ARGENTINA | Primer año de mandato de Javier Milei marcado por un fuerte retroceso de la libertad de prensa

El primer año de mandato del presidente Javier Milei ha estado marcado por innumerables insultos y ataques cotidianos a periodistas y medios de comunicación. Acusaciones directas e infundadas, así como hechos y datos tergiversados, han sido proferidos por el propio jefe del Estado. Javier Milei encabeza esta ofensiva en las redes sociales, discursos o en entrevistas, y en la misma línea se comportan miembros del Poder Ejecutivo.

Según información recabada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en 2024 se registraron al menos 52 casos de discursos estigmatizantes, que van desde agresiones verbales e intimidaciones hasta hostigamiento en espacios públicos y ciberacoso. A lo largo del año, RSF registró al menos 12 agresiones físicas a periodistas, algunas de ellas perpetradas por las fuerzas de seguridad, tras la implementación por parte de la ministra Patricia Bullrich de un protocolo de seguridad para controlar y limitar manifestaciones públicas.

Un año sombrío para la prensa argentina

Aunque el país está lejos de ser uno de los más violentos del mundo para los periodistas, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF (se encuentra en la posición 66ª de 180), las condiciones para el ejercicio del periodismo se han deteriorado de forma alarmante en el último año. Los ataques verbales diarios de Javier Milei son el aspecto más visible de esta violencia, pero son sólo una arista de lo que está ocurriendo en el país.

Ya en diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei puso en la agenda la revisión de la ley de 2009 sobre medios audiovisuales, adoptada para acabar con los monopolios en este sector, que ya había sido parcialmente desnaturalizada en 2016. Su Gobierno ha eliminado el límite del número de licencias que puede tener un mismo titular en radio, televisión terrestre y redes de cable en el nivel federal. Este paso atrás deja vía libre a la concentración de medios de comunicación en beneficio de grandes grupos, a menudo conglomerados que combinan actividades de telecomunicaciones e internet.

A lo largo del año, el Gobierno también trabajó para desmantelar los medios de comunicación públicos e intervino directamente en su gestión. El cierre, el 4 de marzo, de la agencia pública de noticias Télam, una de las más antiguas de América Latina, fue uno de los golpes más duros asestados al periodismo en Argentina en los últimos años. Los estatales Radio Nacional y Canal 7 también han sufrido despidos y sus presupuestos y programación han sido diezmados, mientras que los canales Encuentro y Paka-Paka han sufrido recortes todavía más severos.

El pluralismo del panorama mediático también se ha visto gravemente erosionado, ya que se ha privado a los medios pequeños e independientes de cualquier subvención.

Opacidad de la información pública

Por si fuera poco, el decreto 780/2024, publicado el 3 de septiembre, restringió considerablemente el acceso a la información pública, ampliando las excepciones que permiten al Gobierno ocultar información y obligando a los solicitantes a registrarse e identificarse para pedir información oficial, lo que puede tener un efecto intimidatorio.

A lo largo del año, también se adoptaron decisiones judiciales que amenazan la libertad de prensa, criminalizando el periodismo. El 25 de abril, la Corte Suprema ordenó al diario Página 12 que modificase el titular de un artículo sobre los supuestos vínculos de un consejero parlamentario con torturadores de la dictadura militar, pese a ser de evidente interés público.

El 17 de junio, varias organizaciones de medios de comunicación denunciaron una serie de medidas, entre ellas el acoso a los medios públicos de radiodifusión y la suspensión de los concursos de licencias.

Argentina ocupa el puesto 66 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF.