RSF y 110 organizaciones piden al gobierno francés garantizar la protección de las fuentes periodísticas

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Hoy, 17 de enero, la periodista Ariane Lavrilleux comparecerá ante la justicia francesa por un controvertido caso relacionado con el secreto de las fuentes. En este contexto, Reporteros Sin Fronteras (RSF), junto con el medio de investigación Disclose, la asociación sin ánimo de lucro Fonds pour une presse libre (FPL), Sherpa y el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ), han enviado una carta conjunta a diversas autoridades francesas, entre ellas el primer ministro François Bayrou, la ministra de Cultura, Rachida Dati, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu. La carta, firmada por 106 organizaciones adicionales, presenta cinco recomendaciones clave para asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

“La citación de Ariane Lavrilleux resalta la necesidad de revisar la ley Dati sobre el secreto de las fuentes, con el fin de clarificar y precisar la definición de “interés público superior” y su aplicación. El caso Lavrilleux no es un caso aislado: en los últimos 15 años, la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) ha citado o detenido a 27 periodistas. La presión para introducir excepciones de seguridad nacional en la legislación europea sobre la libertad de los medios pone de manifiesto la necesidad de frenar estas prácticas y limitar su alcance. El consenso entre las organizaciones y las recomendaciones de la Asamblea General de la Información francesa deberían llevar al gobierno a adoptar medidas decisivas”.

Thibaut Bruttin | Director General de RSF

Lea la carta (en francés)

Hoy Ariane Lavrilleux, periodista del medio de investigación Disclose, comparecerá ante un tribunal de París. Podría ser acusada por su trabajo de investigación sobre una operación militar secreta francesa en Egipto, que supuestamente fue mal utilizada por Egipto para atacar y matar a civiles. La citación llega tras el acoso de la DGSI a Lavrilleux, que incluyó el control de su geolocalización, la vigilancia de sus actividades privadas y profesionales, el registro de su domicilio y 39 horas de custodia policial.

En vísperas de esta fecha límite, RSF, Disclose, FPL, Sherpa y SNJ han presentado cinco propuestas destinadas a fortalecer el marco jurídico que protege la confidencialidad de las fuentes en Francia, esencial para la libertad de prensa y el derecho a la información:

1. Restringir las condiciones para levantar el secreto de las fuentes: es necesario limitar las condiciones bajo las cuales se puede levantar el secreto de las fuentes, definiendo claramente las situaciones excepcionales que justifiquen estas medidas, como la prevención y represión de crímenes y delitos de especial gravedad. Esta aclaración limitará el uso abusivo de la noción de «imperativo imperioso de interés público».

2. Mantener el control judicial sobre los actos de investigación: con el fin de proteger la confidencialidad de las fuentes, cualquier medida de investigación adoptada por la policía o el poder judicial que pueda afectar potencialmente a la confidencialidad de las fuentes, como los registros o la geolocalización, debería requerir la autorización previa de un juez independiente.

3. Ampliar el alcance de la protección del secreto de las fuentes: el secreto de las fuentes no debe limitarse a los periodistas, sino ampliarse a otros actores como los profesionales de los medios, los autores de trabajos de investigación y los documentalistas. Esta ampliación es esencial para garantizar una protección efectiva contra los ataques de las autoridades judiciales y administrativas.

4. Crear un recurso en caso de violación del secreto de las fuentes: es fundamental permitir que los periodistas que no estén directamente implicados en investigaciones en las que se revelen sus fuentes puedan solicitar la anulación de las medidas de investigación adoptadas por la policía o el poder judicial que hayan infringido el secreto de las fuentes. Esta medida garantizaría una protección jurídica adecuada frente a posibles violaciones.

5. Introducir el delito de violación de la confidencialidad de las fuentes: dada la debilidad de las sanciones actuales, es necesario crear un delito específico que castigue las violaciones del secreto de las fuentes, siguiendo el modelo de protección del secreto profesional de abogados y médicos. Esta medida disuadiría de manera efectiva las violaciones y subsanaría las deficiencias jurídicas actuales.