ESPAÑA | Reporteros Sin Fronteras pide al Gobierno español que evite a toda costa la extradición de periodistas a Turquía
- La organización insta a la UE a no colaborar con el acoso de Erdogan a los medios
- El periodista turcosueco Hamza Yalçin cumple su cuarta semana de prisión en Barcelona y el escritor turcoalemán Dogan Akhanli permanece en libertad provisional, en Madrid
Reporteros Sin Fronteras pide al Gobierno español que evite a toda costa la extradición del periodista sueco Hamza Yalçin y del escritor alemán Dogan Akhanli, ambos de origen turco, si el régimen de Recep Tayyip Erdogan solicita formalmente su extradición a España, para lo cual dispone de un plazo de 40 días, a contar desde la detención de cada uno.
Yalçin fue detenido por la Policía española el pasado 3 de agosto, en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en cumplimiento de una orden de Interpol cursada por la Justicia turca en 2016, y posteriormente fue encarcelado en la prisión de Can Brians 1 por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado sustentó su decisión en la falta de arraigo del periodista en España y desestimó el recurso de los abogados de Yalçin, atendiendo al “riesgo de fuga” esgrimido por el fiscal.
Las acusaciones que el Tribunal Correccional de Ankara lanzó a Interpol en contra de Yalçin fueron las siguientes: haber formado parte de la organización terrorista THKP-C y ser crítico con el régimen de Erdogan en la revista Odak, con la que colabora. La Justicia turca condena estos presuntos delitos con 22 años y seis meses de prisión.
Es sabido que Hamza Yalçin formó parte de los movimientos revolucionarios gestados en la Turquía de los años 70, por lo que cumplió seis meses de prisión hace más de 30 años, en 1979. Después, su actividad ha sido periodística e intelectual. Debido a que seguía teniendo acusaciones políticas pendientes en Turquía, Yalçin solicitó asilo político en Suecia, país en el que ha residido como refugiado durante 30 años y que le concedió, hace doce, la nacionalidad.
Desde el mismo momento de su detención, RSF España solicitó la puesta en libertad de Hamza Yalçin y su repatriación a Suecia, por considerarle ciudadano europeo, y porque los delitos de opinión que le imputa la Justicia turca no existen en España. Pero, sobre todo, porque entregarle al régimen de Erdogan sería poner en peligro su integridad. “En todos los convenios internacionales sobre extradición, la posibilidad de que el detenido pueda sufrir torturas, pena de muerte o un juicio injusto en su país, descartan su aplicación”, explica Macu de la Cruz, presidenta en funciones de RSF España.
Las falsas acusaciones de terrorismo son –junto a los insultos al presidente y los delitos de opinión- la principal arma que utiliza el régimen de Erdogan para encarcelar a profesionales de los medios de comunicación, porque suponen condenas de muy larga duración y porque le permiten argumentar, con evidente cinismo, que no hay periodistas en las prisiones de Turquía, “tan solo terroristas”.
En su recurso al auto de encarcelamiento del juez Moreno, los abogados de Yalçin adujeron que el periodista no puede ser extraditado a Turquía, porque los delitos que se le imputan se condenaban con sentencias de muerte hasta que ésta fue abolida, en 2004, y temen que Erdogan acabe por restaurar la pena capital, tal y como ha manifestado en varias ocasiones.
Mismos casos, distintas interpretaciones jurídicas
Acusaciones de terrorismo son también las que llevaron al escritor turcoalemán Dogan Akhanli a ser detenido por la policía española en Granada, el pasado 19 de agosto, cuando se encontraba en su hotel. Sobre el escritor pesaba, al igual que sobre Yalçin, una orden de Interpol por presunta pertenencia a la organización terrorista THKP. Además, Akhanli está en el punto de mira del régimen de Erdogan por ser un firme defensor de la memoria y los derechos de los armenios en Turquía.
El escritor alemán ha tenido mejor suerte en la Audiencia Nacional que su compatriota Yalçin: el juez Fernando Andreu decretó libertad provisional para Akhanli, con retirada de pasaporte y obligación de fijar temporalmente su residencia en Madrid y de presentarse a firmar semanalmente en el juzgado.
El criterio del juez Andreu equipara el arraigo personal, social y económico de un ciudadano en Alemania al que puede tener en España, como miembros de un mismo espacio comunitario, mientras que el juez Moreno cree que Yalçin carece de vínculos en España y ve en su caso riesgo de fuga, por lo que le mantiene en prisión. Tanto Yalçin como Akhanli deben esperar a que transcurra el plazo de 40 días desde su arresto, que tiene Turquía para presentar (o no) formalmente demanda de extradición.
RSF España cree poco probable que una eventual demanda de la Justicia turca pueda prosperar ante la Audiencia Nacional, porque varios de los delitos imputados por Ankara son incompatibles con las legislaciones española, sueca y alemana, y porque sostener con rigor los crímenes que se adjudican a ambos requeriría pruebas, no meras acusaciones. Además, los convenios de extradición europeos prohíben la entrega a manos del país demandante, en caso de que peligre la integridad del detenido y/o no le aguarde un juicio justo.
Sin embargo, si finalmente la demanda de extradición fuera cursada, RSF considera que el Gobierno, que tiene la última palabra, debería evitarla a toda costa. “Ni España, ni ningún país miembro de la Unión Europea debe colaborar, siquiera involuntariamente, con el régimen de Erdogan. Está claro que el presidente turco ha dado un paso más en su guerra sin tregua contra los medios de comunicación: perseguir a los periodistas refugiados en Europa, sirviéndose de Interpol y de los convenios de extradición”, afirma Macu de la Cruz, presidenta en funciones de la organización.
Críticas de Yalçin y Akhanli al Gobierno español
En una carta escrita desde prisión, Hamza Yalçin asegura haber sufrido tratos vejatorios por parte de la policía a lo largo de su proceso de detención y encarcelamiento, y critica la actitud del Gobierno español: “Me resulta difícil comprender a las autoridades españolas. España sabía que tenía la nacionalidad sueca. No era difícil imaginar que hacía muchos años que vivía en Suecia y que me señalaron porque estaba en contra de Erdogan, con palabras y artículos. Aun así, me arrestaron y detuvieron. Si España realmente tuviera dudas de que hubiera llevado a cabo actividades consideradas terroristas según la ley, me habrían investigado en Suecia y me enviarían allí. Erdogan no es el rey de todos los países, de la Interpol tampoco. Erdogan es conocido mundialmente por su intolerancia extrema contra la prensa independiente y crítica con él. Me sorprendió que España ayudara a Turquía en este asunto”, afirma el periodista.
Igual de crítico con el Gobierno español que Yalçin se muestra Dogan Akhanli, quien acusa a España de “actuar como si Turquía fuese una democracia y recuerda al Gobierno que el régimen de Erdogan usa los acuerdos internacionales sobre extradición para perseguir a los disidentes del régimen. Akhanli, que compareció hace dos días en el Congreso ante los medios, califica de “penosa” la actuación del Ejecutivo español.
“Compartimos el disgusto de Yalçin y Akhanli con las autoridades españolas. Ha pasado casi un mes desde su detención y no hay razón para que continúe encarcelado. Podría esperar el plazo que tiene Turquía para presentar su demanda en libertad, en Barcelona, en Madrid o en su casa en Suecia», señala Macu de la Cruz.
La sección española de Reporteros Sin Fronteras sigue de cerca desde el primer momento tanto el caso de Hamza Yalçin como el de Dogan Akhanli, en estrecha colaboración con las secciones de RSF en Suecia y Alemania, y con el delegado de RSF en Turquía. “Cuentan con todo nuestro apoyo. Reporteros Sin Fronteras lleva años alzando la voz contra el acoso de Erdogan a la prensa y asistiendo a profesionales de los medios en sus calvarios legales y penales en Turquía, un país que se ha transformado en la mayor cárcel de periodistas del mundo”, subraya la presidenta en funciones de RSF España. “En este sentido, lo último que quisiéramos es ver a España ejerciendo, directa o indirectamente, de carcelero de Erdogan”, añade.
Con más de un centenar de periodistas en prisión y decenas de grupos mediáticos, canales de televisión, emisoras de radio y revistas cerradas por el régimen de Erdogan, Turquía se sitúa en el puesto 155 de los 180 países analizados por RSF, en su última Clasificación Mundial de la libertad de prensa. Más información, en el Informe Anual de la organización.
