Durante las presidencias de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), México se ha colocado entre los diez países más peligrosos del mundo para los periodistas y no sólo para ellos, sino también para todos aquellos que intervienen en las noticias y la información.
Un total de 88 periodistas han muerto y otros 17 han desparecido en una década de quiebra del Estado de Derecho y de impunidad casi absoluta. Este siniestro balance incluye a las seis víctimas – cuatro asesinadas y dos desaparecidas– registradas desde el inicio de este año, tras el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La ofensiva federal contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón, que causó más de 60.000 muertos, concluyó oficialmente hace cerca de un año. Decimos “oficialmente” porque el terror y la impunidad continúan, mientras que la autocensura –por no decir la censura–, ha ganado terreno. Para protegerse o hacer frente a las presiones, los periodistas y los medios de comunicación tienden a minimizar la violencia de la que también ellos son víctimas.
Reporteros sin Fronteras ha detectado este nuevo problema recientemente, tras recabar testimonios de periodistas y de sus familiares, procedentes de cuatro estados de la República.
VERACRUZ
En las elecciones locales del 7 de julio de 2013 en el estado de Veracruz, al menos cuatro periodistas dejaron sus medios para presentarse como candidatos. Ninguno de ellos mencionó en su campaña propuesta alguna para proteger a los periodistas en Veracruz, estado en el que desde el año 2010 han sido asesinados nueve periodistas y otros tres han desaparecido.
Javier Duarte, elegido entonces como gobernador de Veracruz, recibió en abril pasado un curioso premio con el que se reconocía sus “esfuerzos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
El silencio generalizado en torno a estos casos se explica en parte por el control que ejerce el gobierno sobre los medios de comunicación. Son raros los que se atreven a salirse de él: los portales de Internet y las redes sociales. Luz María Rivera, directora del diario digital El Mercurio, se lamenta de que “existe censura y autocensura por miedo”. Ella fue víctima de una agresión el 18 de mayo de 2013, lo que la ha obligado a cambiar varias ocasiones de domicilio para no poner en peligro a su familia.
Respecto al secuestro del periodista Sergio Landa, del Diario Cardel, uno de sus compañeros, Jesús Olivares, afirma que “para los medios veracruzanos la desaparición de Sergio Landa no existió”. Todavía se desconoce su paradero.
La censura, las lagunas en las investigaciones policiales y la lentitud del sistema judicial favorecen la impunidad. Tras dos años de investigación aún no se ha encontrado a los autores del asesinato del periodista Miguel Ángel López Solana, subdirector en Notiver, de su esposa, y de uno de sus hijos. Faltan pruebas, dicen las autoridades, mientras que el informe de la policía carece de información crucial: en ninguna parte consta que el periodista sufrió amenazas desde 2007 y hasta algunas semanas antes de su asesinato; tampoco se encuentran en el expediente notas publicadas por la víctima que podrían apoyar que el crimen estuvo relacionado con su profesión periodística. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, los presuntos autores materiales, pertenecientes al grupo paramilitar Los Zetas, estarían muertos. La investigación está por archivarse “hasta que se aporten nuevos datos”.
OAXACA
Desde que Gabino Cué Monteagudo asumió sus funciones como gobernador de Oaxaca, en 2010, se han iniciado en el estado más de cincuenta investigaciones previas en la Procuraduría de Justicia del Estado por agresiones a periodistas y medios de comunicación. Muchas de estas agresiones se atribuyen a las autoridades (locales, municipales, a policías, políticos) y a empresarios locales que ven amenazados sus intereses económicos por ciertas informaciones publicadas.
Oaxaca, que hasta ahora era una de las zonas menos afectadas por los devastadores efectos de la ofensiva federal, ve en la actualidad cómo se agrava la inseguridad por el aumento de crímenes relacionados con la venta de droga. Esta realidad expone a los periodistas a mayores peligros y no favorece la solidaridad entre ellos, ya frágil de por sí.
Para Ismael San Martín, director del diario Noticias, el asesinato en julio pasado de Alberto López Bello, de El Imparcial, “no tuvo que ver con su trabajo y eso lo sabe el mismo periódico donde trabajaba; parece que estaba involucradísimo”. La palabra “involucrado” sugiere que la víctima pudo haber tenido alguna relación con el narcotráfico, pero el director del diario no precisa ninguna.
Por el contrario, un excompañero de Alberto López Bello que prefiere permanecer en el anonimato, considera que “su muerte sí podría tener algo que ver con su trabajo, él sabía demasiado”, en particular, sobre los nexos de la policía con los cárteles. Alberto López Bello publicó información sobre la posible implicación de comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en actos de corrupción, secuestros y ejecuciones, entre ellos el Comandante de Sector de La Villa de Etla, Lorenzo Eduardo López García. Además, en un volante publicado el 27 de julio se pide explícitamente investigar a dos comandantes de la (AEI), Jacobo Israel Guzmán Hernández y Fernando García, con relación a la muerte del periodista.
Pese a la repercusión del asesinato del periodista, la investigación no ha dado aún resultados y no se ha otorgado ninguna ayuda a sus familiares, que decidieron dejar Oaxaca temporalmente. “Nadie nos ha buscado después del asesinato de Alberto, ni el gobierno del Estado ni los directivos del periódico El Imparcial, que prometieron dar ayuda a la familia”, confió a RSF uno de sus familiares.
El estado de Oaxaca, donde se concentra gran parte de la población indígena del país, también es escenario de frecuentes conflictos sociales entre las comunidades y las autoridades locales. En este contexto, a menudo la represión se concentra en los defensores de los derechos humanos y en quienes trabajan en las radios comunitarias. Las amenazas y la confiscación de equipo que sufrió Radio Totopo en marzo pasado en la región de Juchitán ilustran las persecuciones padecidas por medios de comunicación asociativos y sin fines de lucro, que con frecuencia deben esperar años para obtener una licencia de difusión.
Criminalizadas en Oaxaca, así como en numerosos estados de la República, las radios comunitarias siguen siendo excluidas del debate sobre su regulación. “En Oaxaca hay una iniciativa de Ley Reglamentaria para los medios indígenas y comunitarios […] Las radios deberán participar para dar su postura […] creemos que éste es el principal reto, que se reconozcan estos medios comunitarios”, su participación en el proyecto de ley será un paso en este sentido, subraya Sócrates Vázquez García, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México.
El 27 de octubre de 2006, Brad Will, periodista independiente y cámara de Indymedia, fue mortalmente herido por disparos de la guardia del entonces gobernador de Oaxaca. Era el peor momento de los enfrentamientos entre movimientos sociales y el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Siete años más tarde, la investigación sigue sin avances significativos.
MICHOACÁN
Al amanecer del 14 de agosto de 2013, en el poblado de Aquila -situado en la costa de Michoacán-, el ejército y las fuerzas de seguridad detuvieron a 45 presuntos integrantes de un grupo de civiles armados. Este tipo de grupos, llamados “de autodefensa”, surgieron en marzo de 2013 supuestamente con el objetivo de luchar contra el crimen organizado. Ángel Elías Méndez Morales, director del diario local Entérese y colaborador de varios medios de comunicación regionales, estuvo presente en este operativo.
Aunque se identificaron desde el principio ante los militares y los habitantes del poblado, el periodista y uno de sus colegas fueron atacados por un grupo de autodefensa. Ambos lograron esquivar las piedras, pero los agresores apedrearon después su vehículo, que acabaron por abandonar, y perdiendo su equipo. Como no les permitían salir de la ciudad, se vieron obligados a esconderse; permanecieron sin agua ni comida durante gran parte del día. Alertadas por Reporteros sin Fronteras, las autoridades acudieron tardíamente a rescatarlos. “Después de lo que pasó, me he puesto a reflexionar y pienso que debo cuidar de mí y de mi familia”, nos explicó resignado Ángel Elías Méndez Morales.
Fue en el estado de Michoacán donde, en 2006, se inició la ofensiva federal contra el narcotráfico a iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón, originario de ese lugar. Entre 2006 y 2010 desaparecieron cuatro periodistas en esta región. En todos los casos, las pistas señalaban a las fuerzas del orden, pero las investigaciones se toparon con un muro.
ZACATECAS
Reunidos frente al edificio de la Secretaría de Gobernación, en México, ocho periodistas de Zacatecas denunciaron recientemente la violencia que reina en esta zona y las maniobras de censura del Gobierno del Estado. Uno de ellos, Horacio Zaldívar Espino, director de la Agencia ABZ Noticias, recordó que desde el inicio del año 2013 han sido asesinadas más de mil personas, además de las que han sido secuestradas, pero las autoridades se niegan a que se publique ese tipo de información.
Horacio Zaldívar Espino mencionó las amenazas que ha sufrido en su persona y el hostigamiento al que han sido sometidos reporteros de aquella entidad. Entre ellos refiere el caso del periodista Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal de La Jornada, tras haber denunciado en el diario nacional los enfrentamientos entre grupos delictivos, que dejaron como saldo decenas de muertos. Las autoridades desmintieron esta información e iniciaron una campaña de hostigamiento al periodista, mientras que Horacio Zaldívar Espino recibió amenazas por teléfono y aseguró que esas llamadas venían del área de comunicación social de Gobierno del Estado.
Otros periodistas, que pidieron permanecer en el anonimato, confirmaron a Reporteros sin Fronteras que les ofrecieron publicidad oficial a cambio de que su medio de comunicación no publicara información que pudiera dañar la imagen del estado de Zacatecas. El 13 de marzo de 2013 el gobierno de ese estado y algunos diarios locales firmaron un acuerdo que lleva por nombre “Por nuestra imagen”, en el que “se prohibió a toda la prensa dar a conocer y publicar hechos violentos”. El grupo de periodistas de Zacatecas interpeló en ese sentido al gobierno federal, al que algunos también acusan de minimizar el estado real de la violencia en el país.
