Desde el ataque a las instituciones democráticas en Brasilia, el 8 de enero, al menos 35 periodistas han sido agredidos por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país. Mientras los bolsonaristas lanzan nuevas convocatorias de manifestaciones, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al Gobierno federal que vele por que la policía garantice la seguridad de los profesionales de los medios.
El balance de los ataques violentos contra los periodistas no ha dejado de aumentar desde el asalto, el domingo 8 de enero, a las tres instituciones democráticas más importantes de Brasil. Al menos 15 periodistas fueron agredidos mientras cubrían la invasión y el saqueo del palacio presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia por parte de partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Desde entonces, se han registrado al menos otras veinte agresiones a la prensa en otros lugares del país, durante operaciones de desmantelamiento de campamentos de simpatizantes bolsonaristas.
«Urge que los gobernadores de los 27 estados brasileños den instrucciones claras a sus fuerzas policiales para garantizar la seguridad de los periodistas que cubrirán las próximas manifestaciones anunciadas por los partidarios del expresidente. No deben repetirse las escenas de pasividad policial ante las agresiones que sufrieron los periodistas en Brasilia, el 8 de enero, por parte de militantes bolsonaristas», afirma Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.
Varias organizaciones en defensa de la libertad de prensa, entre las que se incluye RSF, formularon esta petición al ministro de la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta, en una reunión celebrada el 9 de enero con periodistas víctimas de agresiones.
Desde que concluyeron las elecciones, en octubre de 2022, hasta la víspera del ataque golpista en Brasilia, la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) han registrado al menos 78 agresiones a periodistas, en particular, casos de acoso, agresiones físicas, amenazas, destrucción de material y ataques a las sedes de dos medios de comunicación.
El Ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, condenó la violencia contra la prensa, reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Lula da Silva con la libertad de información y se comprometió a priorizar la identificación de los responsables de estos ataques. La policía civil del Distrito Federal pondrá en marcha una operación especial para entrevistar a los periodistas agredidos. El ministro aseguró que este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados y que el nuevo Gobierno se esforzará por erradicar el clima de hostilidad hacia la prensa que se instauró durante el mandato de Bolsonaro.
Después de cuatro años de un Gobierno abiertamente hostil a la prensa, la reunión de urgencia convocada por la Administración de Lula puede ser considerada como un avance en las relaciones entre las autoridades brasileñas y los periodistas.
Brasil ocupa el puesto 110 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.