GUATEMALA | RSF y organizaciones aliadas piden el debido proceso y la libertad de Jose Rubén Zamora en próxima audiencia
El 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Guatemala revisará el caso del editor de elPeriódico Jose Rubén Zamora, detenido arbitrariamente desde hace más de 800 días. Junto con 18 organizaciones aliadas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) está profundamente preocupada por las continuas violaciones de los derechos de Zamora y la continua erosión de la independencia judicial en Guatemala. RSF y sus aliados exigen que se respeten todas las garantías procesales durante esta audiencia crítica.
Esta audiencia, relativa a dos acusaciones secundarias contra Zamora, podría conducir al sobreseimiento de estos casos o a su puesta en libertad provisional con arresto domiciliario. En agosto, durante una vista separada por cargos de blanqueo de dinero, un tribunal ya había dictaminado en dos ocasiones que la detención preventiva no estaba justificada. Se espera el mismo resultado en este caso.
«Este es un momento crucial en el proceso judicial contra Jose Rubén Zamora, un caso que se ha prolongado durante más de dos años, en los cuales no debería haber pasado ni un solo día en la cárcel. Es crucial que el tribunal respete las normas internacionales sobre garantías procesales, salvaguardando el derecho de Zamora a un juicio justo. La detención preventiva no debe utilizarse como forma de castigo por un delito que no cometió. Esperamos que se desestimen estos cargos inventados o, como mínimo, que se le conceda el arresto domiciliario mientras sigue luchando contra las causas en su contra».
Lea el comunicado completo publicado por RSF y sus aliados:
Guatemala: Organizaciones internacionales exigen garantías del debido proceso para audiencia que podría permitir a Jose Rubén Zamora recobrar su libertad
19 organizaciones internacionales exigimos que se respeten todas las garantías del debido proceso durante la audiencia del viernes 18 de octubre, en la que se revisará la medida de prisión preventiva impuesta al periodista Jose Rubén Zamora, encarcelado injustamente desde el 29 de julio de 2022. Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las violaciones a sus derechos humanos y los nuevos atentados a la independencia judicial.
Desde su reciente designación para llevar a cabo la audiencia del viernes 18 de octubre, el juez suplente ha enfrentado estigmatización en las redes sociales y una denuncia penal que podrían resultar en presiones indebidas. Lamentablemente, este tipo de intimidaciones son parte del patrón de criminalización que caracterizan los casos de persecución penal por motivos políticos que hoy enfrentan decenas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y quienes en general han participado de la lucha contra la impunidad y la corrupción, como lo hizo Jose Rubén.
Al menos 10 abogados y abogadas que han asumido su defensa han sido obligados a dejarla debido a presiones externas e incluso procesos penales improcedentes que los llevaron a la cárcel como forma de represalia por su trabajo a favor del periodista. Estos hechos se suman a múltiples irregularidades, demoras injustificadas, falta de pruebas que han caracterizado los procesos penales abiertos en contra del periodista, y han violado sus derechos de defensa, a la presunción de inocencia y a un juicio justo e imparcial.
Jose Rubén Zamora lleva más de 800 días privado injustamente de la libertad en la cárcel de Mariscal Zavala en la Ciudad de Guatemala. Expertos internacionales han denunciado las condiciones de detención del periodista e incluso hechos que podrían constituir actos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Estas condiciones representan una grave violación de la dignidad humana y de acceso a la justicia. Su detención prolongada ha sido calificada de arbitraria por el grupo de trabajo de la ONU para la detención arbitraria, que exigió su liberación inmediata.
La persecución penal en contra de Jose Rubén también atenta contra la libertad de expresión y busca acallar las voces críticas en el país. Él enfrenta dos procesos penales distintos en los que se dictaron medidas de prisión preventiva. Solamente podrá recobrar su libertad si los juzgados a cargo ordenan el arresto domiciliario en ambos casos de forma concurrente.
En agosto de 2024, el juzgado a cargo del expediente abierto por el supuesto delito de lavado de dinero determinó cambiar la prisión preventiva impuesta. Este 18 de octubre, un juzgado examinará la segunda medida de prisión preventiva, aún vigente, dictada en otro expediente penal. Esta medida es la única que mantiene al periodista detrás de las rejas a la fecha.
Las organizaciones firmantes exigimos que esta audiencia, clave para el periodista, pueda celebrarse con todas las garantías de independencia, imparcialidad y otros requisitos fundamentales para el debido proceso.
Organizaciones firmantes
Amnistía Internacional
Abogados Sin Fronteras Canadá
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Be Just
CIVICUS
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Committee to Protect Journalists (CPJ)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Freedom House
Free Press Unlimited
Fundamedios
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Impunity Watch
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International Mesoamérica
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)
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