UCRANIA | RSF pide al parlamento ucraniano que rechace la ley para la protección de la «moral pública»
Estimados miembros de parlamento de Ucrania,
Reporteros Sin Fronteras quisiera compartir con ustedes su preocupación por la propuesta de enmienda de la ley 7132 sobre la «protección de la moralidad pública».
Esta ley, cuya primera lectura aprobaron ustedes el 18 de octubre, pretende perseguir la pornografía y el uso de imágenes de carácter «obsceno, vulgar y brutal», tanto en medios escritos como digitales. Otro de sus objetivos es combatir los contenidos «extremistas y ofensivos» que defiendan la violencia. Reporteros Sin Fronteras entiende estos objetivos, pero le preocupan sobremanera los métodos que se van a emplear para alcanzarlos, dada la ambigüedad en la definición de los contenidos prohibidos y la posibilidad de que se bloqueen webs sin una orden judicial. Esta ley amenaza al derecho y a la libertad de información en Ucrania.
La defensa de la «moral pública» que contempla esta legislación abarca contenidos de distinta índole, no solo la pornografía, sino también la apología del fascismo, de la guerra, la «ucranofobia», la humillación de personas discapacitadas y la incitación al tabaco. Todos estos «crímenes» se penalizarán por igual. ¿Quién decidirá cuándo se promueve el terrorismo y demás actividades criminales? Desafortunadamente hay muchos ejemplos en otros países donde se han utilizado este tipo de legislaciones para acallar críticas incómodas.
Por defecto, la Comisión Nacional para la Protección de la Moral Pública se otorga poderes excesivos. No hay ninguna disposición que contemple la supervisión de la comisión y no existe un mecanismo de recurso contra sus decisiones. Es la única que tiene el poder para determinar que un contenido debe ser prohibido y podrá exigir a los proveedores de servicios de Internet que «restrinjan el libre acceso» en 24 horas y sin necesidad de una orden judicial. Porque, además, no sólo los autores, sino también los editores y las empresas de alojamiento pueden ser consideradas responsables de los contenidos.
Varias ONGs ucranianas ya han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que algunos comentarios provocativos sean la escusa perfecta para cerrar webs y otros medios críticos. Reporteros Sin Fronteras comparte su preocupación. Como ya ocurre en otros países, los proveedores de servicios de Internet se convierten en «policías de la red», sin ningún tipo de autonomía, y se ven obligados a entregar inmediatamente a las autoridades los datos privados de sus usuarios.
Lamentamos que la legítima necesidad de luchar contra el terrorismo y la pornografía suponga una amenaza contra el derecho a la información en temas de interés general. Un derecho presente en todas las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, tanto Naciones Unidas como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han reconocido recientemente en un informe conjunto que este principio también se aplica a Internet.
La información del día a día, por desgracia, está a menudo dominada por la violencia o por declaraciones vergonzosas. ¿Serán censuradas las noticias por violar alguno de los puntos de la Ley de protección de la Moral Pública? La experiencia internacional también demuestra que, con frecuencia, se confunde al mensajero con el autor. Los periodistas y los blogueros no son responsables de los hechos de los que tienen el deber de informar.
Reporteros Sin fronteras considera la aplicación de este proyecto de ley una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificados por Ucrania. Por todo lo expuesto anteriormente les pedismos que rechacen este proyecto de ley en su segunda lectura.
Atentamente,
Jean-François Julliard
Secretario General de Reporteros Sin Fronteras
