El cuerpo del cámara Manuel Murillo Varela, fue hallado ayer, 24 de octubre, en Tegucigalpa, con impactos de bala en el rostro. El asesinato se produce a sólo un mes de las elecciones generales del 24 de noviembre y exactamente cuatro meses después del secuestro y asesinato del periodista Aníbal Barrow, el 24 de junio pasado.
Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades que emprendan una investigación independiente y en profundidad para que se aclare este homicidio. RSF también hace un llamamiento para que se ponga fin a la impunidad de los crímenes perpetrados contra periodistas, ante la falta de resultados de las investigaciones realizadas hasta la fecha.
La organización pide a los candidatos de las próximas elecciones que se comprometan para que se respete la libertad de información en su país ante el clima de violencia constante contra los informadores en Honduras y la impunidad que rodea la mayoría de las agresiones. RSF pide igualmente a las autoridades que creen un Comité Especial de Protección de Periodistas durante el periodo electoral».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a Manuel Murillo Varela después de que él y uno de sus colegas fueran secuestrados durante 24 horas y torturados por una veintena de policías vestidos de civil, el 2 de febrero de 2010. Según las denuncias del joven periodista ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), los policías le exigieron que les entregara los videos que había grabado de las protestas del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado y lo amenazaron con asesinar a su familia. Manuel Murillo Varela continuó ejerciendo su oficio en medio de un infierno de amenazas e intimidaciones, hasta su asesinato. Su caso encarna perfectamente el inconmensurable grado de violencia que padecen los periodistas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Reporteros Sin Fronteras ha registrado 9 asesinatos de informadores relacionados directamente con la profesión periodística en los últimos cuatro años. No obstante, al menos otros 18 informadores han sido asesinados sin que se pueda probar hasta la fecha su relación con su actividad profesional. La cobertura de temas como la extracción minera, la “depuración” de la policía, o la situación general de los derechos humanos, parece haberse convertido en una fuente de represalias automática. La lentitud de los procesos y la falta de voluntad política garantizan, de forma creciente, la impunidad. Algunos periodistas como Dina Meza o Fidelina Sandoval han optado por el exilio, ante el clima de violencia, los actos de censura y la persecución a los medios de comunicación comunitarios.
Honduras ocupa en el lugar 127 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. La inseguridad, ya de por sí presente antes del golpe, ha aumentado desde entonces y el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
