CLASIFICACIÓN 2021 | En el MAGREB, la información vive sometida a continuas presiones

La persistente presión que se ejerce sobre los periodistas y medios en el norte de África mantiene a tres países de la región (Argelia, Marruecos y Libia) en las zonas rojas y negras del mapa de la libertad de prensa en 2021, lo que refleja una situación difícil, e incluso muy grave, para el ejercicio de la profesión. Entre tanto, desde las revoluciones de 2011, los ciudadanos de la región no han dejado de reclamar más libertad de prensa y más libre acceso a la información.

Detenciones arbitrarias, procesos reiterados, interminables períodos de prisión preventivas, juicios aplazados de forma periódica… El acoso judicial a los periodistas se ha convertido en un método de represión recurrente en la región. En Argelia (146º), la instrumentalización de la justicia se ha puesto de manifiesto con el caso de Khaled Drareni, director del medio informativo digital Casbah Tribune y también corresponsal de TV5 Monde y de RSF. Su cobertura del movimiento de protesta popular Hirak le valió que lo condenaran en la apelación a dos años de cárcel por «incitar a una manifestación no autorizada» y por «poner en peligro la seguridad del Estado». Después de 11 meses en prisión, Khaled Drareni fue finalmente puesto en libertad gracias a un indulto presidencial, pero sus problemas legales no han acabado, ya que su caso será sometido de nuevo a juicio en otoño.

El de Khaled Drareni no es un caso aislado. Al menos otros tres periodistas argelinos están pagando un alto precio por hacer su trabajo de información. Sofiane Merakchi, corresponsal del canal libanés Al-Mayadeen, ha cumplido ocho meses de prisión por proporcionar imágenes de una protesta a varias cadenas de televisión extranjeras. Mustafá Bendjama, director del diario regional Le Provincial de Annaba, ha sido interrogado en más de 20 ocasiones por sus artículos sobre las protestas de Hirak y ha sido procesado en tres casos judiciales diferentes relacionados con sus publicaciones en Facebook. Alí Djamel Toubal, corresponsal del grupo de medios privados Ennahar, fue condenado a 15 meses de prisión por difundir en las redes sociales imágenes que mostraban a la policía maltratando a manifestantes opositores del régimen. Su condena se dictó al amparo de una nueva ley, aprobada en marzo de 2020, que permite tipificar como delito la difusión de información falsa «que atenta contra el orden público y la seguridad del Estado».

En el vecino Marruecos (136º, -3), cuatro periodistas a los que se considera voces críticas del poder – Maâti Monjib, Omar Radi, Imad Stitou y Souleiman Raissouni- también están en la mira de las autoridades, algunos de ellos desde hace varios años. Procesados por cuestiones de moralidad o relativas a la seguridad del Estado, ajenas a su actividad periodística, viven al ritmo de las audiencias sistemáticamente aplazadas y de las solicitudes de libertad condicional rechazadas. Omar Radi y Souleiman Raissouni, en prisión preventiva a la espera de juicio desde hace ocho y 11 meses, han presentado, sin éxito, al menos 10 solicitudes de libertad provisional.

Enfrentados a una justicia injusta que, evidentemente, cumple las órdenes del poder, estos periodistas llegan a ponerse ellos mismos en peligro al recurrir a la huelga de hambre para hacer valer su derecho a un juicio justo. Souleiman Raissouni y Omar Radi anunciaron el 8 y 9 de abril de 2021 que dejaban de alimentarse. El periodista franco-marroquí Maâti Monjib fue puesto en libertad provisional a finales de marzo tras 19 días de huelga de hambre y tres meses de prisión preventiva.

Un ambiente cada vez más hostil

En la región de África del Norte, periodistas y medios trabajan, además, en un entorno cada vez más complicado e incluso hostil. En los últimos años, Túnez (73º, -1) ha logrado una buena posición en la comparación con sus vecinos, pero pierde un puesto en la Clasificación de 2021. La causa principal es que, alimentados por parlamentarios de extrema derecha, los discursos de odio contra los medios de comunicación han aumentado. Desde que fuera elegido, en 2019, el líder de la coalición islamista y populista Al Karama, Seifeddine Makhlouf, ha atacado de manera regular a los periodistas y les ha dirigido agresiones verbales tanto en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) como en las redes sociales, tratándolos de «medios de la vergüenza», «mentirosos» y hasta de «canallas que quieren destruir el país y la revolución».

En Libia (165º, -1), la persistente impunidad de la que disfrutan los depredadores de la libertad de información desde hace diez años es la que dificulta el trabajo periodístico y mantiene al país en los peores lugares de la Clasificación. El conflicto armado que divide Libia ha instaurado un estado de violencia y miedo en el sector mediático que obliga a quienes trabajan en la información a tomar una dolorosa decisión: o autocensura, o propaganda a favor de uno de los regímenes que se disputan el este y el oeste del país.