ECUADOR | El volcán mediático y su delicada regulación

NUEVO INFORME / Comunicado de prensa y documento completo /

La Ley de Comunicación a la que aspira el presidente Rafael Correa debe entrar en un proceso de adopción definitiva el 18 de junio de 2010, tras siete meses de controversia en la Asamblea Nacional y dentro de la profesión. En esta perspectiva, Reporteros sin Fronteras participó en el foro “Periodismo en debate”, los pasados 7 y 8 de mayo en la Universidad San Francisco de Quito, por iniciativa del periodista y docente Éric Samson, también corresponsal de nuestra organización en Ecuador. Las entrevistas hechas en el marco – pero también al margen – de esos dos días de diálogo dieron lugar al informe que Reporteros Sin Fronteras publica hoy.

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 El panorama de la libertad de prensa en Ecuador, desde la óptica de la nueva ley, es representativo en muchos aspectos del contexto regional latinoamericano: alto nivel de polarización entre una prensa pública reciente considerada cercana al gobierno y unos medios de comunicación privados opositores por no decir de oposición; relación eléctrica entre estos, tradicionalmente dominantes, y un nuevo gobierno progresista; ambiente de “guerra climática” sin voluntad aparente de tregua ni por una parte ni por otra. Si a priori tal contexto no favorece el consenso sobre la futura ley, cierto es que ésta podría ofrecer la posibilidad de superarlo.

Reconocemos en su principio mismo que la futura ley ecuatoriana tenga una intención real de democratizar el espacio mediático. La mayoría de los participantes, sea cual sea su tendencia política, admite la necesidad de una nueva regulación adaptada. Ahora bien, este informe también da a conocer ciertas críticas por parte y otra – y a veces por las mismas razones –, relativas a las modalidades y las condiciones de aplicación de la futura ley (tipo de sanciones, composición del futuro Consejo de Comunicación e Información, diploma exigido para ejercer la profesión).

Estas críticas convergen a veces con las nuestras. Por ejemplo y entre los escasos contenidos que se pretende proscribir, se mejoraría la ley si se retirase su referencia a “noticias basadas en supuestos que puedan producir conmociones sociales o públicas”. Estas nociones son imprecisas y favorecen la autocensura. Pero en conjunto, nuestros temores no están tan relacionados con el contenido de la ley sino con importantes contrapartidas sin las que su aplicación puede verse comprometida. Tres de ellas nos parecen imperativas.

• La despenalización de los delitos de “difamación” y de “injuria”
• La justa repartición del pauta publicitaria oficial en concomitancia con la de las frecuencias
• Una reglamentación de los anuncios o mensajes con carácter oficial también llamados “cadenas”, limitando su número e imponiendo estrictas condiciones a su difusión obligatoria en todos los canales tal como se está haciendo actualmente entre semana. En vez de explicar una política, estas “cadenas” se han convertido, por su forma y frecuencia, en las herramientas de una propaganda agresiva – que a veces apuntan a medios de comunicación o periodistas –, que intensifican la polarización.

Ésta es una de ellas, emitida el 7 de mayo de 2010, durante nuestra visita y cuyo contexto se explica en el informe: