Reporteros sin Fronteras comparte las preocupaciones expresadas por organismos y sindicatos de la profesión periodística venezolanos tras la publicación, el 7 de octubre de 2013, del decreto por el que se crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa. (Cesppa – ver documento completo en formato PDF).
El Cesppa fue creado para sustituir al Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), instituido en 2010 y que generó polémica por sus prerrogativas. Según el artículo 3 del decreto, el nuevo organismo de inteligencia “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”. Mientras que el artículo 9 establece que el Cesppa podrá declarar de carácter “clasificada” o “reservada” cualquier información.
“Mientras que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec) pone importantes trabas a la libertad de informar, el presente decreto actúa directamente contra el derecho de ser informado, que, sin embargo está contemplado por la Constitución Bolivariana”, considera Reporteros Sin Fronteras.
“Las críticas a los organismos públicos por su falta de transparencia son numerosas. Por ejemplo, sigue siendo imposible tener acceso a datos estadísticos sobre la inseguridad. Este decreto constituye un verdadero apoyo al disimulo del gobierno en un momento en que éste se enfrenta a importantes dificultades económicas que, para ser resueltas, requerirían evaluación de cifras y un debate público. Una vez más, el gobierno prefiere zafarse señalando una presunta ‘actividad enemiga’, que este decreto menciona sin precisar más. Hoy en día, en Venezuela, ¿de qué se puede hablar públicamente sin correr el riesgo de padecer la eterna acusación de ‘desestabilizar el país’ o de ‘atentar contra la seguridad nacional’? ¿Puede el gobierno responder a esta pregunta?”, cuestiona la organización.
El Colegio Nacional de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) impugnaron el decreto de creación del Cesppa. Dicho decreto sólo puede ser anulado si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la jurisdicción nacional más alta, admite su ilegalidad o inconstitucionalidad. El TSJ –que en el año 2010 recibió un recurso similar contra el decreto que creaba el Cesna– podría rechazar el actual recurso, a favor del cambio de institución (la sustitución del Cesna por el Cesppa). Es muy raro que, en procesos emprendidos contra el gobierno, el TSJ tome decisiones desfavorables para éste.
