ESPAÑA | RSF expresa su preocupación por la acumulación de sentencias contrarias a las libertades de expresión e información
Legislaciones restrictivas favorecen condenas desproporcionadas y un clima propicio para la censura y la autocensura
Reporteros Sin Fronteras manifiesta su preocupación por la acumulación de sentencias judiciales que están propiciando un entorno hostil a las libertades de expresión e información en España y amenazan con crear un clima de censura y autocensura entre los ciudadanos de a pie y los profesionales de los medios de comunicación. La aprobación de legislaciones restrictivas durante los años de mayoría absoluta del Partido Popular -con artículos demasiado inconcretos en su aplicación- así como la tipificación de delitos potencialmente obsoletos o la persecución a las filtraciones están en el origen de una cascada de condenas desproporcionadas y poco acordes con el respeto de las libertades y derechos fundamentales.
Pese a que la sección española de RSF lleva años advirtiendo contra el impacto negativo de normas como la “Ley Mordaza” o las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este clima de endurecimiento no es exclusivo de España. Ya con ocasión de la publicación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017, Reporteros Sin Fronteras se hizo eco, a nivel internacional, del deterioro que la libertad de información está sufriendo en las democracias occidentales, al calor de legislaciones antiterroristas o destinadas a aumentar la seguridad dentro y fuera de internet, así como al auge de Gobiernos de dudoso apego a las libertades fundamentales. “Las democracias, que han hecho de la libertad de prensa uno de sus fundamentos tienen que seguir siendo un modelo para el resto del mundo y no lo contrario”, manifestaba entonces el secretario general de RSF, Christophe Deloire. Nada hace presagiar que en la Clasificación 2018, que la organización publicará en breve, el panorama en Europa y Norteamérica se haya despejado.
El aumento de las condenas por enaltecimiento del terrorismo en España ha superado, durante los últimos tres años, al registrado cuando la banda terrorista ETA estaba activa, lo cual es llamativo. La Audiencia Nacional ha impuesto cerca de una treintena de estas condenas desde 2016, entre las que figuran las de los raperos Valtonyc (también condenado por injurias a la Corona) y Pablo Hasel, la del cantante de Def Con Dos César Strawberry, o la del colectivo “La Insurgencia”, entre otros. Tuiteros como Cassandra Vera o Arkaitz Terrón, también condenados por este delito, han sido finalmente absueltos por el Tribunal Supremo. Como ya hiciera el Constitucional, el Supremo parece haber adoptado con antelación la directriz de la Unión Europea sobre delitos de terrorismo, que prevé condenas por enaltecimiento cuando hay un riesgo de provocar o incitar la comisión de delitos terroristas y que debe trasponerse en España antes del mes de septiembre.
A imagen del Tribunal Supremo, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de trasladar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la necesidad de frenar el ritmo de acusaciones por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, lo que ya ha sido interpretado entre juristas como un primer paso para moderar la cascada de condenas de los últimos años.
Las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acompañaron, durante el año 2015, a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, contra las que RSF España se ha manifestado repetidamente, explican en gran medida el clima hostil a la libertad de expresión e información por el que atraviesa España. Los artículos 559 (difusión de mensajes que puedan “perturbar la paz social”) 578 (enaltecimiento y justificación pública del terrorismo o humillación a las víctimas) y 510 (delitos de odio) abren las puertas a interpretaciones judiciales que acaban más por penalizar la opinión que por prevenir el propio delito.
Por otra parte, los apartados más polémicos de la “Ley Mordaza” (insultos a la autoridad, y desobediencia), que dejan en manos de las fuerzas de seguridad la determinación de la sanción, sin la necesidad de la intervención de un juez, se han saldado, en los seis meses de su entrada en vigor en 2015 y en todo 2016, con cerca de 286.000 multas, por un importe de más de 130 millones de euros, según los datos más recientes del Ministerio del Interior.
“Reporteros Sin Fronteras condenó, desde su misma aprobación, hace ahora tres años, la ‘Ley Mordaza’ y el resto de normas de corte restrictivo aprobadas por el PP, merced a su mayoría absoluta. Hace ya un año celebramos las iniciativas de PSOE y PNV para su derogación y reforma, respectivamente, pero hoy constatamos con frustración que ésta sigue encallada en el Congreso. Hacemos, de nuevo, un llamamiento a los grupos políticos para que acaben con una norma que empobrece la democracia española”, afirma Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España.
Injurias a la Corona: apoyo a la revista Mongolia
La Sección Española de RSF también observa con preocupación algunas sentencias dictadas contra publicaciones satíricas, como la impuesta a la revista Mongolia por una jueza de Madrid, que le obliga a resarcir al torero José Ortega Cano con 40.000 euros por un delito de injurias. Lo llamativo de la sentencia es que la magistrada reprocha a la revista “hacer burla y no crítica”, cuando no es otro el objetivo de cualquier publicación de humor. También la revista El Jueves está sometida a investigación por bromear con la actuación policial el pasado 1 de octubre en Cataluña.
Más allá de las “injurias comunes”, las injurias a la Corona se revelan como otro punto de fricción para las libertades de información y de expresión, como ha confirmado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con una sentencia que obliga al Estado a devolver la multa impuesta a dos jóvenes por quemar fotos de los Reyes de España. Como en el caso de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos -que llevaran al actor Willy Toledo a juicio por blasfemia y que multaron a un joven de Jaén por poner su cara en un Cristo y difundirla por Instagram-, los delitos de injurias a la Corona se antojan obsoletos y contribuyen a la autocensura en internet.
Filtraciones y secretos de sumario
Por último, Reporteros Sin Fronteras insiste, una vez más, en que no se puede imputar a periodistas y mucho menos condenarlos por revelación de secretos de un sumario judicial objeto de filtraciones. Ninguno de los tres casos recientes de periodistas confrontados a condenas por revelación de secretos ha prosperado. La demanda contra Pedro García Cuartango, ex director de El Mundo y otros cuatro periodistas del medio por el caso “Football Leaks” fue sobreseída; la Fiscalía de Madrid retiró los cargos contra los periodistas de ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz por presunta revelación de secretos en una información sobre Luis Bárcenas, y el diputado del PP en Asturias que denunció a Íñigo Noriega y Marcos Moro, periodistas del diario El Comercio también desistió.
“Siempre hemos sostenido, tal y como preconiza la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que el derecho a la información prevalece sobre el secreto sumarial, cuando ésta es de interés público y siempre insistimos en que la responsabilidad de custodia del sumario está en manos judiciales, no periodísticas, por tanto de las filtraciones no son responsables los medios”, recuerda Alfonso Armada.
Reporteros Sin Fronteras se suma a las advertencias lanzadas recientemente por Amnistía Internacional en su informe anual, en el que señala que la libertad de expresión en España “se ha restringido de forma desproporcionada” y alerta del impacto que puede tener en términos de censura y autocensura, tanto en medios, como en redes sociales.
“Ni la lucha antiterrorista, ni la ciberseguridad, ni las noticias falsas pueden servir de pretexto para que en España se instale un clima hostil para dos libertades tan fundamentales como estrechamente unidas: la de expresión y la de información, inherentes a una democracia que se precie de tal. Los delitos de opinión no son compatibles con estándares democráticos elevados”, concluye el presidente de RSF.
