Vamos a peor

“La libertad de prensa vive momentos duros: nunca el trabajo de los periodistas había encontrado tantos obstáculos”

Por María Dolores Masana Argüelles

Publicado en ElEspañol el 03.05.2017

En un mundo convulsionado por grandes barbaridades, de atentados diarios contra los derechos humanos, guerras, terrorismo, abusos de poder, escándalos de corrupción, estremece el alarmante retroceso de la libertad de información para contarlo porque sin libertad de información no hay contrapoder y los ciudadanos se convierten simplemente en súbditos. Son los medios de comunicación los que informan a diario de tales atrocidades a través del trabajo de los periodistas, muchas veces exponiendo su vida, su libertad o arriesgándose a graves sanciones. Para denunciar el nivel de agresiones y/o presiones sobre este derecho fundamental, Reporteros Sin Fronteras publica anualmente un ranking sobre 180 países en todo el mundo.

La Clasificación Mundial de la libertad de prensa 2017 configura un panorama desolador para toda persona que desee vivir en un mundo libre y justo. Ya no son únicamente las dictaduras o los regímenes autoritarios los que violan sistemáticamente la libertad de información. Estremece la deriva autoritaria de algunas democracias supuestamente consolidadas de nuestro entorno, incluso dentro de la Unión Europea.

Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido son algunos de los países que bajan posiciones respecto a la Clasificación del año 2016, por no hablar de Alemania, Italia y España que mejoran posiciones este año pero aún dejan mucho que desear. Incluso la correctísima Nueva Zelanda, hasta el año pasado entre los cinco primeros puestos, ha descendido ocho tras aprobar una ley que contempla penas de cárcel por “filtrar” informaciones a la prensa. También Canadá, que ha descendido catorce posiciones en los dos últimos años debido a una ley dirigida a identificar las fuentes que los periodistas deben proteger.

A ambos lados de Europa, dos países donde prácticamente se aniquila el derecho a informar. Turquía (puesto 155), la mayor cárcel de periodistas del mundo, hoy por delante de China, con 100 profesionales entre rejas. México (posición 147) con 10 periodistas asesinados en 2016 y tres desde enero de este año. Represión política en el primer caso, crimen organizado y corrupción policial en el segundo.

Sin duda la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha empeorado la situación desde el momento en que declaró a la prensa “enemigo público número uno”, en un país ya estigmatizado por la Patriot Act, entre otras leyes liberticidas. El nuevo presidente se apresuró a encargar al Departamento de Justicia “una investigación sobre la filtraciones” que generan según él, noticias falsas (fake news) en una prensa que dice “fuera de control”.

En Reino Unido, la aprobación el año pasado de la Snopper Charter (carta de los fisgones) que permite interceptar datos de millones de personas, así como la ley aprobada por el Bundestag alemán mediante la cual se puede espiar legalmente a los periodistas nacionales e incluso extranjeros, son torpedos dirigidos contra la línea de flotación de los profesionales de la información y de sus fuentes que buscan aniquilar el periodismo de investigación.

Ni que decir tiene el horror que significan, año tras año, los países que cierran la Clasificación, como Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán o Siria, verdaderos agujeros negros de la información, cárcel y tumba de periodistas.

Dos casos curiosos en la Clasificación 2017 son Finlandia -que por primer año, después de seis, pierde la primera posición debido a presiones políticas del actual primer ministro sobre la radio pública- y Namibia -hasta ahora el país mejor posicionado de África (24), que pierde siete posiciones debido a un giro en su política hacia la prensa independiente a la que, desde las últimas elecciones de 2016, niega información e ingresos publicitarios-.

¿Qué está ocurriendo? ¿Y por qué? Intentando sintetizar las causas de tan desastrosa situación, quisiera destacar la aplicación, en la mayoría de países democráticos, de leyes antiterroristas , políticas de seguridad nacional y cambios legislativos, al margen de otras causas endógenas de la profesión como pueden ser la voracidad de los medios públicos y también de las empresas periodísticas. Es decir, la utilización partidista y progubernamental de los Servicios informativos tanto de entes estatales como autonómicos, en el caso de España y la creciente concentración de medios claramente atentatoria contra la pluralidad informativa.

No entraremos a pormenorizar el capítulo de leyes antiterroristas, de sobra conocidas desde que, tras los atentados yihadistas que vienen repitiéndose desde el 11-S en Nueva York, los países de Occidente han optado por primar la seguridad en detrimento de la libertad. Al hilo de esta opción se han aprobado una serie de leyes que van contra los principios más básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humnaos, en su artículo XIX, cual es el derecho a una información veraz.

En el corazón de la Unión Europea, la Eurocámara aprobó el año pasado una Directiva de Secretos Comerciales que contempla la obligación de los periodistas y sus fuentes a demostrar que la información debe responder “a un bien público”, un concepto susceptible de interpretaciones judiciales, claro. No es de extrañar si tenemos en cuenta que Bruselas ha permanecido prácticamente silenciosa ante los atropellos contra la prensa y sus profesionales cometidos en Turquía por el presidente Erdogan, un país aspirante a entrar en el club comunitario. ¡Una vergüenza!

Merece la pena incidir en la situación de la libertad de prensa en España, dado que este año ha mejorado cinco puntos en la Clasificación general de Reporteros sin Fronteras (29), aunque sigue por debajo de Ghana (26) y Namibia (24). Al margen de la manipulación y censura en los entes públicos a la que asistimos a diario y que ya ha sido denunciada por más de mil profesionales, tenemos una ley de Transparencia muy limitada e inferior a nuestro entorno europeo que no reconoce “el derecho a la información” como tal, y nos falta una ley nacional reguladora del espacio radioeléctrico. Para colmar el vaso, los periodistas hemos aceptado la celebración de conferencias de prensa sin derecho a preguntas.

En el ámbito de los cambios legislativos, cabe destacar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con peticiones de cárcel contra periodistas por “presunta revelación de secretos” pese a que la doctrina del Tribunal Constitucional protege “la comunicación que transmite una información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública”. No menos grave es la Reforma de la Ley orgánica del Poder judicial que anteriormente contemplaba la justicia universal y ahora no, paralizando casos como el de José Couso y otros.

Y qué decir de la discutida y discutible Ley de seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, mediante la cual han sido ya sancionados media docena de periodistas por “obstaculizar la actuación policial”mientras cubrían manifestaciones. La noticia de que el Congreso tiene propuestas aceptadas para forzar al Gobierno del Partido Popular a sustituir o modificar los aspectos más polémicos de esta ley ha sido recibida por Reporteros Sin Fronteras como algo que celebrar.

Sin duda, la libertad de prensa vive momentos especialmente duros. Nunca el trabajo de los periodistas había encontrado tantos obstáculos. Si es duro resistir a presiones diversas, enfrentarse a la era de la “posverdad”, a base de rumores o simplemente mentiras repetidas que se vehiculan a través de webs y redes sociales, remueve los fundamentos del periodismo. No perdamos de vista que las pautas de comportamiento del código deontológico de la profesión son aplicables en la misma medida cuando se utilizan soportes digitales. Pero este aspecto del cerco a la libertad de información requiere un capítulo adicional.

María Dolores Masana Argüelles

Ex presidenta de Reporteros Sin Fronteras y miembro  de la Junta Directiva