LIBIA | RSF pide la derogación de la ley que criminaliza la crítica a las instituciones del Estado
Reporteros Sin Fronteras pide al Consejo Nacional de Transición (CNT) la derogación de la ley, adoptada el 2 de mayo, que penaliza cualquier «insulto al pueblo libio y sus instituciones» y tipifica como delito las «noticias e información falsas» o «propaganda» que «ponga en peligro la seguridad nacional, aterrorice a la población o debilite la moral pública». Entre los nuevos delitos se incluyen también los comentarios que dañen a la Revolución del 17 de febrero, que ensalcen al antiguo régimen, a su líder, el coronel Gadafi, a su hijos, o que insulten a los ciudadanos libios, a su bandera o al Islam.
Todos estos delitos pueden ser castigados con penas de prisión bajo el nuevo marco legal, que no especifica la duración de las penas de cárcel, excepto en el caso de «rumores de información» que perjudiquen al país, que incluyen posibles cadenas perpetuas.
La prohibición de toda forma de oposición o crítica a la revolución parece basarse directamente en el artículo 195 del código penal vigente durante el régimen de Gadafi, que castigaba cualquier ataque a la Gran Revolución Al-Farah o a su líder.
«Esta nueva legislación contraviene las disposiciones constitucionales adoptadas por el NTC y el derecho internacional al que está sujeto el país. La criminalización de ciertas opiniones, y la posibilidad de que sean castigadas con penas de prisión, pone en peligro la libertad de expresión e información, especialmente en aquellos puntos ambiguos de la ley que dejan margen a una interpretación arbitraria», alerta RSF, que subraya la similitud con la legislación vigente durante el régimen de Gadafi.
«Su adopción representa una amenaza para la transición democrática en Libia y para todos los medios de comunicación que han surgido desde el comienzo de la revolución», considera RSF.
La organización insta al NTC a derogar la nueva ley en su totalidad. Reporteros Sin Fronteras hace hincapié en la necesidad de que la futura constitución del país garantice la libertad de opinión y de expresión y vaya acompañada de una ley de medios que proteja esas libertades constitucionales fundamentales.
