ESTADOS UNIDOS / WIKILEAKS | El gobierno la toma ahora con Twitter

• El gobierno requiere de Twitter información personal de usuarios relacionados con Wikileaks
• Reporteros sin Fronteras denuncia el recrudecimiento del acoso contra la web de filtraciones y reitera su petición de que se cierre la investigación

Reporteros sin Fronteras denuncia el acoso del gobierno estadounidense en contra de WikiLeaks y de sus colaboradores. En efecto, un tribunal del distrito de Alexandria (Virginia), dirigió el 14 de diciembre de 2010, una conminación a Twitter, firmada por la jueza Theresa Buchanan, en la que pide información ‘pertinente’ sobre los usuarios que podrían estar relacionados con el sitio web Wikileaks, en el marco de una ‘investigación criminal en curso’.

La información solicitada, que atañe del 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la orden, conciernen a Julian Assange, fundador de Wikileaks; Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos al sitio Web; Rop Gonggrijp, excolaborador de Wikileaks; Jacob Appelbaum, programador estadounidense, y Brigitta Jonsdottir (@birgittaj), diputada islandesa y exvoluntaria de Wikileaks.

«Tras las presiones ejercidas sobre Paypal, Visa, MasterCard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra Wikileaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal», lamenta Reporteros sin Fronteras. «Tal forma de proceder representa ‘un grave perjuicio’ a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión online».

En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, Reporteros sin Fronteras ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a Wikileaks y a sus colaboradores, argumentando que la «publicación de información –aunque fuera clasificada– por parte de Wikileaks y de los cinco medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la Primera Enmienda». Así pues, Reporteros sin Fronteras pide al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación.

Mark Stephens, uno de los abogados de Julian Assange, afirma que esta nueva acción traduce «la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa» a su cliente por «crimen».

La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante. Incluye: las grabaciones de tweets o conversaciones entre usuarios, direcciones IP, email y postal de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de gestión conjunta de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de ‘sospechosos’ en el caso Wikileaks.

Reporteros sin Fronteras saluda la inicitaiva de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso. En un primer momento, las autoridades le ordenaron a Twitter que mantuviese la información en secreto y que no avisasen a los usuarios afectados. Después de lo que parece ser una ‘batalla jurídica’, Twitter consiguió el permiso, el 5 de enero de 2011, para avisar a los internautas incriminados. El Sitio Web afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de diez días, estará obligado a entregar los datos.

La diputada islandesa Brigitta Jonsdottir afirmó que nunca entregaría tal información de forma ‘voluntaria’ a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, declara : «Espero que no se piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar». Ya afirmó haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, y haber solicitado una cita con el embajador de Estado Unidos en Reykjavik. El ministro de Interior islandés declaró que la forma de proceder de los estadounidneses llegaba a ser «grave e inquietante».

Wikileaks considera que se podrán haber dirigido conminaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. La página en Facebook del sitio Web cuenta ya con más de 1,5 millones de ‘fans’ y su cuenta en Twitter es seguida por más de 600.000 internautas.