ARGELIA | RSF alerta al Secretario de Estado de EE.UU John Kerry sobre la libertad de información en Argelia

Reporteros Sin Fronteras ha escrito al Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, con motivo de su visita a Argelia, los días 2 y 3 de abril, para participar en el diálogo estratégico entre Estados Unidos y Argelia. A continuación la carta completa donde RSF detalla los problemas de la libertad de información en el país africano:

Secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry
Department of State
2401 E. Street NW
Washington DC 20037
USA

Paris, 1 de Abril de 2014

Estimado Secretario de Estado Kerry,

Reporteros Sin Fronteras quiere aprovechar su visita oficial a Argelia con motivo de la segunda sesión del diálogo estratégico entre Argelia y Estados Unidos para exponerle sus inquietudes sobre la situación de la libertad de información en el país africano y pedirle que transmita a su homólogo, Ramtane Lamamra, esta preocupación. Argelia ocupa en la actualidad el puesto 121 de los 180 países que conforman la Clasificación de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. Nuestra organización se ha hecho eco recientemente de una serie de peticiones de periodistas que cubren las manifestaciones de protesta contra la voluntad de Abdelaziz Bouteflika de presentarse a una cuarta reelección. Además, resulta urgente que las autoridades argelinas reformen en profundidad el sector de los medios de comunicación para garantizar un verdadero pluralismo informativo, tanto de la prensa escrita como de la audiovisual, y respeten sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de libertades fundamentales, en especial de la libertad de información.

Una campaña presidencial tensa

Varios periodistas que cubrían las manifestaciones convocadas para protestar por la candidatura de Abdelaziz Bouteflika, el 22 de febrero, fueron agredidos por las fuerzas de seguridad, una actitud claramente contraria a la resolución adoptada el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que resalta el rol de los profesionales de los medios de comunicación en la cobertura de manifestaciones. La resolución insta igualmente a los Estados a garantizar su seguridad en dicho ejercicio de su profesión.

El 1 de marzo, en la manifestación organizada frente a la facultad Benyoucef-Benkhedda, la periodista de Echorouk TV, Zineb Benzita, denunció haber sido detenida pese a no participar en la manifestación. Meziane Abane, periodista de Al-Watan Week-end y miembro del movimiento “Barakat”, fue también detenido el 17 de marzo en su cuarto del hotel Batna (a 500 km de Argel). Abane preparaba un reportaje sobre los incidentes que tuvieron lugar en la región después de que el anterior Primer Ministro y actual director de campaña de Bouteflika, Abdelmalek Sellal, ridiculizase ante los medios a un ciudadano por sus orígenes. El periodista fue detenido y llevado a comisaría, donde fue interrogado y puesto en libertad poco después.

El caricaturista de La Voix de l’Oranie, Djamel Ghanem, está acusado de «insulto al Presidente de la República» por una caricatura no firmada, y jamás publicada, que aludía a un posible cuarto mandato de Bouteflika. Acusado desde el 20 de noviembre de 2013, Ghanem afirma que sus declaraciones ante un juez de instrucción fueron obtenidas bajo presión. El caricaturista ha recurrido su sentencia original que le enfrenta a 18 meses de cárcel. Por su seguridad y la de su familia, Ghanem ha decidido dejar Argelia y ha pedido asilo a Francia.

También los corresponsales de la prensa extranjera sufren el acoso de las autoridades, que les han obligado desde marzo a comunicar al ministerio de Comunicación todos sus desplazamientos al exterior de la provincia de Argel.

Pluralismo de fachada

La cantidad de periódicos disponibles en Argel puede llevar a imaginar una prensa prolífica y una situación de auténtica libertad de expresión e información. Los quioscos de la capital tienen casi diariamente 80 cabeceras, especialmente en árabe, sin embargo la realidad de la situación de la libertad de prensa, y en concreto de los medios de comunicación, dista mucho de ese pluralismo aparente. Muchos de esos medios de comunicación pertenecen a empresarios ligados a los intereses del Estado. En realidad, como recogía el Informe de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, publicado el 12 de junio de 2012, en Argelia los periódicos verdaderamente independientes son menos de seis.

En lo que respecta a los medios audiovisuales, se espera que la nueva ley, adoptada el 20 de enero de 2014, ponga fin al monopolio público de las cadenas. En los 113 artículos del nuevo texto legislativo se regula el nuevo espectro audiovisual y su funcionamiento, pero no entrará en vigor hasta el próximo 17 de abril. De ser finalmente aplicado permitirá, por primera vez desde la introducción de la televisión en Argelia, que se ponga fin al monopolio público de los medios audiovisuales del país. Sin embargo, la nueva ley regula también los tiempos y las emisiones de información de los nuevos canales privados. Creará también un órgano regulador, la ARAB, que ya despierta suspicacias por su posible falta de independencia: sus miembros serán nombrados por Decreto presidencial y cinco de ellos serán nombrados directamente por el Presidente de la República. Diversas organizaciones han protestado ya por ello. Esta autoridad reguladora tendrá también la potestad de determinar la duración de los informativos en los canales privados y podrá dar acreditaciones que controlen qué canales extranjeros se pueden ver en el país. Algunos, como Annahar TV y Echourouk TV ya operan en Argelia. El hecho de que todos adopten una linea progubernamental sugiere que es una condición para obtener la acreditación.

El caso de Al-Atlas TV, una cadena extranjera que empezó a emitir en marzo de 2013, es ilustrativo. El mes pasado sufrió tres redadas en su sede. En la primera, el 11 de marzo, agentes de la policía estuvieron 16 horas en su oficina. La siguiente, sin orden judicial, tuvo lugar en el estudio situado a 25 km de Argel, desde donde se emite la señal de la cadena Al-Atlas. Al día siguiente la policía, ya en compañía de un fiscal, incautó los equipos y selló las salas de informática. Según la información de Algérie Focus, las autoridades argelinas estarían detrás de la presión ejercida contra el satélite jordano Noorsat para cerrar la emisión de Al-Atlas. El cuerpo directivo de Al-Atlas TV afirma que son objeto del acoso de las autoridades por su cobertura crítica a las actividades del gobierno de Bourteflika. La cadena también ha cubierto las manifestaciones de protesta contra el Presidente.

Como resultado de todo ello, sólo curto canales Estatales están cubriendo la campaña electoral. Resulta también necesario seguir vigilando la actividad de los medios en Argelia ante la posibilidad de que los canales privados terminen en manos de poderosos empresarios con vínculos entre la elite política y las fuerzas armadas del país. De ocurrir así, el fin del monopolio estatal de los medios traería pocos cambios a la realidad informativa del país.

Además, los medios impresos, plurales desde la década de los 90, siguen sufriendo las prácticas monopolizadoras del Estado, especialmente en materia de impresión y distribución. La mayoría depende de las casas de impresión controladas por el Estado (como la Sociedad de Impresión de Argel) y de sus redes de distribución. El Estado puede así actuar como filtro y decidir qué publicaciones se imprimen y distribuyen.

La publicidad también ejerce como medida de presión a la prensa. La Agencia Nacional de Publicaciones y publicidad (ANEP), creada en 1967, distribuye publicidad de agencias y empresas estatales. La publicidad estatal es la mayor fuente de financiación de los medios impresos, que dependen siempre de su renovación. El sector privado de la publicidad a menudo proviene de empresas que apoyan a la élite política y obliga a los periódicos a doblegarse ante las exigencias de los departamentos militares y de Inteligencia.

Por todo ello, resulta fácil el control económico por parte del Gobierno de los periódicos. Numerosos medios han intentando librarse de esta tutela, pero las autoridades aún tienen otra herramienta con la que presionar: los impuestos, una amenaza constante sobre los medios privados en Argelia.

Necesidad de una reforma legislativa

Como dijo el Relator Especial de Naciones Unidas , «el actual marco legal sigue siendo restrictivo» en Argelia. Pese a las promesas de las autoridades cuando elaboraron el borrador de la nueva ley de Información sobre libertad de expresión y derecho a la información, lo cierto es que estos derechos no están lo suficientemente garantizados.

La ley, adoptada el 14 de diciembre de 2011, fue enseguida cuestionada por partidos de la oposición, periodistas y grupos de derechos humanos. Pese a que su artículo 2 garantiza el «libre ejercicio de la difusión de noticias», el texto legal es ampliamente restrictivo cuando condiciona esa libertad a varios aspectos, entre otros el «respeto a la identidad nacional», «los intereses económicos» y el «orden público». Estas restricciones también se aplican a los medios electrónicos.

Muchas de las disposiciones restringen la libertad de información de una manera desproporcionada. El artículo 112 contempla la responsabilidad de cualquier «persona o entidad» de informaciones que «ataquen los valores o intereses nacionales»; el artículo 123 la responsabilidad de «causar ofensas a los representantes del Estado»; y el 199 la de «publicar documentos que violan la confidencialidad de una investigación judicial».  

La ley impone numerosos obstáculos a la difusión y creación de medios de comunicación. El artículo 11 garantiza el derecho de cualquier persona a «publicar periódicamente», pero estipula que toda publicación requiere una aprobación oficial. Muchas de las restricciones se estipulan para las publicaciones extranjeras, que están sometidas a un control del ministerio de Comunicación, según el artículo 22 de la ley.

El informe del Relator Espacial determina que «no debe haber ningún mecanismo oficial o de facto del que dependan este tipo de autorizaciones». Numerosos sindicatos y ONGs presentaron una solicitud de poner en marcha una publicación bajo el artículo 4 de la ley de Información, pero fue rechazada por las autoridades.

La creación de un órgano regulador de los medios es positiva en principio, pero sigue habiendo dudas sobre su composición y sus poderes. Según el artículo 50, tres de sus miembros, incluida la presidencia, serán nombrados directamente por el Presidente. El portavoz de la Asamblea Nacional nombrará otros dos y el portavoz del Senado otros dos. Los siete miembros restantes serán elegios por mayoría absoluta entre periodistas de al menos 15 años de experiencia. Como el Relator Especial de Naciones Unidas, RSF también teme que este nuevo organismo termine siendo una herramienta más para restringir las libertades a los medios.

Continuo riesgo de encarcelamiento

La Ley 11-14, de 2 de agosto de 2011, despenalizó la difamación a funcionarios del Gobierno, enmendando los artículos 144 (b) y 146 del Código Penal. Igualmente, la ley 12.05 de información terminó con las penas de cárcel para las ofensas de la prensa. Ambas legislaciones deberían haber conseguido enterrar la amenaza de prisión para los profesionales de los medios de comunicación, pero, además de las elevadas multas que contempla la ley, los artículos 296 y 298 del Código Penal mantienen las penas de cárcel por difamación a personas individuales.

Mientras que los procesos judiciales contra periodistas o medios de comunicación pueden haberse ralentizado o incluso «olvidado», lo cierto es que la amenaza de un posible enjuiciamiento instaura en muchos periodistas la autocensura.

Agradeciendo de antemano su atención,
Atentamente
Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras