POLONIA | Unión Europea: el gobierno polaco debilita el Estado de derecho

La Comisión Europea debe emprender acciones contra el gobierno polaco al amparo del artículo 7 del Tratado de la Unión. Así lo han pedido, en una carta dirigida a la Comisión este 16 de febrero, Amnistía Internacional, la FIDH, Human Rights Watch, the Open Society European Policy Institute y Reporteros Sin Fronteras. La Unión Europea y sus Estados Miembros tienen que mostrar determinación para detener el retroceso de Polonia en los valores comunes de la UE, señalaron las las organizaciones.

Hace un año, en virtud de su mecanismo ‘Marco del Estado de Derecho’, la Comisión Europea inició un diálogo con el gobierno polaco destinado a determinar si existía una amenaza sistémica para el Estado de derecho en Polonia y prevenir su escalada. En el curso del proceso, se emitieron dos series de recomendaciones al gobierno, en julio y diciembre de 2016. El gobierno polaco ha ignorado en gran medida dichas recomendaciones, y lo que es inquietante, siguió tratando de limitar el Estado de derecho y los derechos humanos, entre ellos la libertad de prensa, la libertad de reunión, y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

«Al tratar de silenciar a las voces críticas y de desmantelar las protecciones vitales, Polonia está creando un clima cada vez más asfixiante para el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil. La Comisión tiene la obligación de actuar con firmeza y rapidez para detener esta preocupante marea regresiva», dijo Iverna McGowan, directora de la oficina institucional europea de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2015, el Presidente de Polonia se ha negado a tomar juramento a los jueces del Tribunal Constitucional legalmente designados. El Parlamento polaco aprobó sucesivas reformas que afectan al funcionamiento del Tribunal Constitucional, lo que socava su legitimidad y reduce  seriamente su capacidad para realizar su trabajo. El gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar y a aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional.

«En una sociedad basada en el Estado de derecho, el jefe de Estado no puede escoger y decidir si respeta la ley», señaló Philippe Dam, director de promoción para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. «La Comisión tiene el deber de seguir respondiendo a los intentos deliberados de interferir en los tribunales, de debilitar los controles y contrapesos básicos, y de diluir el funcionamiento de las instituciones democráticas en Polonia.»

«El gobierno polaco atacó en repetidas ocasiones la libertad de prensa durante el año pasado», expresó Julie Majerczak, responsable de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en Bruselas. «La Unión Europea no debe permitir que uno de sus miembros pisotee los valores fundamentales de la UE».

La Comisión Europea activó su Marco del Estado de Derecho (Rule of Law Framework) en enero de 2016, cuando el gobierno polaco intentó poner freno a la independencia del Tribunal Constitucional. El mecanismo Marco del Estado de Derecho lo estableció la Comisión en 2014 y fue diseñado para hacer frente a las amenazas para el Estado de derecho en un Estado Miembro de la UE antes de alcanzar un nivel que justifique recurrir al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 7 dispone actuaciones preventivas y posibles sanciones, entre ellas la suspensión del derecho al voto de un Estado miembro en el Consejo de la UE, si dicho Estado infringe los valores fundamentales de la UE, tales como el Estado de derecho.

En julio, la Comisión Europea dio a Polonia tres meses para poner en práctica una serie de recomendaciones encaminadas a corregir lo que consideraba una «amenaza sistémica para el Estado de derecho» en el país. El gobierno polaco se negó a aplicar las recomendaciones de la Comisión. En su evaluación de diciembre, la Comisión hizo hincapié en que sigue existiendo una amenaza sistémica al Estado de derecho en Polonia, pero se abstuvo de seguir adelante con el artículo 7 del Tratado de la Unión. En lugar de hacerlo, se decidió por emitir una serie de recomendaciones adicionales y por establecer un nuevo plazo para que Polonia las pusiera en práctica. Por lo que parece, el gobierno polaco ha sido incapaz, hasta la fecha, de tomar las medidas pertinentes para hacer frente a esos problemas, a pesar de que se acerca la fecha límite, el 21 de febrero.

«Un año después de sus primeras medidas para frenar el deterioro del Estado de derecho en Polonia, ha llegado la hora de que la Comisión Europea reconozca que el diálogo con Polonia bajo el Marco del Estado de Derecho ha fallado», apuntó Elena Crespi, directora para Europa de la FIDH. «La Comisión debe ahora pasar a la siguiente fase y recomendar el recurso al artículo 7 del TUE. Esto marcaría el inicio de una nueva etapa, donde todos los actores de la UE, y en particular los Estados miembros, tendrán que ponerse en pie para defender los valores de la UE».

Contactos:

• Bruselas – Human Rights Watch – Philippe Dam, (inglés y francés): + 32-495-45-22-71 (móvil); o [email protected] . Twitter: @Philippe_Dam
• Londres – Human Rights Watch – Benjamin Ward (inglés): + 44-0-20-7618-4744; o + 44-0-7968-837-172 (móvil); o [email protected] . Twitter: @Benjamin_P_Ward
• Varsovia – Amnistía Internacional – Natalia Wȩgrzyn (polaco, Inglés): +48 691 357 935; o [email protected]
• Londres – Amnistía Internacional – Stefan Simanowitz (inglés): +44 2030365599 (oficina) +44 7904398127 (móvil); [email protected]
• Bruselas – Amnistía Internacional – Alison Abrahams (inglés y francés): +32 2 548 27 73; +32 483 680 812; o [email protected]
• Bruselas – FIDH – Elena Crespi (inglés, francés e italiano): + 32-484-87-59-64 (móvil); [email protected] . Twitter: @ecrespi_fidh
• París – FIDH – Audrey Couprie (inglés, francés y español): + 33-6-48-05-91-57 – [email protected]
• Bruselas – Reporteros sin Fronteras – Julie Majerczak (inglés, francés): + 32-495-11 24 37 (móvil), [email protected]