El 25 de junio 2020 se presentó ante el Senado de Brasil un proyecto de ley para luchar contra la difusión de información falsa, que contempla medidas que amenazan gravemente la libertad de información y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Reporteros sin Fronteras (RSF) recomienda que se retire este proyecto de ley y se realice una amplia consulta pública para que se elabore un nuevo texto que respete los estándares internacionales de libertad de expresión.
El proyecto de “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (proyecto de Ley 2.630/2020- Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet), debatido apresuradamente y en condiciones inusuales debido a la pandemia de coronavirus, propone luchar contra la “industria de las fake news” en el país.
La votación de este proyecto fue pospuesta dos veces consecutivas en junio pasado, bajo la presión de numerosas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas RSF– y tras varias divergencias entre los parlamentarios. El texto sometido a votación en el Senado el 25 de junio de 2020 incluye medidas muy preocupantes, como el establecimiento de un sistema de vigilancia masiva de los internautas. Asimismo, prevé sanciones desproporcionadas que amenazan directamente la libertad de expresión y de opinión, así como el respeto de la privacidad de los ciudadanos en internet.
Estos son algunos de los elementos más preocupantes del texto:
- Todos los usuarios de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea se verán obligados a presentar sus documentos de identidad y a contar con un número de teléfono móvil activo, lo que de hecho equivale a privar a miles de brasileños del acceso a estos servicios básicos.
- Las plataformas de almacenamiento de datos y las aplicaciones de mensajería instantánea deberán conservar los registros, durante al menos cuatro meses, de todos los mensajes compartidos e intercambiados. Esto significa que cualquier persona (periodista, investigador, parlamentario, etc.) que comparta y/o denuncie un contenido sospechoso deberá probar después que no tiene ninguna relación con las organizaciones o individuos que difunden información falsa de forma masiva e intencionada.
El objetivo de estas dos obligaciones es poder rastrear el origen de las campañas de desinformación, para identificar y sancionar a los autores. El rastreo de información compartida a través de aplicaciones de mensajería privada atenta gravemente contra el derecho a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Asimismo, la instauración de este mecanismo de vigilancia obligará a las empresas a adoptar disposiciones que limiten la protección de la privacidad de los usuarios de sus servicios, sin garantías de que quienes han generado las campañas de desinformación no puedan eludir estos dispositivos.
- El endurecimiento de las penas para sancionar a quienes propaguen información falsa.
Los criterios elegidos para identificar la información falsa son ambiguos a propósito y se basan en conceptos demasiado amplios, como “las preferencias políticas”, o las amenazas para “la paz social” y “el orden económico”. Esto deja la puerta abierta a interpretaciones y, por tanto, a imponer sanciones desproporcionadas a personas que toman partido y a publicaciones legítimas.
- El bloqueo generalizado y nacional de las redes sociales y de los servicios de mensajería instantánea que no respeten las nuevas obligaciones.
En Brasil, recientemente las autoridades judiciales suspendieron plataformas y servicios como Whatsapp y Youtube. Se trata de una solución inadecuada y contraproducente, que podría equipararse a un intento de censura y que afecta a todos sus usuarios, privándolos del acceso a la información.
Por otra parte, el bloqueo de servicios de mensajería dificulta el trabajo de los periodistas, sobre todo de aquellos que, para proteger a sus fuentes, emplean tecnologías de cifrado.
“Un asunto tan importante como la desinformación no puede debatirse de forma precipitada, sino que requiere una amplia consulta en la que participen todos los actores de la sociedad. Los parlamentarios brasileños no pueden ignorar la amenaza que representa este proyecto de ley para el futuro de las libertades en línea y para la democracia en general”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Es muy preocupante la insistencia del Senado para que se apruebe esta ley mientras Brasil se ve duramente golpeado por la pandemia de Covid19 y los ataques a periodistas se agravan en el país. RSF pide que se retire este texto y que se lleve a cabo un verdadero debate sobre el tema, a fin de que se elabore una nueva propuesta legislativa que respete las normas de libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los internautas”, añadió.
Este tipo de regulaciones pueden tener consecuencias nefastas. A escala internacional, RSF registra cada vez más casos de periodistas perseguidos en nombre de la lucha contra la desinformación en línea, cuando lo único que hacen es su trabajo.
Por otra parte, castigar la difusión de “noticias falsas” equivale a suprimir el derecho de rectificación de los periodistas. Algunas leyes prevén penas muy severas sin tomar en cuenta la intención de los reporteros, que a veces simplemente se equivocan. En cualquier caso, existe una desproporción entre la información, incluso aunque resulte falsa, y la sanción.
Para luchar contra la desinformación en línea, RSF recomienda a las autoridades brasileñas que promuevan mecanismos de autorregulación que fomenten el respeto de las normas y la ética periodísticas, como la Iniciativa de Confianza en el Periodismo (Journalism Trust Initiative, JTI).
Esta iniciativa, lanzada por RSF y sus colaboradores, busca ser una referencia para un periodismo confiable, por lo que ofrece indicadores de fiabilidad e independencia de la información. Asimismo, permite a los medios de comunicación autoevaluarse, adherirse a estas normas y publicar voluntariamente los resultados. Entre los indicadores se incluyen la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y sus fuentes de ingresos, así como otras buenas prácticas.
Las plataformas también pueden emplear estos estándares como “factor de integridad” de sus algoritmos. La indexación de contenidos se basa en numerosos elementos, pero hasta ahora, no se había hecho según procesos editoriales y principios periodísticos básicos.
Brasil se encuentra en el lugar 107, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada en 2020 por RSF.
