AUSTRALIA | Hasta diez años de cárcel por divulgar «operaciones de inteligencia»
El Fiscal General australiano, George Brandis, presentó este 16 de julio una propuesta de ley que convierte en intocable a la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO). Entre las numerosas medidas destinadas a blindar a la agencia de seguridad nacional se cuenta prohibición terminante de divulgar información sobre las «operaciones especiales de inteligencia», so pena de prisión.
Cada dez se invoca más el interés nacional en detrimento del interés público. El proyecto de ley presentado por Brandis supondría un serio golpe para la libertad de información y está en contradicción con los tratados internacionales que Australia ha ratificado.
El borrador, titulado «Proyecto de enmienda a la legislación de Seguridad Nacional», establece un nuevo delito, penado con hasta cinco años de prisión, para cualquier persona que divulgue información sin autorización sobre «operaciones especiales de inteligencia». La sentencia puede aumentar a 10 años si la información «pone en peligro la salud o la seguridad de cualquier persona, o perjudique la buena marcha de una operación especial de inteligencia».
La Agencia puede de esta manera encubrir con facilidad las violaciones de los derechos humanos, ya que la clasificación de una operación como de «inteligencia especial» sólo requeriría el consentimiento del director general de seguridad o de su delegado. El proyecto de ley también fortalecerá las atribuciones de vigilancia de la agencia.
«Este proyecto de ley es peligrosamente impreciso y no toma en cuenta el interés público ninguna forma. Como tal, es una amenaza a la libertad de información y una violación de las normas internacionales», dijo Benjamin Ismail, responsable de Reporteros Sin Fronteras para Asia y el Pacífico.
«Los denunciantes no deben ser objeto de amenazas de este tipo cuando están llevando a cabo una importante labor de difusión de noticias e información en nombre de sus conciudadanos», añade. «Hacemos un llamamiento a la Fiscalía General para deseche este proyecto de ley, que es demasiado restrictivo para ser modificado».
El apartado 35P, titulado «La divulgación no autorizada de información» establece que «(1) una persona comete un delito si (a) divulga la información; y (b) dicha información se refiere a una operación especial de inteligencia. Pena: prisión durante cinco años. «
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Australia es firmante, permite la seguridad nacional como motivo legítimo para restringir la libertad de información, pero, por otra parte, en la Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el artículo 19, se dice que estas restricciones deben estar estrechamente reguladas y justificada, y ser excepcionales y específicas.
La ley no debe convertir el vínculo entre la seguridad nacional y las operaciones especiales de inteligencia una cuestión de rutina. Corresponde al gobierno para demostrar a los tribunales en cada ocasión que este tipo de operaciones son esenciales desde el punto de vista de la seguridad, y que la difusión de información sobre ellas podrían afectar a la seguridad nacional.
Ni un Edward Snowden más
El objetivo del proyecto de ley parece ser el de evitar la aparición de un Edward Snowden australiano, el denunciante estadounidense que publicó transcripciones de escuchas telefónicas de la Agencia de Seguridad Nacional. La emisora Australian Broadcasting Corporation (ABC) ha publicado algunos de los documentos filtrados por Snowden que demuestran que el servicio de inteligencia australiano había intervenido los teléfonos de los líderes indonesios, incluyendo el del presidente Susilo Bambang Yudhoyono.
Esta publicación causó un conflicto diplomático entre los dos países y provocó fuertes críticas por parte del gobierno hacia el denunciante y los medios que publicaron la información.
El primer ministro Tony Abbott fue muy crítico con la ABC. La emisora frecuente blanco de ataques por parte del primer ministro. En enero de este año, se indignó cuando la ABC informó de que un grupo de solicitantes de asilo había sido maltratado por la marina australiana. «La noticia de que ponga en peligro la seguridad de nuestro país, francamente, no debería imprimirse», dijo el mandatario.
Australia está en el puesto 28, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras.
