Dos periodistas del canal de televisión boliviano ATB Cochabamba han sido víctimas de amenazas en pocos días. Reporteros sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación por los escasos avances de las investigaciones, así como por la impunidad, que se ve favorecida por la lentitud de la justicia boliviana.
La periodista de ATB Cochabamba Escarley Pacheco Pardo recibió en su casa una carta manchada de sangre con amenazas de muerte y una bala que «tiene el presio (sic) de tu cabeza». Una semana antes, su colega José Miguel Manzaneda había recibido en su casa un mensaje ensangrentado, enigmático y a la vez explícito: “Cuídate J.M.”.
El equipo de ATB Cochabamba realiza investigaciones sobre la corrupción de la policía y ha revelado varios casos de presuntas irregularidades y agresiones cometidas por policías en el ejercicio de sus funciones. Entre éstas se cuentan la violación a una mujer cometida por siete agentes, o la presencia de policías en prostíbulos en sus horas de trabajo. En septiembre pasado, el jefe de la policía de Cochabamba amenazó a Escarley Pacheco Pardo cuando ésta lo entrevistaba sobre una denuncia en su contra por violencia familiar.
Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió de inmediato que se abriera una investigación por los hechos y el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo a ATB que ofrecía “todas las garantías a los periodistas para que realicen su trabajo”, la investigación judicial no ha avanzado. De forma paralela, se han multiplicado los insultos y los ataques verbales en las redes sociales contra el canal ATB y sus periodistas.
“Reporteros Sin Fronteras expresa su preocupación por el estancamiento de las investigaciones más de tres semanas después de la primera amenaza”, señaló Claire San Filippo, responsable para América de la organización. “Hacemos un llamamiento a las autoridades para que los autores de las amenazas y las agresiones contra periodistas rindan cuentas ante la justicia a fin de acabar con la impunidad de la que gozan. La lentitud o la inacción de la justicia boliviana favorece muy a menudo la impunidad en que permanecen las agresiones a quienes se dedican a la información en el país”, añadió.
RSF ha dado seguimiento a media docena de casos de investigaciones judiciales sobre asesinatos y agresiones a periodistas bolivianos en los que se registra un retraso injustificado.
No se ha ofrecido ningún resultado concluyente a la familia de Carlos Quispe, periodista que perdió la vida en marzo de 2008 después de ser gravemente herido en un violento ataque a su medio de comunicación; lo mismo sucede en el caso del asesinato por estrangulamiento de Verónica Peñasco Layme y Víctor Hugo Peñasco Layme en El Alto, municipio que forma parte del área metropolitana de La Paz, en febrero de 2012. Las investigaciones sobre el atentado contra la Radio Popular FM en Yacuiba en 2012, en el departamento de Tarija (al sur del país), y la desaparición del periodista de Red Plus TV Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes, también en Tarija, en enero de 2014, tampoco han avanzado.
Bolivia se encuentra en el lugar 94, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
