Desde principios de año, en Honduras no pasa un día sin que un periodista, un empresario de los medios o un líder de opinión reciba una llamada telefónica en la que le informan de que su vida está en peligro. El cúmulo de amenazas e intimidaciones seda tanto en la región militarizada del Aguán –escenario de un violento conflicto agrario–; como en el departamento de Copán -fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico- e incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 17 al 29 de febrero.
Alimentado por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento, en noviembre de 2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la policía y el ejército. La situación se ha prolongado con la tragedia nacional vivida por el incendio del centro penitenciario de Comayagua, en el que 361 presos perdieron la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta este momento, siguen impunes los 24 casos de asesinato de periodistas registrados desde hace una década; 17 de ellos fueron cometidos en el periodo que siguió al golpe de Estado. También siguen impunes los casos de asesinato de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y abogados registrados estos últimos años.
Aguán: silencio, reprimimos
Después de que campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por terratenientes, el envío del ejército convirtió a la región del Aguán en un verdadero enclave separado del territorio hondureño. Las pequeñas radios comunitarias, portavoces de los movimientos locales, sufren todo tipo de maniobras de censura. El 20 de enero pasado el MUCA perdió a uno de sus miembros, el dirigente y representante comunitario Matías Valle.
El reciente Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Tocoa, realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en lo más mínimo el ardor represivo del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el 19 de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar; cuando intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes de uno de los autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados no dudaron en esgrimir sus armas apuntando a los periodistas, según el testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.
Según nuestra representante, en menos de una semana el coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz, recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas ocasiones, los mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA. El segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio Lobo, acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región para ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de campesinos del MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de las tierras ocupadas.
Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de este pequeño canal local David Corea, nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán ejercer su oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de recibir dinero sucio del narcotráfico, los pequeños medios de comunicación privados locales, conducidos por periodistas precarios y sin títulos, prefieren autocensurarse en lo que respecta a temas delicados.
Comayagua, las verdades incómodas
¿Permanecieron las puertas cerradas por temor de una fuga, dejando a los presos a merced de las llamas durante el incendio del penal de Comayagua? ¿De dónde proceden los impactos de bala descubiertos durante la autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Se acordó la salida de presos a cambio de dinero y al final se traicionó tal promesa? La tragedia de Comayagua puso de manifiesto numerosos elementos añadidos al escándalo de la superpoblación y de la inseguridad carcelaria.
Por abordar estas cuestiones e investigar, el periodista Luis Rodríguez y su camarógrafo Javier Villalobos, del canal local por cable Catedral TV, recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego”. Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal, Juan Ramón Flores, así como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable, proveedor del servicio de cable a Catedral TV, recibieron amenazas similares.
Protección arriesgada
Continúan los ataques contra los medios de comunicación nacionales conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus representantes. El 23 de febrero, Ivis Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias suspensiones y requisas en la época del golpe–, denunció en antena el robo de dos ordenadores de su casa y el posterior registro de su vehículo. Debido a que ha sido amenazado varias veces, el periodista tiene protección.
Quienes aún no han recibido protección son Gilda Silvestrucci e Itsmania Pineda Platero, ambas miembros del colectivo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, que se manifestó contra la impunidad que fue reprimida violentamente por militares y miembros de la Guardia de Honor Presidencial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno el 13 de diciembre pasado, en Tegucigalpa. Reporteros sin Fronteras exige de nuevo una respuesta a su petición de que se brinde protección a las dos mujeres, así como en lo concerniente al seguimiento judicial de la denuncia presentada por el colectivo tras la agresión sufrida durante la manifestación del 13 diciembre.
De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a Todo Noticias transmitido por el Canal 32, quien el 22 de febrero amenazado de muerte, amenazas que también afectan a su familia. El periodista, que vive en Santa Rosa de Copán, se había pronunciado recientemente sobre la cortedad de miras de la gestión en la administración local y sobre el intento de acallar su voz mediante intentos de soborno a su equipo de prensa.
