CASO PEGASUS | El procedimiento judicial abierto en Francia es la única posibilidad de lograr justicia

Cuando se cumple un año de “Pegasus Project”, que reveló que al menos 200 periodistas habían sido víctimas del software de espionaje del mismo nombre, el procedimiento judicial abierto en Francia, tras la querella interpuesta por Reporteros Sin Fronteras, es la única posibilidad que existe para que los responsables sean identificados, imputados y condenados.

La apertura de una investigación judicial por parte de la sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París el 1 de julio de 2022, es el resultado de varias denuncias interpuestas en Francia desde hace un año, especialmente por Reporteros Sin Fronteras, que ha requerido a las autoridades judiciales en cuatro causas que representan a 25 periodistas originarios de diez países distintos. La designación de un juez instructor debería arrojar luz, al fin, sobre las responsabilidades de este escándalo de espionaje que afecta a centenares de periodistas en todo el mundo.

«Es crucial que la responsabilidad de NSO sea, por fin, expuesta a la vista de todos”, afirma Christophe Deloire, secretario general de RSF. “Cuando la libertad de prensa se ataca de forma tan insidiosa, no debe quedar ni una sola zona oculta. Por fin ha sido designado un juez de instrucción y lo celebramos. Ahora, toca ir hasta el final de la investigación y revelar el nombre de todos los clientes de NSO que han utilizado Pegasus contra periodistas”, añade.

En otros países, también hay procedimientos en curso, como la demanda civil de WhatsApp contra NSO en Estados Unidos, pero también las acciones emprendidas ante la Corte Suprema en India destinadas a esclarecer el papel de las autoridades del país en la vigilancia a periodistas. El proceso abierto en Francia es, sin embargo, el único de orden penal, y puede saldarse, por tanto, con la identificación de los responsables del espionaje a periodistas, su imputación y su condena penal.

El sumario francés se basa en varios delitos, especialmente en el de asociación de malhechores, el acceso y mantenimiento en un sistema automatizado de tratamiento de datos creado por el Estado como banda organizada, la intercepción de correspondencia emitida por vía electrónica, la instalación de dispositivos que permiten tales intercepciones, así como la incautación y difusión de palabras o imágenes que atentan contra la intimidad.

Desde el 20 de julio de 2021, 25 periodistas procedentes de diez países diferentes se han unido a la querella interpuesta por RSF. Todos tienen la certeza o sospechan que sus teléfonos móviles han sido espiados por el software Pegasus, puesto que sus nombres han aparecido en la lista revelada por “Pegasus Project”. Es el caso del español Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb, una de las víctimas de este espionaje que se ha sumado a la denuncia colectiva. Pegasus fue empleado con el objetivo de obtener una copia de su agenda de contactos, una codiciada lista en la que figuran altos cargos del Gobierno español, entre otros. su caso es similar al de la periodista india Swati Chaturvedi, galardonada con el Premio al Coraje de RSF en 2018: todos son periodistas independientes y exigentes que rechazan ser sometidos por depredadores de la libertad de prensa.

En 2020, NSO Group se sumó a esa lista de enemigos y amenazas que pesan sobre los periodistas, y que publica y actualiza Reporteros Sin Fronteras. La organización denuncia sus actuaciones y expone públicamente el peligro que las empresas de cibervigilancia suponen para la libertad de prensa, desde 2017. Para hacer frente a esta amenaza, RSF inauguró, el 18 de julio de 2022, su Digital Security Lab, un equipo de criminalística digital dedicado a detectar software malicioso en los dispositivos de los periodistas.

Naciones Unidas tiene que actuar

El año pasado, RSF también elevó a la ONU una petición para que sus relatores especiales exijan explicaciones a los Estados sospechosos de haber utilizado Pegasus, como por ejemplo, en el caso de Hungría. La organización también reclama la instauración de una moratoria sobre las exportaciones de tecnologías de vigilancia. Además, RSF defiende ante Naciones Unidas la imposición de una legislación estricta sobre la exportación de herramientas de espionaje.

Para ello, el Acuerdo de Wassenaar constituye una base sobre la que construir un marco sólido. Hay 41 Estados implicados en este pacto político de transparencia sobre la exportación de armas convencionales y de bienes y tecnologías de doble uso, de los que forman parte las herramientas de software de espionaje. Sin embargo, no bastan ni el número de Estados miembros, ni las exigencias en materia de transparencia, máxime cuando el acuerdo no es vinculante. Resulta, pues, imperativo que este pacto sea reformado y de él se derive una ley internacional exigente, que tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos.