TURQUÍA | Año negro para el periodismo en Turquía bajo el estado de emergencia
Reporteros Sin Fronteras expone el elevado retroceso de la situación de la libertad de prensa en Turquía año después del intento fallido de golpe de Estado. El gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdoğan ha usado el estado de emergencia para iniciar una auténtica caza de brujas a sus críticos. El periodismo no puede estar en peores condiciones.
Ha pasado un año desde que el 15 de julio de 2016 el pueblo turco consiguiera librarse de un sangriento golpe de Estado. Pero, en lugar de personificar las aspiraciones democráticas de los turcos, el Gobierno ha iniciado su particular campaña de acoso a sus críticos en nombre del combate a los supuestos instigadores del golpe de Estado fallido.
El estado de emergencia, declarado cinco días después del intento de golpe de Estado, permitió al Gobierno cerrar decenas de medios de comunicación, y Turquía, que ocupa el puesto 155 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, es en la actualidad la mayor cárcel del mundo de periodistas profesionales, con más de 100 detenidos.
“Pedimos a las autoridades turcas que pongan en libertad inmediatamente a todos los periodistas que han sido encarcelados por causas relacionadas con su trabajo, y que restauren el pluralismo que ha sido eliminado bajo el estado de emergencia”, demanda Johann Bihr, responsable de la oficina de Europa del Este y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras.
Prolongar las detenciones arbitrarias sin ningún motivo y aislar a los detenidos deben ser consideradas formas de maltrato. Mientras en Turquía no se restaure la posibilidad real de acudir a la justicia, pedimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronuncie lo más rápido posible para evitar esta tragedia”, añade Bihr.
Cárcel primero, juicio después
El primer aniversario del intento de golpe de Estado pone de relieve que la mayoría de los periodistas detenidos suman aproximadamente un año en prisión. Pero los procesos judiciales a los que se enfrentan sólo han empezado a producirse a partir de esta primavera y las primeras audiencias están teniendo lugar ahora, un verano más tarde.
El sistema judicial turco ha ordenado sistemáticamente la prisión provisional de los detenidos rechazado las demandas de libertad previa al juicio, sin molestarse en dar ningún tipo de motivos legales.
Un total de 30 empleados del periódico Zaman -20 de ellos con casi un año cumplido de prisión- comparecerán por primera vez ante un tribunal el próximo 18 de septiembre. Estos periodistas, entre los que se incluyen Şahin Alpay, Mümtazer Türköne y Mustafa Ünal, se enfrentan a posibles cadenas perpetuas.
Su único delito ha sido el de trabajar en un periódico de oposición que fue cerrado por decreto en julio de 2016. La justicia turca le acusa de ser el portavoz del movimiento liderado por Fethullah Gülen, el clérigo con sede en Estados Unidos a quien acusa de organizar el golpe de Estado.
Están por ello acusados de “pertenecer a una organización ilegal” y de participar en el intento de golpe de Estado. El abogado y columnista Orhan Kemal Cengiz, se enfrenta también a una posible cadena perpetua simplemente por haber ejercido de abogado del periódico.
Los jueces bloquearon en el último momento la puesta en libertad de otros 21 periodistas, el 31 de marzo. La fiscalía de Estambul presentó nuevas pruebas para acusar de “complicidad” con el golpe de Estado a 13 periodistas, entre los que Murat Aksoy y Atilla Taş.
Su presencia ante un tribunal está prevista para el 16 de agosto, cuando se juzgará este último cargo y las acusaciones iniciales, de pertenencia al movimiento Gülen. Ambos se enfrentan a una posible cadena perpetua.
Los conocidos periodistas Ahmet Altan, Mehmet Altan y Nazlı Ilıcak llevarán casi un año detenidos cuando comience su juicio, el 19 de septiembre, en Estambul. Están acusados de “difundir mensajes subliminales” de apoyo al golpe de Estado. Se enfrentan también, junto a otros 14 periodistas, a posibles cadenas perpetuas.
En las provincias turcas, la justicia ha aplicado más la libertad condicional pendiente de juicio en algunos periodistas acusados de complicidad con el movimiento Gülen. En Antalya, por ejemplo, los corresponsales de Zaman Özkan Mayda y Osman Yakut fueron puestos en libertad el 24 de mayo después de pasar ocho meses en prisión provisional.
Pero en Adana, Aytekin Gezici y Abdullah Özyurt, permanecen en prisión, acusados junto a otras 13 personas, de pertenencia al movimiento Gülen.
Nuevas detenciones
El juicio a 19 periodistas y otros trabajadores del diario Cumhuriyet comenzará el 24 de julio en Estambul. 12 de ellos, incluido el editor Murat Sabuncu, el columnista Kadri Gürsel, el caricaturista Musa Mart y el reportero de investigación Ahmet Şık, llevan detenidos de siete a nueve meses. Han sido acusados de tener vínculos con varios grupos “terroristas” por la política editorial del diario y se enfrentan a penas que ascienden a 43 años de cárcel.
Pero el acoso a este periódico no para aquí. El editor de su web, Oğuz Güven, se enfrenta a una posible sentencia de diez años y medio de cárcel por un contenido publicado durante 55 segundos en la red social Twitter (e inmediatamente eliminado). La justicia turca le acusa de propaganda para el movimiento Gülem. En junio le puso en libertad condicional tras haber pasado un mes en prisión provisional.
El diario Sözcü, es uno de los pocos medios críticos que se mantienen. Su editor de noticias, Mediha Olgun, y uno de sus reporteros, Gökmen Ulu, fueron encarcelados el 26 de mayo por publicar un artículo la víspera del intento de golpe de Estado sobre las vacaciones de Erdogan. Se les acusa de “intentar asesinar al Presidente” y de apoyar al movimiento Gülem.
Estado de excepción universal
El uso sistemático de la detención provisional no se aplica sólo en los casos de supuesta complicidad con el intento de golpe de Estado.Cada semana hay nuevas detenciones arbitrarias de periodistas, como las de Tunca Öğreten y Ömer Çelik, detenidos en diciembre por informar sobre el yerno del Presidente, el ministro de Energía Berat Albayrak.
El creador de documentales Kazım Kızıl paso casi tres meses en prisión provisional antes de ser puesto en libertad bajo control judicial el 10 de julio. Fue detenido mientras cubría una manifestación, y ha sido acusado de “insultar al Presidente» en sus twits.
Las autoridades también han usado el estado de emergencia para silenciar a los críticos que quedan en el caso kurdo. El sistema judicial, más politizado que nunca, tiende a tratar cualquier cosa relacionada con el tema kurdo como un caso de naturaleza terrorista.
En los juicios a los participantes en la campaña de solidaridad con el periódico prokurdo Özgür Gündem, la justicia turca ha condenado a prisión, el 16 de mayo, al periodista y defensor de los derechos humanos Murat Çelikkan.
Lamentables condiciones de encarcelamiento
Şahin Alpay, columnista retirado del periódico Zaman, tiene problemas respiratorios y cardiacos, además de ser diabético. No puede dormir sin la ayuda de una máscara para respirar en su celda de alta seguridad de la cárcel de Silivri. Pero nade de esto ha condicionado la decisión de las autoridades judiciales para mantenerle en prisión provisional durante el último año.
La situación es la misma para el veterano periodista turco, Nazlı Ilıcak, de 72 años. O Ayşenur Parıldak, una joven reportera de Zaman detenida desde agosto de 2016, que está en muy malas condiciones psicológicas desde que un tribunal de Ankara le negara la libertad condicional en el último momento el pasado mes de mayo. Su familia teme que pueda suicidarse.
Aislamiento, otra forma de maltrato
Reporteros Sin Fronteras considera el aislamiento de los detenidos, incluida la reducción de las visitas al mínimo y la prohibición de tener correspondencia, como formas de maltrato. Entre las víctimas se encuentran el corresponsal del Die Welt, Deniz Yücel, periodista de doble nacionalidad turca y alemana, que lleva en detención provisional desde febrero.
Se le acusa de “propaganda para una organización terrorista”, por entrevistar a Cemil Bayık, uno de los líderes del PKK. Pero en realidad su detención se debe a una disputa diplomática entre Turquía y Alemania. El Presidente Erdogan le ha tachado de “traidor” y “terrorista”.
Su abogado, Veysel Ok, ha contado que está totalmente aislado. “Le niegan cualquier contacto con nadie que no sea su abogado o las visitas familiares que recibe. Con un par de excepciones, prácticamente no le han dejado recibir o enviar cartas. Su acusación todavía no está lista y aún no hemos podido tener acceso a su caso porque la investigación judicial es confidencial”.
Erol Önderoglu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía, ha enviado cartas a muchos periodistas encarcelados, pero ninguna de ellas ha sido entregada.
Violación de derechos de la defensa
Veysel Ok también defiende al conocido novelista y columnista Ahmet Altan, y describe cómo el estado de emergencia ha violado los derechos de su cliente.
“Sólo puedo verle una hora a la semana para debatir su acusación y decenas de archivos. Un intercambio de documentos con él nos lleva al menos 20 minutos. Los papeles tienen que pasar por la gestión de la prisión, la oficina de la fiscalía de Bakırköy, la de la fiscalía de Çağlayan y finalmente el tribunal que lleva el caso. Es imposible preparar el juicio en estas condiciones”.
El Tribunal Europeo, la última esperanza para los periodistas encarcelados
El Tribunal Constitucional turco ha usado su papel y esfuerzos para garantizar el respeto y la libertad de expresión, pero lleva paralizado desde que se declaró el estado de emergencia y todavía no se ha pronunciado sobre los casos de los periodistas encarcelados que le han sido remitidos.
En ausencia de cualquier recurso legal, cada vez hay más periodistas que ven en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su última esperanza. Hasta la fecha, al menos 20 periodistas encarcelados han llevado su caso ante este tribunal, entre ellos, Şahin Alpay, Murat Aksoy, Ahmet Altan, Deniz Yücel y Ahmet Şık.
RSF organizó el 29 de mayo una manifestación frente a la sede del tribunal, en Estrasburgo, para recalcar la idea de que es la última esperanza de muchos de estos periodistas. Días después, tras diez meses de espera y negociación, el tribunal modificó su estatus para hacerlo más flexible con estos casos. Desde entonces ha recogido casos de Turquía, Rusia y Azerbaiyán, aunque no pongan en riesgo el “derecho a la vida o la salud”.
Sin recurso para el pluralismo
Más de 150 medios de comunicación han sido cerrados sin que esta decisión haya pasado previamente por un tribunal, sino tras un decreto emitido bajo el estado de emergencia. El pluralismo mediático en Turquía se ha reducido a una mínima circulación de periódicos.
Al menos una veintena de esos medios de comunicación han podido reabrir, pero la mayoría no ha tenido derecho a recurrir la decisión. El canal Hayatın Sesi o el diario prokurdo Özgür Gündem, entre muchos otros, ha apelado al tribunal Constitucional, en vano. Dada esta falta de actividad, los abogados del canal IMC TV también han remitido el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El tribunal Constitucional turco ha delegado parte de la responsabilidad en la nueva Comisión de Apelación creada por las autoridades turcas, en febrero de 2017, en un intento de evitar la crítica internacional.
Esta comisión debería examinar los recursos de alrededor de 200.000 individuos que han sido objeto de las sanciones de la actual administración, entre ellos los recursos de los medios de comunicación, asociaciones, y fundaciones liquidadas bajo el estado de emergencia.
La Comisión de Apelación todavía no está operacional y empezará a recibir casos el 23 de julio, en medio de serias sudas sobre su independencia. Cinco de sus siete miembros están nombrados por el Gobierno.
Sanciones administrativas arbitrarias
La falta de recursos legales también ha afectado a muchos periodistas víctimas de sanciones administrativas el pasado año, incluidas las retiradas de los carnés de prensa, de los pasaportes o las redadas.
Entre los periodistas víctimas de estas medidas se encuentra Kutlu Esendemir, que supo el 2 de abril en el aeropuerto que su pasaporte había sido cancelado como parte de una investigación al periódico Karar en el que trabajaba. Hasta la fecha las autoridades no han respondido al recurso que interpuso tres días después en la fiscalía de Estambul.
También la esposa de Can Dündar, Dilek Dündar ha visto denegada su salida del país, cuando le impidieron volar a Alemania para encontrarse con s marido. Después de esperar meses a recibir una explicación del ministerio de Justicia, recurrió al tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Consulta otros informes de RSF sobre Turquía:
“State of emergency, state of arbitrary” (19/09/2016)
“Journalism in death throes after six months of emergency” (19/01/2017)
