La intensificación de las presiones por parte de las autoridades nicaragüenses contra el diario La Prensa ha obligado al conjunto de su redacción a dejar el país. Reporteros Sin Fronteras muestra su más profundo rechazo ante la deriva autoritaria del presidente Daniel Ortega contra los medios críticos e independientes.
“El aparato represivo desplegado por el gobierno de Ortega para reducir a los periodistas al silencio es tan terrorífico, como intolerable. La prensa independiente de Nicaragua está en fase de agonía y las voces críticas con las autoridades desaparecen de forma inexorable”, se lamenta Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina. “La labor informativa de La Prensa, uno de los últimos bastiones del periodismo independiente, es vital para la población de Nicaragua. RSF ofrece todo su apoyo a la redacción del periódico y al conjunto de la prensa nicaragüense, víctima de la dramática y patética deriva autoritaria del presidente Ortega”, añade.
Entre el 9 y el 25 de julio, los últimos empleados del diario La Prensa han abandonado clandestinamente el territorio nicaragüense. Con esta última huida, la totalidad de la redacción del periódico se ve obligada a trabajar desde fuera del país, ante la intensificación de las presiones.
Durante la noche del 6 de julio en Managua, capital del país, la policía desplegaba un operativo de gran envergadura, con registros ilegales en los domicilios de varios empleados del periódico: una periodista, un fotógrafo, un auxiliar administrativo y dos conductores, cuyos nombres no pueden ser desvelados para no agravar su situación. Ambos fueron encarcelados ese mismo día, sin que las autoridades nicaragüenses hayan dado una sola explicación o les hayan imputado cargos públicamente. Alertados de la detención de los dos conductores, los otros empleados pudieron esconderse a tiempo y evitar ser detenidos cuando la policía realizaba los registros de sus casas. Posteriormente, se vieron obligados a huir de forma clandestina del país. Este nuevo episodio, uno más de la larga serie de persecuciones de Daniel Ortega contra La Prensa, se ha saldado con el exilio forzado de los últimos periodistas y colaboradores del periódico.
El 13 de agosto de 2021, el local que alberga la sede de La Prensa en Managua fue cerrado arbitrariamente por la policía y su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue enviado a prisión. Desde entonces, ningún miembro del periódico ha podido regresar a la redacción y el conjunto del material del diario, sobre todo la rotativa necesaria para imprimirlo, ha sido incautado por la Policía. Ya entre septiembre de 2018 y febrero de 2020, el diario padeció, durante 18 meses, una carestía organizada de papel y de materias primas, aunque se las ingenió para garantizar temporalmente su edición impresa. El 13 de agosto de 2021 marcó oficialmente el fin de la edición en papel. En la actualidad, la web de La Prensa sigue operativa gracias a servidores fuera del alcance del Gobierno, mientras que la redacción se organiza desde el exilio y la clandestinidad. Juan Lorenzo Holmann Chamorro ha sido condenado a nueve años de cárcel por “blanqueo de dinero, bienes y activos”, sin que las autoridades hayan proporcionado ninguna prueba. Desde que fue encarcelado, se le ha rechazado el acceso a cuidados médicos y a su abogado.
El sistema Ortega
A Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007 –tras un primer mandato, entre 1979 y 1990– no le detiene nada en su afán por controlar la información. Ha puesto en marcha un sistema de presiones judiciales y asfixia económica contra los medios independientes, que pasa por políticas discriminatorias en la concesión de publicidad oficial, restricciones a la importación de suministros y material periodístico, auditorías abusivas, presiones, detenciones arbitrarias o leyes aberrantes e inconstitucionales. A imagen de La Prensa, en 2018, los locales de los medios Confidencial y 100% Noticias fueron registrados y tomados por la policía, quien requisó su material y sus sedes.
La reelección de Daniel Ortega en 2021 para un cuarto mandato consecutivo ha desencadenado una nueva oleada de exilios forzosos de periodistas. Según PCIN (Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua), organización local que agrupa a gran parte de los periodistas independientes, al menos 150 periodistas se encuentran actualmente fuera del territorio nicaragüense, la gran mayoría de ellos, en Costa Rica. Víctimas de acciones judiciales abusivas, espiados por la policía o en el punto de mira del gobierno, estos periodistas críticos han tenido que atravesar clandestinamente, a menudo jugándose la vida, las fronteras de su país para preservar su integridad física y para poder proseguir su labor informativa desde el exilio. Aquellos que han intentado marcharse legalmente de Nicaragua han visto cómo sus pasaportes eran confiscados y anulados.
Nicaragua ocupa el puesto 160 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.