La sentencia de tres años de prisión “por injurias” a Emilio Palacio se produce en contexto de tensión entre el gobierno y los periodistas ecuatorianos.
La condena por “injurias calumniosas” contra Emilio Palacio, periodista del diario El Universo, dictada el 26 de marzo de 2010, que contempla tres años de prisión y 10,000 dólares por costos legales, va en contra de la tendencia general a la despenalización de los delitos de prensa en el continente. Asimismo, parece tan desproporcionada como inoportuna, ya que tiene lugar precisamente cuando se debate la futura Ley de Comunicación.
Editorialista vehemente y opuesto al presidente Rafael Correa, Emilio Palacio publicó en agosto de 2009 en el sitio web de El Universo un artículo de opinión que vituperaba al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán. Al sentirse ofendido e insultado, éste consiguió que un tribunal de Guayaquil condenase al periodista a una pena de cárcel.
La reacción de Camilo Samán puede comprenderse dada la violencia del artículo que le criticaba. Además, se trata de una decisión de primera instancia, es decir, la aplicación de la condena no se hará efectiva hasta que el tribunal de apelación emita su dictamen. No obstante, esta sentencia ratifica el principio de una sanción penal efectiva para los delitos de prensa, cuando una condena financiera ajustada al perjuicio moral bastaría. El encarcelamiento como castigo por este tipo de delito contraviene la jurisprudencia interamericana que Ecuador debe respetar como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Finalmente, la encarcelación constituye una forma de presión e intimidación contra una profesión, y no tiene razón de ser en un Estado de derecho.
Por ello, esperamos que la despenalización de los delitos de prensa figure en el proyecto de la Ley de Comunicación, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional. Este texto representa importantes progresos en materia de pluralismo. La instauración de un verdadero marco legal para los medios de comunicación educativos y comunitarios es una prueba de ello. La consolidación del estatus de periodista responde también a algunas peticiones de quienes ejercen la profesión. En diciembre pasado los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional llegaron a un acuerdo que excluía que el futuro Consejo de Comunicación pudiese suspender a un medio de comunicación.
En nuestra opinión, los puntos más problemáticos conciernen a las sanciones previstas en caso de que se cometa un delito de prensa, así como a la censura preventiva ejercida por el Estado sobre algunos contenidos. Esta última disposición implica la contrapartida de una verdadera regulación de los mensajes oficiales o de los anuncios gubernamentales (“cadenas”). César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, denunció en una entrevista reciente, el uso abusivo y a veces discriminatorio de este tipo de mensajes.
