En solo cuatro meses, se han registrado 450 violaciones de la libertad de prensa en Bielorrusia. Reporteros sin Fronteras (RSF) presenta una serie de recomendaciones destinadas a finalizar con una represión que alcanza una magnitud sin precedentes en el país.

Bielorrusia consolida su posición como el país más peligroso de Europa para los periodistas. Desde el 9 de agosto, han sido detenidos cerca de 370 periodistas y 8 de ellos se encuentran actualmente en prisión por el simple hecho de hacer su trabajo. Las fuerzas del orden atacan de forma violenta y deliberada a los reporteros que cubren las protestas con un objetivo claro: amordazar a la prensa para hacer que «desaparezcan» los movimientos de protesta, tal como demuestran los datos recopilados por RSF y su socio local, la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ, por sus siglas en inglés).

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INFRACCIONES

Antes de que se produjese el estallido, al día siguiente de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, se venían registrando violaciones de la libertad de prensa desde el inicio de la campaña electoral, que comenzó el 8 de mayo de 2020. En cuatro meses, el número de agresiones se ha cuadruplicado. Además de las numerosas detenciones arbitrarias, retiradas masivas de acreditaciones, registros, o cortes y censura de Internet, los obstáculos a la impresión y distribución de periódicos se han convertido en la batalla diaria para los medios de comunicación, que trabajan en un clima cada vez más hostil.

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DETENCIONES

De las casi 370 detenciones de periodistas que se produjeron entre el 9 de agosto y el 30 de noviembre, unas 80 derivaron en una pena de cárcel. Las autoridades niegan el derecho a cubrir los sucesos que sacuden al país desde hace cuatro meses: casi todos los procesamientos se sustentan en una presunta “participación en una asamblea ilegal” o “desobediencia a la policía”, en juicios injustos con “testigos” a veces anónimos o ausentes.

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Uno de cada dos periodistas detenidos acaba condenado

Las detenciones derivan en condena con cada vez más frecuencia. Más de un tercio del total de encarcelamientos de periodistas se produjeron en noviembre. Durante el mismo período, casi la mitad de los periodistas detenidos fueron enviados a prisión, en comparación con el mes de agosto, cuando la proporción era de menos del 10%.

Penas cada vez más largas

El período que un periodista pasa detenido en Bielorrusia no deja de aumentar desde las elecciones presidenciales. Las condenas son cada vez más duras: en agosto, un periodista era sentenciado a cinco días de prisión como promedio, mientras que ahora le espera una media de 13 días entre rejas. Otro indicio de endurecimiento del régimen es el hecho de que, desde noviembre, al menos siete periodistas han sido procesados o amenazados con un juicio penal y corren el riesgo de permanecer muchos años en la cárcel.

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CASOS DE TORTURA Y MALOS TRATOS

Al menos 62 periodistas han sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso tortura bajo custodia, según la BAJ. Es el caso de Rouslan Koulevich, de hrodna.life, brutalmente detenido y amenazado de muerte el 11 de agosto en Hrodna, al oeste del país, cuando vestía un chaleco de «prensa». Tuvo que ser hospitalizado tras su liberación, dos días después, por fracturas en ambos antebrazos y una conmoción cerebral causadas por las golpizas recibidas en la detención, durante la que estuvo privado de atención médica y de alimentos. A pesar de los evidentes signos de violencia, no se abrió ninguna investigación ni se produjo ninguna sanción. En Hrodna, como en cualquier otro lugar de Bielorrusia, la policía y los guardias penitenciarios actúan con total impunidad.

Recomendaciones para acabar con la represión

Para poner fin a esta represión y sentar las nuevas bases de la libertad de prensa en Bielorrusia, RSF dirige 15 recomendaciones a las autoridades bielorrusas y a los organismos internacionales. En particular, pide a la Unión Europea que congele cualquier remesa de ayuda financiera a este país vecino mientras se sigan violando los derechos humanos.

A las autoridades bielorrusas:

1. Según las recomendaciones del Representante de la OSCE para la Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, emitidas el 5 de noviembre de 2020 en el marco del Mecanismo de Moscú, RSF aboga por:

• • Proporcionar un entorno seguro y favorable para el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación;
  • Velar por la seguridad de todos los periodistas y abstenerse de cualquier persecución relacionada con el ejercicio de sus funciones, o de poner obstáculos a su actividad, por ejemplo, requisando y dañando su material;
  • Procesar y juzgar a las personas acusadas de cometer violaciones de la libertad de prensa según los estándares internacionales.
  • Investigar sin demora, por parte de un organismo independiente, todas las denuncias de tortura, malos tratos, violencia sexual o desaparición;
  • Facilitar la acreditación de periodistas extranjeros;
  • Abstenerse de cualquier interferencia en el acceso a Internet, incluida la red de datos móviles; y poner fin a la censura y al bloqueo de webs de noticias, así como a cualquier restricción impuesta a los blogueros;
  • Que acabe la persecución del Ministerio de Información contra el digital de información TUT.by, al que no reconoce la categoría de medio de comunicación de masas, y que se desbloqueen las 70 web que actualmente son inaccesibles;
  • Permitir el acceso de los medios impresos independientes a los servicios de imprenta y distribución;
  • Terminar con la obligación de todos los medios de conservar registros y de revelar a las autoridades los nombres de quienes envían comentarios;

2. Abandonar los procesos penales y administrativos abiertos contra periodistas que solo hayan hecho su trabajo; revisar las decisiones penales y administrativas dictadas contra periodistas que solo hayan ejercido su profesión;
3. Facilitar la visita al país del Representante de la OSCE y de expertos independientes de las Naciones Unidas; facilitar los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU;
4. Participar en el proceso de adhesión al Consejo de Europa, mediante el que Bielorrusia se comprometería a cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, a aceptar la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta forma, el país podrá beneficiarse de la asistencia técnica que proporciona con ese fin la Comisión de Venecia para la democracia y el estado de Derecho.

A las instituciones europeas y los Estados miembros:

5. Brindar y fortalecer el apoyo a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación amenazados, como, por ejemplo, el paso seguro por sus países, refugio y asistencia médica si es necesario.

– Comisión y Consejo de la UE:

6. Congelar todas las ayudas financieras a Bielorrusia que procedan del Instrumento Europeo de Vecindad * hasta que se respeten los valores comunes y los valores fundamentales universales, el estado de Derecho y los derechos humanos.

* * (con excepción de las ayudas destinadas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil y actores no estatales en sus actividades de promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales)

 – Consejo de la UE:

7. Insistir en las sanciones económicas y otras medidas restrictivas contra las personas físicas y jurídicas involucradas -o que apoyen- en infracciones de las normas electorales internacionales y del derecho internacional relativas a los derechos humanos, sobre todo las violaciones de la libertad de expresión y de prensa.
8. Suspender total o parcialmente la financiación de la Unión Europea en caso de deterioro grave o persistente de la democracia, los derechos humanos o el estado de Derecho en Bielorrusia. Con este fin, acelerar la aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que brinda esta posibilidad a la Comisión en el marco de su política de vecindad

Al Consejo de Europa:

9. Incluir la promoción y mejora de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el pluralismo, hasta ahora completamente ausentes del Plan de Acción 2019-2021 para Bielorrusia, convirtiéndola en uno de los objetivos y proyectos prioritarios de cualquier plan de acción futuro, y asignándole los medios y recursos necesarios.

A la OSCE:

10. Condenar sistemáticamente los ataques, la intimidación, y la censura de periodistas y medios en Bielorrusia, así como exigir investigaciones independientes e imparciales cuando ocurran;
11. Pedir de manera firme y activa la puesta en marcha de las recomendaciones sobre libertad de expresión y prensa dirigidas a las autoridades bielorrusas por el Representante de la OSCE;
12. Establecer un meticuloso mecanismo de observación de las medidas que las autoridades bielorrusas adopten para establecer los derechos humanos, la democracia y el estado de Derecho.

A la ONU:

13.Condenar sistemáticamente los ataques, la intimidación y la censura de periodistas y medios de comunicación en Bielorrusia, a la vez que exigir investigaciones independientes e imparciales cuando se cometan dichos ataques;

14. Trabajar con las autoridades bielorrusas para facilitar la participación de los procedimientos especiales de la ONU en la protección y promoción de los derechos humanos en Bielorrusia y, en particular, la del Relator Especial sobre libertad de expresión.
15. Trabajar con las autoridades bielorrusas para abrir rápidamente una oficina de representación permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de proporcionar asistencia concreta para que cambien las prácticas en este terreno, con una atención especial a las mejoras de la libertad de expresión, el pluralismo y la libertad de prensa.

Liderada desde 1994 por Alexander Lukashenko, que es reelegido cada cinco años en la primera ronda, Bielorrusia se encuentra la posición 153 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de RSF.