RUSIA | El periodismo ruso, amordazado por la sistemática censura del Kremlin

Durante los últimos seis meses, periodistas independientes y de la oposición en Rusia han evitado cubrir las actuaciones de las Fuerzas Armadas rusas debido a la amenaza de ser condenados a 15 años de prisión. Esta nueva ley, adoptada el 4 de marzo, no es más que la primera de una serie de normas contra los medios de comunicación. Tras analizar estos añadidos al arsenal legislativo del Kremlin, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a los legisladores rusos que cesen en la producción de leyes draconianas que provocan un éxodo masivo de periodistas. 

De acuerdo con la ley adoptada el 4 de marzo (una importante modificación de la ley de 2019 sobre desinformación), publicar información acerca de las Fuerzas Armadas rusas que sea considerada «falsa» o «desacreditadora» puede conllevar penas de hasta 15 años de cárcel. Además de esta norma, modificada varias veces desde su adopción, se han implantado al menos otras seis leyes orwellianas desde que Rusia invadió Ucrania.

«La ley del 4 de marzo impone, de facto, la censura bélica en Rusia, ya que se deja que los tribunales progubernamentales decidan qué constituye ‘información falsa’ acerca de las Fuerzas Armadas, castigado con 15 años de prisión», afirma Jeanne Cavelier, responsable del Área de Europa del Este y Asia Central de RSF. «Cientos de periodistas han huido desde la implementación de esta dura medida, mientras aquellos que permanecen en el país deben trabajar de forma casi clandestina. Apoyamos a los periodistas rusos independientes que resisten con valentía los golpes de Vladimir Putin y sus aliados, y exigimos a los parlamentarios rusos que dejen de enunciar leyes draconianas». 

El 22 de marzo, esta ley de desinformación se extendió a los organismos estatales rusos que operan en el extranjero: el Presidente y su personal, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), las embajadas, la Agencia Federal de Turismo, etc. La versión anterior de esta ley, que existe desde 2019, ya castigaba la información no fiable «socialmente significativa» sobre asuntos como la caída del tipo de cambio del rublo, la subida de precios, las epidemias y los desastres naturales. En la práctica, cualquier información que no provenga del Gobierno puede ser prohibida y solo se considera fiable la información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso.

Más de 4000 personas, incluyendo periodistas, han sido perseguidos debido a esta ley durante los últimos seis meses, y 224 de ellos enfrentan una posible pena de prisión, de acuerdo con el último informe de OVD-Info, una ONG rusa de derechos humanos. Basta con publicar un enlace en redes sociales a una noticia de los principales medios de comunicación internacionales sobre las masacres del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Bucha, por ejemplo, para ser enjuiciado.

El Fiscal, un todopoderoso censor

El 6 de abril, la Duma (el Parlamento ruso) aprobó una ley sobre la representación pública del papel desempeñado por la Unión Soviética y la Alemania nazi, según la cual la «negación de la misión humanitaria de la Unión Soviética en la liberación de los países de Europa» se castiga con 15 días de prisión. «Todo soldado soviético siempre debe ser presentado como un héroe de gran moral y humanismo», afirma el Mass Media Defence Center (MMDC), una ONG rusa de derechos humanos, en su análisis legal de esta ley.

Otra de las novedades es que la Fiscalía General puede ahora suspender legalmente cualquier medio de comunicación (prensa, radio, televisión o página web), o impedir su registro sin necesidad de acudir a un tribunal. En virtud de las enmiendas aprobadas el 30 de junio, la suspensión puede ser inmediata y sin previo aviso, con el objetivo de evitar que el medio de comunicación tenga la oportunidad de eliminar el contenido controvertido para evitar la sanción. Estas enmiendas van dirigidas a las publicaciones que contengan cualquier información considerada «falsa» o «irrespetuosa con las autoridades»; que desacredite a las Fuerzas Armadas o a los organismos del Estado, que incite a manifestaciones o sanciones, que haga propaganda o que defienda el «extremismo».

En caso de reincidencia (por ejemplo, si se comprueba que el medio de comunicación en cuestión ha publicado más de una información con contenido de este tipo), la suspensión extrajudicial puede continuar indefinidamente. Además, si se comprueba que el registro de un medio de comunicación no es válido, otras personas pueden clonar  ese medio, susceptible de difundir propaganda, al día siguiente, usando incluso el mismo nombre, tal y como advierte el MMDC. Al mismo tiempo, los medios de comunicación extranjeros pueden ser cerrados como represalia por estar registrados en países que han impuesto restricciones a los medios rusos. Dado que la cadena de televisión estatal rusa, RT, está ahora prohibida en la Unión Europea, cualquier medio de comunicación europeo puede ser objetivo de Rusia.

Una ley adoptada el 29 de junio consolida la estigmatizante etiqueta de «agente extranjero», que puede imponerse a cualquier persona que haya recibido apoyo internacional o esté «bajo influencia extranjera» y que realice actividades políticas, recoja información sobre actividades militares y técnico-militares, la difunda al gran público o participe en su creación. Los periodistas están, por tanto, en el punto de mira de esta legislación.

Un total de 172 periodistas y entidades periodísticas están actualmente registradas como «agentes extranjeros», frente a la escasa docena que se contabilizaba antes de diciembre de 2020. Todos los incluidos en esta lista deben indicar que son «agentes extranjeros» en la cabecera de todo lo que publican. El estatus de «agente extranjero» tiene por objetivo desacreditar a los medios y a los periodistas a ojos de sus lectores. Asimismo, también supone una pesada carga administrativa, en particular por la obligación de proporcionar al Ministerio de Justicia las declaraciones de todos sus ingresos y gastos. El incumplimiento de estas obligaciones se castiga con multas o penas de prisión de hasta cinco años.

«Intereses nacionales» ampliados y vagamente definidos

Otras enmiendas poco precisas aprobadas en los últimos seis meses pretenden censurar e intimidar a los periodistas con el pretexto de proteger los intereses nacionales de Rusia. Los periodistas pueden ser castigados actualmente con hasta ocho años de prisión por «colaborar» con una organización internacional, por ejemplo. Este concepto vagamente definido puede también incluir el uso de fuentes extranjeras por parte de los periodistas rusos. También se enfrentan a siete años de condena por «actividades que menoscaban la seguridad estatal», incluyendo revelar secretos de estado o participar en organizaciones categorizadas como «indeseables».

Esta clasificación es aplicable a numerosos medios de investigación rusos, incluyendo The Insider, Vazhnye Istorii (Important Stories) y Proekt, así como Bellingcat, un colectivo internacional independiente de investigadores y periodistas. Cualquier mención a estos medios o cualquier referencia a sus investigaciones sobre temas como los Papeles de Panamá y el supuesto patrimonio de Putin es un delito castigado con cárcel. Los legisladores también ampliaron la definición de las acciones consideradas como espionaje, las cuales se castigan con hasta 20 años de prisión. Según otra enmienda, incluir un anuncio de una empresa internacional de Internet que no cumpla los requisitos de la legislación rusa, como Google o YouTube, está penado con una multa de hasta 6 millones de rublos (unos 100.000€).

Ningún periodista es inmune a ser gravemente acusado y cada semana, varios de ellos son detenidos y sometidos a interrogatorios y registros. Andrei Soldatov, periodista de investigación especializado en informar sobre los servicios especiales rusos, ha sido objeto de un proceso penal por difundir «información falsa» sobre la guerra desde el 17 de marzo. Soldatov escribió acerca de la purga en el departamento del FSB que proporcionó a Vladimir Putin datos sobre Ucrania en vísperas de la invasión.

Sergei Mikhailov, dueño de Listock, un pequeño periódico independiente de la República de Altái, en Siberia Oriental, fue arrestado el 14 de abril y se enfrenta a 15 años de cárcel por publicar artículos acerca de la masacre de Bucha y otros asuntos relacionados con la invasión de Ucrania. Mikhail Afanasiev, director de la revista online Novy Focus, arrestado el 13 de abril, también está acusado de producir «información falsa» en un artículo relacionado con los antidisturbios de Jakasia (Siberia Oriental) que se negaron a participar en la guerra.

27 medios de comunicación clausurados

Cientos de trabajadores vinculados al mundo de los medios de comunicación han huido de Rusia debido a la amenaza directa que suponen estas nuevas leyes, que han agravado su ya represiva legislación (lee nuestra investigación sobre la censura de Internet). Al menos 27 medios han cerrado o suspendido sus actividades en Rusia a lo largo de los últimos seis meses, de acuerdo con OVD-Info. Entre ellos se encuentran medios de comunicación extranjeros tan importantes como la BBC, la CNN y la CBC/Radio Canadá, que abandonaron el país después del 4 de marzo por el peligro que corrían sus empleados y colaboradores rusos.

De acuerdo con Roskomsvoboda, una ONG rusa que lucha contra la censura en Internet, alrededor de 7000 páginas web han sido bloqueadas desde el comienzo de la guerra. Entre ellas se incluye la página de noticias web más popular de Rusia, Meduza, que RSF desbloqueó creando un sitio espejo, y docenas de otros medios, incluyendo Deutsche Welle, The New Times y Novaya Gazeta Europe. Mientras tanto, Yandex, el principal motor de búsqueda para los rusoparlantes, ha reforzado su censura, eliminando los medios de comunicación independientes de sus resultados de búsqueda.

Junto con esta censura bélica, los principales medios de comunicación rusos dominados por el Gobierno siguen estrictamente la línea editorial impuesta por el Kremlin, y la propaganda es omnipresente en los canales de televisión estatales más vistos, como Rossiya 1 y Perviy Kanal, que han aumentado el tiempo de emisión dedicado a los programas informativos. «Nosotros no somos el agresor», afirmó el 21 de junio el presentador estrella de Rossiya 1, Vladimir Soloviev (objeto de sanciones occidentales), en un discurso en el que fustigó a los «nazis ucranianos» y amenazó a los «traidores» de los países occidentales. «Zelenski es el último presidente de Ucrania porque no habrá más Ucrania después de él», sentenció en un discurso belicista el 8 de abril.

Para romper la burbuja propagandística, los periodistas independientes intentan seguir informando de las noticias reales, ya sea desde el extranjero o desde el interior de Rusia, a menudo de forma encubierta. Para que puedan reanudar su trabajo lo antes posible, RSF y sus socios lanzaron el pasado mes de abril un fondo europeo, el JX Fund, que apoya proyectos de medios de comunicación rusos en el exilio. El 1 de septiembre, este fondo lanzó una plataforma de información junto al MMDC para ayudar a los periodistas a trasladarse fuera de Rusia.

Rusia y Ucrania ocupan los puestos 155 y 106, respectivamente, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.