El lunes 24 de marzo de 2014 el Ejecutivo mexicano envió al Senado su propuesta de leyes secundarias a la reforma de las telecomunicaciones. Este texto, que debe complementar la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde 1995, tiene el objetivo oficial de reequilibrar la relación de fuerzas –fomentar la competencia y acabar con las prácticas de monopolio- entre los gigantes del mercado y las pequeñas empresas. El texto ha despertado fuertes críticas debido a ciertos artículos que darían al poder ejecutivo el derecho de controlar los contenidos mediáticos. Los senadores deben dictaminar la iniciativa a partir del viernes 25 de abril de 2014.
Algunos aspectos del proyecto de ley podrían contribuir al pluralismo, mientras que otros amenazan con implantar un sistema a través del cual el Estado podría vigilar los contenidos mediáticos. El presidente Enrique Peña Nieto afirma querer ampliar el pluralismo luchando contra el monopolio económico que representan los dos gigantes de las telecomunicaciones: América Móvil, del multimillonario Carlos Slim, y Televisa, líder del sector televisivo.
Uno de los puntos más espinosos del texto es que se vería amenazada la independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta ahora autónomo. Las leyes secundarias de telecomunicaciones prevén que esta instancia sea más cercana al poder Ejecutivo. Así, el gobierno tendría derecho a intervenir en el contenido mediático “de manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público” (artículo 44 de la propuesta del gobierno). Asimismo, algunos artículos darían al Ejecutivo un derecho de acción sin precedentes en las comunicaciones; por ejemplo, podría bloquear temporalmente señales de telecomunicaciones en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”.
“El artículo 7 de la Constitución Mexicana prohíbe la censura. Reporteros Sin Fronteras expresa su preocupación porque esta prohibición estaría en riesgo. En esta nueva legislación no debe olvidarse tampoco el principio de neutralidad editorial garantizado por la Constitución. En particular, nuestra organización se inquieta por el derecho que adquiriría el poder Ejecutivo de bloquear el acceso a ciertos contenidos, aplicaciones o servicios que se considere atenten contra la seguridad nacional (art. 197). Las imprecisiones de este artículo abrirían la puerta a la censura a priori. ¿Cuál es el límite entre un ataque a la seguridad nacional y una información de interés general?”, cuestiona Lucie Morillon, directora de Investigación de Reporteros Sin Fronteras.
En el texto también habría medidas discriminatorias. El nuevo sistema de concesiones prevé otorgar licencias de una duración de entre 20 y 30 años para los concesionarios privados y de entre 10 y 20 años para los concesionarios públicos y sociales. Las radios comunitarias, que forman parte de esta segunda categoría, se verían discriminadas al obtener concesiones por un tiempo más corto y verse obligadas a renovar su licencia de difusión más a menudo.
