Vergüenza y bochorno
La condenable actuación de Marruecos sobre el campamento saharaui de El Aaiún, es una prueba fehaciente de la necesidad que hay de acometer las reformas políticas necesarias en los países del sur del Mediterráneo en lo que al respeto a los derechos humanos y libertades se refiere.
Siempre hemos mantenido que la libertad de prensa es el pilar fundamental de toda sociedad democrática. Es un derecho, reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el de los ciudadanos a recabar, recibir e impartir información e ideas en cualquier medio de comunicación y sin reparar en las fronteras, para poder ejercer la vigilancia estricta de la actuación de los poderes públicos que tantas veces tratan de silenciar actuaciones reprobables.
En este contexto, acabamos de asistir al bochornoso espectáculo del bloqueo informativo impuesto por las autoridades marroquíes a la prensa en El Aaiún, tras las agresiones y expulsiones de periodistas españoles sin que de nuestro gobierno haya salido una sola palabra de protesta. El 8 de noviembre fueron nueve los periodistas españoles agredidos y posteriormente expulsados del territorio del Sahara occidental, antes de iniciar el desalojo por la fuerza bruta del campamento por las fuerzas militares marroquíes. Posteriormente, se retiró la acreditación y se expulsó al veterano corresponsal, desde hace 8 años en Marruecos, del diario ABC, Luis de Vega. Y se negó la entrada a dos equipos españoles de
Televisión.
Posteriormente quedamos estupefactos al enterarnos, tras la reunión en Madrid del ministro español Rubalcaba con su homólogo marroquí, Cherkaui, de que la Moncloa aceptaba que fueran las autoridades marroquíes las que decidieran qué periodistas y qué medios podían entrar en El Aaiún. Y también de que los editores de los medios “elegidos” se plegaran a la propuesta de actuar al “dictat” del vecino marroquí sin sonrojarse. Un duro golpe para una profesión ya muy desprestigiada por causas exógenas y también endógenas que muchas veces hemos denunciado desde RsF.
Sin embargo, nuestra capacidad de asombro quedó superada posteriormente al ver que ni tan siquiera a los dos “elegidos” les fue permitido entrar, en el Reino alaui con sus respectivos fotógrafos. Los periodistas de “El País” y “El Mundo” tuvieron que ver como los cámaras que les acompañaban con sus objetivos eran devueltos a España. Por el momento, se les dijo. Es decir, fuera testimonios gráficos difíciles de manipular. Las palabras siempre son interpretables.
Estas actuaciones de las autoridades marroquíes, además de una injuria hacia la prensa y los periodistas, es una burla para nuestro gobierno que bastante papelón está haciendo echando capotes a Rabat para no condenar las agresiones a los periodistas y el apagón informativo del territorio saharaui.
Sin entrar en intrincadas disquisiciones de nuestra actual política exterior, sí diré que nunca la “realpolitick” puede anteponerse a la defensa de un derecho tan básico como es la libertad de prensa y el derecho de las sociedades a recibir una información veraz. Y cuando esto ocurre, como en el caso de los sucesos del Sahara occidental, es que los gobernantes al cargo de la nave del Estado se han contagiado de una enfermedad cada día más universal: la de no dejar que la prensa cuente lo que ha pasado. Porque sin conocimiento de la verdad no caben responsabilidades y la impunidad más flagrante cae sobre las agresiones contra los derechos humanos, en este caso, los del pueblo saharaui.
Reporteros sin Fronteras condena firmemente el bloqueo al acceso a la información que padecen los periodistas extranjeros, en general y el encarnizamiento del que son víctimas los corresponsales españoles. La organización llama a las autoridades de Rabat a poner fin a la censura sobre los acontecimientos en el campamento de El Aaiún. En un contexto regional tenso, el Reino debe enfrentar sus responsabilidades y dejar que los periodistas realicen su trabajo.
María Dolores Masana
Presidenta de Reporteros sin Fronteras
