- Para Reporteros sin Fronteras es “un procedimiento condenable que agrava los conflictos”
Reporteros sin Fronteras expresa su total desaprobación por el bloqueo que impidió la distribución de tres periódicos argentinos: Clarín, Olé (diario deportivo que pertenece al grupo de Clarín) y La Nación, el 26 y 27 de marzo de 2011.
Interceptados a la salida de la imprenta la noche del 26 de marzo y retenidos durante doce horas, los ejemplares de Clarín y Olé no pudieron llegar a los quioscos. De una menor duración, el bloqueo infligido a La Nación causó importantes retrasos en su distribución.
“Obstaculizar la difusión de un periódico constituye en sí un ataque a la libertad de publicación, que es un componente de la libertad de expresión. Condenamos este procedimiento, que no hace sino agravar e incluso mezclar diversos conflictos que afectan al sector de la prensa privada mayoritaria. Exigiendo una investigación por este bloqueo, que viola dos resoluciones judiciales a favor de la libre circulación de los periódicos, pedimos a las partes involucradas, ya sean políticas, sindicales o de los medios de comunicación implicados, que no cedan a una escalada que confundiría las cuestiones de fondo sin resolverlas”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Origen sindical del conflicto
El bloqueo del 26 de marzo tiene su origen en un conflicto sindical entre la dirección del grupo Clarín y los empleados de las Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), filial de Clarín encargada de la impresión de folletos y encartes privados.
Los trabajadores de las AGR denuncian una “persecución gremial” por parte de Clarín, según las palabras uno de sus delegados, Luis Siri. De acuerdo con nuestras informaciones, desde que, en el año 2000, el grupo de prensa despidió a 117 empleados incluida la comisión interna, no volvió a permitir que sus trabajadores pudieran elegir delegados que los representen.
Se trata de la quinta protesta de este tipo de los empleados de las AGR, pero es la primera que desemboca en un bloqueo total de la distribución. Anteriormente, frente a la obstaculización de la circulación de los periódicos, la justicia dio dos veces la razón al grupo Clarín. Sin embargo, la justicia emitió también cinco fallos a favor de los trabajadores por cuestiones laborales que la empresa desoyó.
Del lado del grupo de prensa cuestionan la pasividad de la policía federal pues, de hecho, la justicia había emitido dos fallos a favor de Clarín para garantizar la libre circulación de los periódicos. También señalan la responsabilidad directa en el bloqueo de Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros e hijo de Hugo Moyano, líder de la Confederación Sindical del Trabajo (CGT). El bloqueo ocurrió precisamente cuando Clarín iba a publicar en su edición dominical un artículo sobre la investigación judicial del patrimonio del camionero.
Derivaciones políticas
Por otra parte, el conflicto se dirige hacia el terreno político, donde la oposición al gobierno de Cristina Kirchner hizo suya la causa del grupo Clarín y convocó en el Congreso, el 30 de marzo, a la Ministra de Seguridad, Nilda Garré. En conflicto abierto con la Casa Rosada, el grupo Clarín es, al mismo tiempo, el primer afectado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que le obliga a devolver a plazos una parte de sus frecuencias.
Reporteros sin Fronteras ha apoyado esta ley en nombre de la necesaria desconcentración y del pluralismo de los medios de comunicación. Nuestra organización mantiene su posición en este asunto (leer también el artículo publicado en el diario Página 12 el 20 de octubre de 2010: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/155369-49849-2010-10-20.html).
“El contexto de la ley SCA evidentemente pesa en el presente conflicto, incluso si se trata de un tema diferente. Precisamente por ello deseamos que se evite toda confusión. La cuestión de la representatividad sindical denunciada por los empleados de las AGR es una asunto, y el grupo Clarín debe responder a este nivel. La responsabilidad de la fuerza pública en el bloqueo de la distribución de los periódicos es otra y el poder ejecutivo debe dar explicaciones. Finalmente, este episodio no debe interferir de ninguna manera con la ley SCA, que tiene que aplicarse conforme a su espíritu”, agregó Reporteros sin Fronteras.
