La Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América latina y el Caribe (AMARC-ALC) y Reporteros sin Fronteras unen de nuevo sus voces para pedir que cesen las hostilidades contra los medios de comunicación comunitarios y de oposición, o conocidos como tales, en el contexto de los problemas sociales que agitan actualmente el país.
Una enviada especial de Reporteros sin Fronteras está presente, desde el 31 de marzo de 2011, en la localidad de Zacate Grande, donde la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande sufre una represión permanente desde su aparición, el 14 de abril de 2010, y que ha llegado a atentar incluso contra la vida de uno de sus integrantes. La radio defiende la causa de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Los representantes de esta organización fueron acusados por el magnate de la industria agríacola Miguel Facussé Barjum de “usurpación de tierra”.
La brutalidad policíl y militar ha proliferado durante las manifestaciones pacíficas, especialmente las del magisterio, durante la segunda quincena del mes de marzo. Estos actos represivos son aún más escandalosos puesto que existe la clara intención de impedir toda cobertura de los acontecimientos por parte de los medios de comunicación conocidos por su resistencia al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“El trauma provocado por el golpe de Estado no deja de pesar en la sociedad hondureña y las manifestaciones actuales son una expresión de ello. La represión se incrementa de nuevo, por lo que representantes de movimientos sociales, de la sociedad civil y de ONG del país acaban de denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su actual periodo de sesiones. Las promesas que las autoridades hicieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU son desmentidas claramente por la realidad. En lo que concierne a nuestra misión, consideramos que Honduras no reencontrará la paz mientras:
permanezca la impunidad, no sólo por los crímenes cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, sino también por las agresiones, los atentados y el sabotaje de los medios de comunicación, de los que se conoce a los autores, no obstante.
se aplique una legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que se ha vuelto obsoleta y que no concede ningún lugar a los medios de comunicación comunitarios y sociales, como lo exigen los estándares jurídicos interamericanos.
continúe bloqueándose el acceso a la información pública en lo relativo a las responsabilidades por las exacciones más graves registradas desde el golpe de Estado.
Si no existe un cambio en ese sentido, perdurara, como hasta hoy, la lógica del golpe”, declararon AMARC-ALC y Reporteros sin Fronteras.
Durante las manifestaciones de estos últimos días, dos hechos graves llamaron nuestra atención, además de los que ya hemos denunciado. El primero data del 28 de marzo. Se trata de la paliza propinada por efectivos de la policía y del ejército, seguida de la detención y el arresto durante doce horas, de Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), estructura de la que depende la estación Radio Faluma Bimetu (Coco Dulce), también atacada y censurada. Aunque fue liberada, Miriam Miranda aún enfrenta una absurda acusación por “sedición”.
El otro episodio, con fecha del 30 de marzo, es la detención durante cuatro horas de Pedro López, de Radio Progreso. El periodista fue arrestado junto con otras dos personas cuando cubría una protesta contra la privatización del sector educativo, el alza de los precios de los carburantes y las condiciones de trabajo en las maquilas. Estación sexagenaria fundada por los jesuitas, Radio Progreso sufrió una ocupación militar tan sólo unas horas después del golpe del Estado.
Por la grave situación en la que se encuentran los medios comunitarios, las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas han emitido su preocupación por la escalada de violencia en su contra y han exigido al Estado hondureño el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión, para la debida protección del ejercicio periodístico por parte de los medios comunitarios, que en este momento cumplen un papel clave en el debate social y en la difusión de información que otros medios omiten deliberadamente.
