CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017 | ANÁLISIS | El periodismo, debilitado por la erosión democrática

La edición 2017 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) revela que las violaciones a la libertad de informar ya no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios y de las dictaduras. También en las democracias esta libertad adquirida a priori es cada vez más frágil. A fuerza de declaraciones nauseabundas, de leyes liberticidas, de conflictos de intereses e incluso de golpes y porrazos, en los regímenes democráticos se multiplican las violaciones a una libertad que es uno de los principales indicadores de su buen funcionamiento.

En tan sólo un año, el número de países donde la situación de los medios de comunicación es “buena” o “más bien buena” disminuyó un 2,3%. Los países considerados un modelo democrático no escapan a esta caída: Canadá (que ocupa el lugar 22, entre 180 países) desciende cuatro puestos en la Clasificación de 2017; Estados Unidos (43º) pierde dos posiciones; Polonia (54º), siete; Nueva Zelanda (13º), ocho, y Namibia (24º), siete.

La erosión de la libertad de prensa es particularmente visible en las democracias europeas. En 2017, bajan hasta los ‘mejores alumnos’, los países del norte, que solían ocupar los primeros lugares en la Clasificación de RSF, (-3 los Países Bajos; -2 Finlandia, que por primera vez después de seis años pierde la primera posición). Aunque Europa sigue siendo la zona geográfica mejor calificada a escala global, es al mismo tiempo el continente en el que el índice se ha deteriorado más en cinco años, un 17,5%, mientras que el índice de la zona de Asia y el Pacífico experimenta una variación del 0,9% en el mismo periodo.

“Las democracias que hicieron de la libertad de prensa uno de sus fundamentos deben seguir siendo un modelo para el resto del mundo, y no a la inversa”, advierte Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras. “A fuerza de cercenar la libertad fundamental de informar, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos, las democracias pueden perder su alma”, añade.

Evolución de la Clasificación desde 2013 (por colores)

Evolución de los índices regionales (de mayor a menor)

Este retroceso de las democracias en el área de la libertad de prensa no es nuevo, ya era perceptible en las Clasificaciones precedentes. Lo más impactante este año es la magnitud y el tipo de ataques observados.

I. Retórica tóxica y otras presiones políticas

La elección del 45º presidente de Estados Unidos ha precipitado la caza a los periodistas. En sus repetidas diatribas contra el cuarto poder, Donald Trump ha acusado a los periodistas de estar “entre los seres humanos más deshonestos de la tierra” y de propagar intencionadamente “noticias falsas” («fake news«) e información errónea. Esto no sólo compromete la larga tradición estadounidense de defender la libertad de expresión. Con sus discursos de odio, al acusar a los periodistas de mentir, el nuevo jefe de la Casa Blanca también ha contribuido a que se propagaran los ataques contra la prensa en todo el mundo, incluso en los países democráticos.

De una campaña electoral a otra. Primero en Estados Unidos y después en Francia (puesto 39 en la Clasificación de 2017), que elige nuevo presidente, se han multiplicado los ataques verbales de ciertos líderes políticos contra los medios de comunicación “mentirosos”. En un ambiente funesto y violento –se ha vuelto común que se insulte, silbe y abuchee a los periodistas en los mítines, incluso que se les considere persona non grata–, los franceses se sumergen a su vez en el mundo de los “hechos alternativos” y la “posverdad”.

Donald Trump no es el único que ataca a la prensa

Desacreditar a los medios de comunicación es el arma preferida de los “antisistema». Donald Trump lo ha aprovechado bastante, al igual que Nigel Farage en Reino Unido (40º puesto, -2). El exlíder del partido xenófobo Ukip hizo del ataque a los medios de comunicación, sobre todo a la BBC, el pilar de su campaña a favor del Brexit. En Italia (52º), el líder del Movimiento 5 Estrellas, el cómico populista que se convirtió en político, Beppe Grillo, afirmó que prefiere su blog a las fastidiosas cuestiones de la “casta” periodística y pidió que se creara un jurado popular para determinar la veracidad de la información publicada por los periodistas.

La retórica contra los medios de comunicación estadounidense tiene resonancia incluso en el continente africano. Mientras que Donald Trump y su portavoz, Sean Spicer, amenazan a la prensa con represalias («los periodistas deben rendir cuentas”), en Tanzania (que bajó doce lugares en la Clasificación de 2017) el presidente John Magufuli advirtió que los días de los diarios que crean discrepancias están contados. Magufuli, apodado “excavadora” («tingatinga» en swahili), destituyó recientemente al Ministro de Información, quien aseguraba que tenía “la responsabilidad de proteger a los medios de comunicación y la libertad de expresión” y criticó la intromisión del gobernador de la provincia de Dar es Salaam, Paul Makonda, en los estudios de una radio-televisión privada. Con ello, el presidente de Tanzania confirmó que era capaz de atacar la libertad de prensa sin inhibiciones.

Aunque el uso de palabras tóxicas para desacreditar a la prensa ante la población se convirtió rápidamente en una herramienta de presión como cualquier otra, los dirigentes políticos no han dejado de emplear los métodos clásicos de presión política para obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación.

Presiones políticas directas e indirectas

En 2016 se registraron numerosos casos de dirigentes de países democráticos que intentaron intervenir directamente para modificar el contenido de publicaciones. El más representativo es el de Finlandia, que ocupaba el primer lugar de la Clasificación de RSF desde hacía seis años. El país y sus periodistas, acostumbrados a las buenas prácticas profesionales, no estaban preparados para padecer las maniobras del primer ministro. Éste intervino directamente en los programas de la radio pública finlandesa, Yle, para que dejaran de cubrir un caso con un posible conflicto de intereses que lo afectaba.

En Uruguay (lugar 25, -5 posiciones en la Clasificación de 2017) y Chile (33º, -2) también se registraron casos de presiones políticas directas, así como intentos de obstaculizar el trabajo periodístico. En todos los casos, los dirigentes del Estado o sus instituciones ejercieron presiones para evitar que se abordaran temas relacionados con la corrupción, malversaciones o conflictos de intereses. En Níger (61º, -9) sucedió lo mismo. Este país –que se había convertido en ejemplo y fue el primero de África en ratificar la Declaración de Windhoek, que despenaliza los delitos de prensa– se volvió contra tres de sus periodistas, que cometieron el “error” de publicar información comprometedora para personalidades nigerianas.

Para no tener que intervenir después, algunos dirigentes de países democráticos han optado por reforzar previamente su poder y control. El caso más emblemático es el de Polonia, que sigue cayendo en la Clasificación (-7 posiciones en 2017, mientras que en 2016 experimentó un espectacular descenso de 29 lugares). Desde hace dos años, el gobierno conservador lleva a cabo controvertidas reformas que han permitido someter a la televisión y la radio públicas al control del gobierno y que éste pueda remplazar a los responsables de los medios de comunicación públicos. Tras haber transformado a los medios de comunicación públicos en herramientas de propaganda y asfixiar económicamente a diversas publicaciones independientes que se oponían a sus reformas, el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) continúa, a pesar de las críticas, con su objetivo de “repolonizar” a la prensa.

En menor medida, pero también de forma preocupante, las presiones del primer ministro israelí en la prensa se han vuelto cada vez más visibles. Israel (91º), que suele ser considerada como la «única democracia de Oriente Próximo”, sube en la Clasificación de 2017 a pesar de que Benjamin Netanyahu –descrito como un hombre “obnubilado por los medios de comunicación y los periodistas que considera sus enemigos”– intenta desde hace meses debilitar a la Corporación Pública de Radiotelevisión, porque considera que sus programas “no son dóciles”.

II. Persecución a las fuentes periodísticas

Los periodistas son los «guardianes de la democracia” y la protección de sus fuentes informativas es “la piedra angular de la libertad de prensa”. Estos principios, defendidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son atacados en el mundo cada vez más abiertamente, incluso en los países democráticos que los establecieron como regla. Si bien las revelaciones de los «Papeles de Panamá « recordaron en 2016 –como si fuera  necesario– la importancia del papel de los denunciantes y de los medios de comunicación para que los ciudadanos puedan estar informados sobre cuestiones de interés general, la tendencia sigue siendo dotarse de arsenales legislativos y de disposiciones que perjudican las condiciones básicas y necesarias para el ejercicio de una prensa libre. Lo que equivale a amordazar aún más el periodismo de investigación.

Democracias bajo vigilancia

En Alemania (posición 16, entre 180 países, en la Clasificación de 2017), usando como argumento la lucha contra el terrorismo y el cumplimiento de lo establecido en la legislación y la Constitución, el Bundestag (el parlamento) aprobó en otoño de 2016 un proyecto de ley que autoriza la vigilancia masiva, sin hacer una excepción con los periodistas. Todo ciudadano que no sea alemán o que no pertenezca a la Unión Europea, incluyendo a los periodistas y abogados, ahora puede ser espiado legalmente por el servicio de inteligencia exterior de Alemania (Bundesnachrichtendienst, BND). Esta controvertida y criticada ley ha contribuido a legalizar prácticas que se ya se realizaban: meses después de que se aprobase, los alemanes descubrieron que, desde 1999, el BND ha espiado las comunicaciones de unos cincuenta periodistas y medios de comunicación (se desconoce el periodo de duración de esta vigilancia).

A finales 2016, el Reino Unido (40º, -2 posiciones en 2017) también aprobó una nueva ley que amplía los poderes de vigilancia de los servicios secretos británicos. Con la Investigatory Powers Bill (IPB), conocida como la “Snoopers’ Charter” (“Carta de los Fisgones”), el Reino Unido se convirtió en el país que ha aprobado “la ley de vigilanica masiva más invasiva en la historia de la democracia”, que no incluye ninguna disposición para proteger a los periodistas ni a sus fuentes. Pero esto no es todo. Haciendo caso omiso a las críticas y preocupaciones expresadas, a principios de 2017 el Reino Unido puso en la mesa de los parlamentarios una nueva propuesta de ley (https://rsf.org/es/noticias/reino-unido-nueva-propuesta-de-ley-para-encarcelar-periodistas-como-espias-por-acceder-filtraciones) que, de ser aprobada, permitiría condenar a 14 años de prisión a defensores de los derechos humanos, periodistas e informantes acusados de espionaje.

Los denunciantes, en la mira de las autoridades

Negándose a absolver, en apelación, a Antoine Deltour y Raphaël Halet, los informantes franceses que dieron a conocer el escándalo financiero LuxLeaks, la justicia de Luxemburgo envió una señal negativa (https://rsf.org/es/noticias/rsf-califica-de-injusta-la-condena-en-apelacion-los-denunciantes-de-luxleaks) a países que, como Reino Unido o Nueva Zelanda, planean criminalizar a los denunciantes y a las fuentes periodísticas. La intención del gobierno neozelandés de castigar con cinco años de prisión la filtración de información a la prensa y de aumentar drásticamente los poderes de los servicios de inteligencia preocupa cada vez a más periodistas y contribuye a que Nueva Zelanda retroceda 8 lugares y se sitúe en el puesto 13 de la Clasificación de 2017.

Aunque su caída es menos espectacular, Chile sufre un descenso en la Clasificación (-2 posiciones) debido a que en el país se aprobaron dos reformas legislativas que permiten sancionar a quien filtre información sobre investigaciones judiciales en curso. Estos proyectos de ley, conocidos como “Leyes Mordaza”, han suscitado vivos debates en la sociedad chilena, pues fueron votados en un momento en que varios políticos, importantes empresarios y militares chilenos eran investigados por casos de corrupción, abuso de poder y financiación ilegal de campañas.

En este cuadro, más bien sombrío, Francia podría haber sido un ejemplo. En el otoño de 2016, el país aprobó una ley propuesta por el diputado Patrick Bloche que “buscaba fortalecer la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación”; de esta manera, la Asamblea Nacional se pronunció claramente a favor de la protección del secreto de fuentes. Sin embargo, semanas después el Consejo Constitucional anuló las disposiciones contempladas en la Ley Bloche que protegían a las fuentes de los periodistas, dando así un paso atrás.

El periodismo de investigación, en peligro

El endurecimiento del marco legislativo rara vez es un buen augurio para los periodistas. Canadá, que ya había perdido diez puestos en la Clasificación precedente por haber aprobado en 2015 la ley antiterrorista C-51 (que restringe en gran medida la libertad de expresión), fue sacudida en 2016 por una serie de escándalos que, precisamente, recuerdan el reto que representa la protección del secreto de fuentes, así como su fragilidad. En 2016, al menos seis periodistas se dieron cuenta de que la policía de Quebec había espiado sus comunicaciones telefónicas; semanas antes, ésta había hecho un registro en un diario y confiscado el ordenador de un periodista. En Montreal se emitieron al menos 24 órdenes para que se vigilara al periodista Patrick Lagacé, por lo que la policía espió las comunicaciones que sostuvo el reportero por teléfono móvil. En todos los casos, el objetivo era identificar las fuentes que los periodistas debían proteger. Algo difícil en el caso de Ben Makuch, periodista de VICE News: el reportero apeló una sentencia que lo obligaba a entregar a la gendarmería los registros de las comunicaciones que había tenido con una de sus fuentes. Pese a la movilización de los medios de comunicación canadienses y de las organizaciones que defienden la libertad de prensa, entre ellas RSF, la Corte de Apelaciones de Ontario obligó a Ben Makuch a entregar a la policía el contenido de sus conversaciones telefónicas con un presunto yihadista.

También Estados Unidos sigue aplicando de manera desenvuelta y preocupante medidas que amenazan constantemente el derecho a la información y, en particular, al periodismo de investigación, que depende directamente de la seguridad de los informantes y, con frecuencia, de su anonimato. La obsesión del gobierno de Obama de controlar la información y de luchar contra los informantes influyó en que, en 2016, siguiera detenido el informante Jeffrey Sterling, así como en la multiplicación de los registros efectuados en las fronteras de Estados Unidos a periodistas (estadounidenses y extranjeros), quienes se ven obligados a entregar a la policía sus aparatos electrónicos. Hace poco, el nuevo Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, propuso que se obligue a toda persona que desee entrar a territorio estadounidense a revelar sus contraseñas para conocer sus actividades en las redes sociales. Esta propuesta hace presagiar lo peor. La aplicación de una media como ésta tendría serias repercusiones en la protección de las fuentes periodísticas y en la pluralidad de la información.

III. Perjuicios a la independencia de los medios

En 2016 también se acentuó, de manera general, la tendencia a la concentración de los medios de comunicación. El número de propietarios se ha id reduciendo poco a poco, haciendo que se agrave su dependencia de los poderes políticos y económicos. En Francia nunca había existido tal concentración de los grandes medios de comunicación; tampoco el riesgo de conflicto de intereses había sido tan alto. Aunque no haya descendido en la Clasificación de 2017, Francia ha estado marcada por diversas crisis que han recordado lo frágil que es la independencia de los periodistas y, al mismo tiempo, el derecho de todos de contar con información libre y honesta.

Aunque el industrial bretón Vincent Bolloré nunca ha escondido su intención de influir en los contenidos editoriales de los medios de comunicación que pertenecen a su grupo Vivendi, la decisión de no difundir una investigación sobre Crédit Mutuel (empresa dirigida por uno de sus amigos), la supresión del impertinente “Zapping” y del programa “Spécial Investigation” en Canal + ilustraron hasta la caricatura el impacto que puede tener una gestión temeraria en la independencia de la información. La huelga en iTélé, el segundo conflicto laboral más largo en el sector audiovisual francés desde mayo de 1968, mostró los intentos de una redacción de defender su independencia editorial y una forma ética de periodismo. Una lucha dura y desigual, que se saldó con la salida de un centenar de empleados del canal, que hasta la fecha no han sido remplazados.

El método de asfixia económica

La independencia económica y editorial es uno de los principales motivos de conflicto entre los conservadores nacionalistas del PiS y los medios de comunicación independientes en Polonia. Las autoridades polacas han optado por el boicot y la asfixia económica de los medios de comunicación de oposición: han limitado la distribución y prohibido a sus administraciones que renovaran las suscripciones u ofrecieran su publicidad a este tipo de publicaciones. El diario de oposición Gazeta Wyborcza acusó rápidamente la falta de ingresos y actualmente se encuentra en una situación crítica. Este método también fue empleado en Namibia (puesto 24, -7 posiciones), que siempre había ocupado un buen lugar en la Clasificación de RSF. Ahora, este país niega la información a los medios de comunicación independientes –las agencias y oficinas gubernamentales tienen la obligación de dar información sólo a los medios de comunicación públicos– y los priva de los ingresos publicitarios.

En ocasiones, esta asfixia conduce a una muerte brutal. En Hungría, que por cuarto año consecutivo desciende en la Clasificación de RSF (ahora ocupa el puesto 71, entre 180 países), el principal diario de izquierda y de oposición Népszabadság, fue víctima de un “golpe de Estado” económico. A principios de octubre de 2016 cerró abrupta y definitivamente por problemas económicos, según argumentó su propietario, un hombre de negocios austriaco que se sospecha tiene estrechas relaciones con el gobierno de Víktor Orbán.

“Todas estas presiones cercenan poco a poco nuestras democracias desde el interior e insidiosamente pueden empujar a los periodistas a autocensurarse para evitar ataques verbales cada vez más violentos o represalias económicas”, indica Virginie Dangles, redactora jefe de Reporteros Sin Fronteras. “Esta tendencia es aún más preocupante puesto que los regímenes democráticos ya no vacilan en emplear métodos más radicales para obstaculizar el trabajo de la prensa”, añade.

IV. Múltiples obstáculos para cubrir acontecimientos

Visiblemente, hoy en día las democracias hiperconectadas ponen más atención en cuidar su imagen que en respetar sus principios fundamentales, entre los que se encuentra el de informar libremente. Así, en abril de 2016 en España (lugar 29 de 180) se condenó a un fotógrafo profesional a pagar una multa de 600 euros por haber publicado en Twitter fotos de la policía deteniendo a una mujer. Esta sanción se impuso meses después de que se aprobada en Madrid una nueva Ley de Seguridad Ciudadana conocida como “ley mordaza”, con la que se busca proteger la imagen de la policía española y se restringe de manera drástica el derecho a manifestarse. Esta ley también obstaculiza legalmente el derecho de los periodistas a recabar y difundir información.

Más allá del establecimiento de disposiciones legales específicas, en 2016 se observaron numerosos casos que confirman que los periodistas se enfrentan a cada vez más dificultades para ejercer su profesión en el lugar de los hechos, sobre todo para cubrir manifestaciones. En Canadá, el periodista Justin Brake corre el riesgo de ser condenado a diez años de prisión por haber cubierto en el otoño de 2016 una manifestación contra la construcción de una central hidroeléctrica en Muskrat Falls, pues se le acusa de haber participado en ella. Este caso fue percibido como un ataque directo a la libertad de prensa. 

En Estados Unidos al menos unos diez periodistas –entre ellos Amy Goodman, la famosa productora y conductora del programa Democracy Now!– fueron detenidos por la policía y amenazados con ser juzgados por haber cubierto las protestas contra un polémico proyecto de construcción de un oleoducto en el estado de Dakota del Norte. En los estados de Luisiana y Nueva York otros cinco periodistas fueron detenidos y acusados de «obstruir una carretera» mientras cubrían las manifestaciones #blacklivesmatter, en las que se denunciaba la violencia policíal contra la comunidad afroamericana.

Temas prohibidos a golpe y porrazo

Los regímenes democráticos no carecen de imaginación para limitar el trabajo de los periodistas en torno a temas delicados o que los molestan. Prohibir una manifestación de la oposición, así como su cobertura es una técnica menos sutil que la utilizada recientemente en Namibia –que no obstante es considerado un modelo democrático en el continente africano–. En el aeropuerto internacional Hosea Kutako la policía confiscó el equipo de grabación de dos periodistas japoneses, que estaban debida y oficialmente acreditados por las autoridades. Los reporteros habían investigado la instalación de una fábrica de municiones norcoreana en el país.

En Francia también existen temas delicados o tabúes. La cobertura del desmantelamiento de “la jungla” (el campamento) de Calais estuvo muy controlada y se vio limitada por las autoridades. Asimismo, dar seguimiento a la cuestión de los inmigrantes es en ocasiones una labor ardua, sobre todo para los periodistas independientes. En 2016, algunos fotógrafos y periodistas fueron interrogados y detenidos por la policía cuando realizaban reportajes sobre los inmigrantes en la región de Calais o en la frontera franco-italiana.

Durante una intervención de las fuerzas de seguridad en el Valle de la Roya, el periodista Laurent Carré fue interpelado violentamente por la gendarmería –lo tiraron al suelo y lo agredieron– a pesar de que se había identificado claramente como fotorreportero del diario Libération. Este caso hizo que se cuestionara la actitud de las fuerzas del orden francesas frente a la prensa cuando éstas intervienen directamente en los acontecimientos.

Ese hecho, junto con la violencia policial contra los medios de comunicación, que sufrieron sus excesos en las manifestaciones contra las reformas a la Ley del Trabajo en abril y mayo de 2016; los videos que muestran cómo las personas que grababan o fotografiaban las protestas eran golpeadas de forma intencionade, así como los testimonios de periodistas explicando cómo su identificación de prensa los convertía en un blanco en lugar de protegerlos, muestra una obstaculización a la libertad de informar indigna en una democracia.