BAHRÉIN | ‘Pedimos que se respete el derecho a informar de Nazeeha Saeed y de todos los periodistas’

Un total de 43 organizaciones no gubernamentales firman un escrito en apoyo de la periodista bahreiní  

Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Ministerio Público de Bahréin de acusar a Nazeeha Saeed, corresponsal de Radio Monte Carlo Doualiya y France24, de trabajar ilegalmente para medios de comunicación internacionales. Consideramos que esto es una represalia indebida contra ella como periodista y llamamos a las autoridades de Bahréin a respetar plenamente el derecho de los periodistas a ejercer libremente su profesión.

Nazeeha Saeedes es una periodista premiada y corresponsal de Radio Monte Carlo Doualiya y France24. Informó en el pasado sobre el movimiento de protesta de 2011 y ha informado sobre la creciente disidencia contra el gobierno de Bahréin desde hace varios años.

El domingo 17 de julio de 2016, el Ministerio Público convocó a Nazeeha Saeed para ser interrogada sobre la base de una demanda legal de la Autoridad de Asuntos de Información (IAA). Se la procesa por el Artículo 88 de la Ley 47/2002, que regula la prensa, impresión y publicación. El Artículo 88 establece que ningún bahreiní puede trabajar para medios de comunicación extranjeros sin antes obtener una licencia de la Autoridad de Asuntos de Información (IAA), que debe ser renovada anualmente.

Antes de que expirara su licencia, Nazeeha Saeed solicitó una nueva a finales de marzo de 2016, momento en el cual, el IAA le denegó la renovación. Es la primera vez que recibe un rechazo semejante. Después de esto, Saeed continuó trabajando como corresponsal de France24 y Radio Monte Carlo Doualiya. Ahora se enfrenta a un juicio en los tribunales civiles y a una multa de hasta 1.000 dinares de Bahréin (unos 2.650 dólares estadounidenses), si la declaran culpable.

No es la primera vez Nazeeha Saeed ha sido objeto de acoso por parte de las autoridades de Bahréin. En mayo de 2011, durante un estado de emergencia impuesto como respuesta a las protestas de la Primavera Árabe, la policía convocó a Saeed a comisaría y la detuvieron. Por su cobertura de los acontecimientos en Bahréin – Nazeeha Saeed fue testigo de cómo la policía mataba a un hombre en una protesta y rechazó la versión gubernamental de los hechos – la policía supuestamente la sometió a horas de tortura, malos tratos y humillaciones, que sólo terminaron cuando ella firmó un documento que le pusieron delante. No se le permitió leerlo. A pesar de las protestas al Ministerio del Interior y a la nueva Unidad de Investigaciones Especiales, el cuerpo dependiente del Ministerio Público encargado de investigar las denuncias de tortura y malos tratos, en noviembre de 2015 las autoridades decidieron dejar de perseguir a los oficiales responsables sobre la base de que no había pruebas suficientes.

En junio de 2016, las autoridades de Bahréin impusieron a Nazeeha Saeed una prohibición de viajar que le impide salir del país. La prohibición se aplicó sin informar a Saeed, que sólo lo descubrió después de que se le denegase el embarque en un vuelo. El oficial de policía en el aeropuerto fue incapaz de explicar la razón de esta prohibición de viajar, y los funcionarios del Departamento de Inmigración, el Ministerio Público y el Departamento de Investigación Criminal (CID), le dijeron a la periodista que ni siquiera eran conscientes de su existencia. Saeed es una de las aproximadamente veinte personas de las que se sabe que les han prohibido viajar en Bahréin desde principios de junio de 2016. Otros periodistas que trabajan para medios internacionales se enfrentan a amenazas similares y también han informado de una presión creciente por parte del gobierno en el último año, lo que dificulta su trabajo. Tanto RSF como el CPJ señalan a Bahréin como uno de los principales carceleros de periodistas en el mundo. Un periodista, Sayed Ahmed Al-Musawi, fue despojado de su ciudadanía por un tribunal en noviembre de 2015.

Como organizaciones preocupadas por el derecho a la libertad de expresión, llamamos al gobierno de Bahréin a poner fin a las represalias contra Nazeeha Saeed, levantarle la prohibición de viajar y retirar los cargos contra ella. También hacemos un llamamiento a las autoridades para que dejen la arbitraria retención en la renovación de licencias y para que permitan que los periodistas informen con plena libertad de expresión, protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Signatarios:

• Adil Soz, Fundación Internacional para la Protección de la Libertad de expresión
• Albanian Media Institute
• Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain
• ARTICLE 19
• Centro de Bahréin para los Derechos Humanos
• Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia
• Asociación de la Prensa de Bahréin
•  Bytes for All
• Canadian Journalists for Free Expression
• Cartoonists Rights Network International
• Center for Media Freedom and Responsibility
• Comité para la protección de los periodistas
• Organización Egipcia de Derechos Humanos
• English PEN
• Centro Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
• Foro de Periodismo Argentino
• Freedom Forum
• Freedom House
• Free Media Movement
• Front Line Defenders
• Centro del Golfo para los Derechos Humanos
• Hisham Al Miraat, Fundador, Asociación Marroquí de Derechos Digitales
•  Human Rights Network for Journalists – Uganda
• Independent Journalism Center – Moldavia
• Index on Censorship
• Institute for the Studies on Free Flow of Information
• Instituto de Prensa y Libertad de Expresión – IPLEX
• International Press Institute
• Justice Human Rights Organization
• Maharat Foundation
• Media, Entertainment and Arts Alliance
• Media Watch
• Norwegian PEN
• Pacific Islands News Association
• Pakistan Press Foundation
• Palestinian Center for Development and Media Freedoms – MADA
• PEN American Center
• PEN Canada
• PEN International
• Reporteros Sin Fronteras
• Social Media Exchange – SMEX
• Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique