Europa: periodismo en alerta roja
Aún no hemos llegado al ecuador de 2018 y ya contabilizamos un periodista asesinado en el seno de la Unión Europea tras el de la maltesa Daphne Caruana, eliminada mediante un coche bomba el pasado mes de octubre delante de su domicilio. Segundo, en menos de medio año. Esta vez se trata de un periodista esloveno, Jan Kuciak, que fue tiroteado el pasado 28 de febrero junto a su novia en su casa cerca de Bratislava, un escenario que nos recuerda el de la periodista rusa Anna Politostkaya, en octubre de 2006 en el rellano de su piso de Moscú, a quemarropa.
Kuciak es, por tanto el, segundo periodista asesinado en Europa en tan solo cuatro meses y doce días tras Daphne Caruana, el 16 de octubre de 2017. Un común denominador de estos asesinatos es el ámbito en el que los profesionales trabajaban: la investigación periodística. Si la rusa investigaba torturas en Chechenia, Caruana lo hacía en posibles casos de corrupción y conflictos de intereses de numerosos políticos próximos al primer ministro de Malta, relacionados con la N’Dragheta. Por cierto, que otra investigación sobre los papeles de Panamá. Kuciak, en la misma línea, indagaba sobre el primer ministro eslovaco y el secretario del Consejo de Seguridad del Estado, también con vínculos con la mafia, calabresa.
Hasta hace poco tiempo no era habitual que ocurrieran asesinatos de periodistas en la Unión Europea, pero hoy empieza a no ser una rareza. Porque una cosa fue el múltiple asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo por el jihadismo islámico y otra muy distinta es que se ejerza un terrorismo de Estado aun cuando sea de forma colateral. Y esto hay que resaltarlo. Ya no sólo asesinan a profesionales de la comunicación en México, Pakistán o India, por citar sólo algunos países no comunitarios. También pasa aquí, en el corazón de la vieja Europa.
Sin llegar a estos límites, hay otras formas menos escandalosas de amordazar a la prensa y están ocurriendo ante la mirada laxa de nuestras sociedades instaladas en un confortable espacio. No hablemos de Egipto, que acaba de decretar el estado de excepción y ejerce un control férreo sobre los medios de comunicación. O de Turquía, con penas de cárcel para 25 periodistas. Hay otras vías menos escandalosas, como conseguir el cierre de publicaciones llevadas a la asfixia económica mediante cupos de papel, suspensión de publicidad institucional, expulsión de las redes de distribución de prensa, etc.
Así ha ocurrido en Rusia con el último semanario independiente que quedaba en Kaliningrado, Novye Kolesa, que ya ha dejado de imprimirse. Lo mismo, en Hungría con el cierre del diario Magyar Nemzet, con 80 años uno de los diarios húngaros más antiguos. En este caso, por problemas financieros debidos a la falta de publicidad institucional. Idéntica suerte ha tenido el diario digital Index.hu. Los dos medios eran muy críticos con el primer ministro Viktor Orban, crecido tras su reciente y aplastante victoria electoral.
Ni mucho menos escapa España de esta ola involucionista con la libertad de prensa y de opinión. Las sentencias judiciales dirigidas a controlar los contenidos se aumentan exponencialmente propiciando un clima favorable a la autocensura. En ocasiones, peor que la censura. Reporteros Sin Fronteras (RSF) lleva años denunciando la ley mordaza, así como las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal que condena el asesinato de José Couso al ostracismo judicial.
En la misma línea, RSF pone sobre la mesa el deterioro que la libertad de prensa sufre en democracias occidentales, supuestamente consolidadas, al amparo de legislaciones antiterroristas o de seguridad, incluyendo la vigilancia digital. En España se suman dos figuras propias como son las “injurias a la Corona” o el “enaltecimiento del terrorismo”. Las condenas se suceden con un incremento significativo en los dos últimos años. En este sentido, Amnistía Internacional ha advertido ya del peligro de una involución de las libertades en España.
En palabras recientes del presidente de RSF, Alfonso Armada “ni la lucha antiterrorista, ni la ciberseguridad, ni las noticias falsas pueden servir de pretexto para que en España se instale un clima hostil para dos libertades tan fundamentales como estrechamente unidas: la de expresión y la de información, inherentes a una democracia que se precie de tal. Los delitos de opinión no son compatibles con estándares democráticos elevados”.
Maria Dolores Masana Argüelles
Ex presidenta y miembro de la Junta directiva de Reporteros Sin Fronteras
