de la Clasificación, 20 años después de la gran ola de represión que acabó con todos los medios independientes y que llevó a los periodistas a la cárcel o al exilio.