FRANCIA | El proyecto de ley antiterrorista francés carece de garantías para la libertad de prensa
Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta a los legisladores franceses a que no se sacrifique la libertad de prensa a las preocupaciones por la seguridad en el proyecto de ley para «reforzar la lucha contra el terrorismo y la seguridad interna» que el Comité Jurídico de la Asamblea Nacional revisa desde este 12 de septiembre.
Según la propuesta de ley, las medidas apropiadas para el estado de emergencia se convertirían en una característica permanente de la vida francesa. El proyecto pondría la seguridad nacional por encima de todas las demás consideraciones y haría peligrar las libertades civiles, incluida la libertad de información.
RSF pide a los miembros del Comité Jurídico que garanticen que los periodistas puedan continuar trabajando y protegiendo la confidencialidad de sus fuentes. La organización con sede en París envió sus recomendaciones sobre este proyecto de ley al Comité Jurídico a finales de la semana pasada.
Toda democracia tiene que encontrar un equilibrio entre libertad y seguridad, pero este proyecto de ley, aprobado por el Senado el 18 de julio y que comienza su etapa de comité en la Cámara de Diputados, pone claramente la seguridad por delante de la protección de los derechos y las libertades. Varias de sus disposiciones socavarían la capacidad de los periodistas para trabajar libremente y para proteger la confidencialidad de sus comunicaciones y fuentes.
Sospechas infundadas
El proyecto de ley ha recibido las críticas de muchos grupos de derechos humanos, que señalan que se institucionalizarían las sospechas, se limitaría el papel de los jueces en la protección de los derechos y que el objetivo sería el «comportamiento» –es decir, las formas de ser y de expresarse-, más que los delitos reales. También sostienen que su enfoque en las «amenazas a la seguridad y al orden público» y en la «defensa y promoción de los intereses fundamentales de la nación» va mucho más allá de lo que se necesita para combatir el terrorismo.
Como resultado de todas estas preocupaciones, muchas organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellas RSF, están presionando a los legisladores de Francia para que refuercen las salvaguardas del proyecto de ley para los derechos y las libertades.
El proyecto pone en peligro la libertad de prensa al permitir la vigilancia, las búsquedas y otros métodos de recopilación de información que, si se aplican a periodistas individuales, podrían impedirles trabajar o limitarían su capacidad de proteger sus comunicaciones o el secreto de sus fuentes, así como de investigar temas delicados.
Cualquier persona que «entrase en contacto regular» con terroristas individuales u organizaciones terroristas podría ser objeto de una orden judicial que los confinara al municipio donde viven, obligándolos a llevar un brazalete electrónico y obligándolos a poner fin a todo contacto con estas personas u organizaciones.
Pero los periodistas que se especializan, por ejemplo, en cubrir redes yihadistas, tienen todo el derecho a contactar con terroristas individuales u organizaciones terroristas con el propósito de investigar y recopilar información, así como para satisfacer la necesidad de tener puntos de vista opuestos y reflejar la posición del adversario.
La redacción del proyecto de ley carece de claridad, por lo que sería difícil garantizar que ese «contacto regular» no se utilizaría como motivo para poner a un periodista bajo vigilancia. Debido a la naturaleza vaga y subjetiva de términos tales como el «comportamiento» de una persona y los «motivos serios para sospechar» una amenaza, los periodistas podrían estar bajo vigilancia aunque participen en la actividad normal y legítima de reunir información sobre asuntos de interés público.
Por lo tanto, RSF insta a los legisladores a que garanticen que la ley haga una excepción para quienes están en contacto regular con terroristas en el curso de «la práctica de una profesión cuyo propósito es informar al público» – la misma excepción que existe en el artículo 421-2-5-2 del código penal en visitas regulares a páginas web de terroristas.
El artículo 4 del proyecto de ley sobre las búsquedas también plantea un problema. Dice que no se pueden realizar búsquedas y que el material no puede ser confiscado en «lugares designados para la práctica de actividades periodísticas profesionales». Pero esto no basta para asegurar que las casas de los periodistas no puedan ser registradas por su «comportamiento» de contacto con terroristas.
Los periodistas pueden tener documentos confidenciales en sus domicilios, incluyendo información sobre sus fuentes. Si se permite registrar sus casas y requisar sus ordenadores, los periodistas no pueden proteger la confidencialidad de ninguna de sus fuentes, independientemente de si estas fuentes son sospechosas de terrorismo. La policía podría utilizar los contactos de un periodista con un terrorista como base para buscar en su casa e incautarse de su ordenador, y podría, por lo tanto, tener acceso a toda la información que han reunido en el transcurso de su trabajo de información, así como a todas sus fuentes.
Controles más estrictos en las búsquedas
Por lo tanto, RSF insta a los legisladores a incluir salvaguardas específicas en las búsquedas en los hogares de los periodistas. Por encima de todo, un juez debe supervisar esas búsquedas y velar por que la investigación respete la libertad de los periodistas para ejercer su profesión, no viole la confidencialidad de sus fuentes y no constituya una obstrucción injustificada ni una demora en la publicación de la información.
La libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes también se ven amenazadas por la disposición del proyecto de ley para el seguimiento de redes inalámbricas que «no involucren a un operador de comunicaciones electrónicas», entre las que se incluyen intranets inalámbricas, redes privadas y redes públicas. Estos métodos de recopilación de información son permitidos de la misma manera que ya lo están en la ley de inteligencia aprobada en julio de 2015, que RSF condenó en su momento.
La larga lista de «intereses nacionales fundamentales» que pueden justificar la vigilancia y la intercepción, la falta de control previo por parte de un juez y la completa insuficiencia de las salvaguardas para los periodistas facilitaría al servicio de inteligencia descubrir con quiénes contactan los periodistas. La confidencialidad de sus fuentes no sería más que una ilusión bajo este proyecto de ley, como ya ocurre en ley de inteligencia de 2015.
Estas disposiciones podrían incluso obstaculizar el trabajo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. Por lo tanto, si RSF organiza una manifestación en París durante una visita de un presidente extranjero, como ya ha hecho en el pasado, sus comunicaciones inalámbricas podrían ser interceptadas.
Es esencial, por tanto, reforzar las garantías del procedimiento contra la vigilancia abusiva. En particular, esta propuesta de ley debe incorporar el control previo por un juez, como debería incorporarse en la ley de inteligencia de 2015.
El proyecto debe incluir también salvaguardas sólidas de procedimiento que prevengan o regulen estrictamente cualquier vigilancia de los periodistas en relación con su trabajo. Del mismo modo, nunca debería ser posible vigilar las intranets de las organizaciones de noticias o las redes inalámbricas utilizadas exclusivamente por periodistas.
