Las autoridades de Burundi han desatado un nuevo y vigoroso asalto a la libertad de expresión en los últimos días, con detenciones de periodistas y censura de los medios de comunicación susceptibles de criticar el régimen autoritario del presidente Pierre Nkurunziza.
En una orden emitida el 24 de octubre, el ministro del Interior y de Formación Patriótica, Pascal Barangadyie, anunció el cierre temporal de cinco asociaciones de ciudadanos y de derechos humanos por «ser susceptibles de alterar el orden y la seguridad del Estado». Entre ellos se cuenta la Unión de Periodistas de Burundi (UBJ), que ha condenado en repetidas ocasiones las violaciones de la libertad de prensa desde la crisis política se inició en mayo de 2015. Otras organizaciones de derechos humanos fueron suspendidas la víspera.
En un comunicado emitido ese mismo día, el jefe del Consejo Nacional de Comunicaciones (CNC), Karenga Ramhadani, anunció una serie de medidas adicionales que infringen la libertad de información.
Primero fue anunciado que «Karadiridimba» (los que progresan), un programa en Radio Isanganiro en el que la diáspora de Burundi expresar sus puntos de vista, se suspendía durante un mes por emitir «una canción no conforme con la profesionalidad de los medios y los valores democráticos y éticos». El título de la canción, en idioma kirundi, significa «derechos humanos para los periodistas».
Por su parte, el presidente del Senado, Révérien Ndikuriyo, acaba de abrir una nueva emisora de radio comunitaria que también da la voz a las opiniones de quienes se han marchado de Burundi, aunque son afines al gobierno. Ndikuriyo causó una polémica hace un año cuando recomendó «pulverizar» los barrios contestatarios de la capital después de una reunión en el ayuntamiento de Bujumbura, declaraciones que se grabaron sin su conocimiento.
El comunicado del CNC también anunciaba que Buja FM, que antes se llamaba Radio 10, iba a ser suspendida durante un mes y que se le prohibía usar su nuevo nombre. Filial de una radio de Ruanda, Buja FM cambió de nombre en un intento de escapar de la persecución de las autoridades. Ahora tiene prohibido emitir.
Por último, el comunicado reitera que está prohibido para cualquier medio de comunicación emplear a un periodista burundés o extranjero cuyo nombre no figure en el registro nacional de prensa. Al darle al gobierno un control total sobre quién puede ser periodista en Burundi, esta prohibición constituye una grave violación de la pluralidad de opiniones.
«Estas nuevas restricciones a la libertad de expresión y de información confirman que el gobierno ha optado por recrudecer el autoritarismo, que ataja cualquier punto de vista diferente al suyo y que está aumentando el aislamiento de la población de Burundi, a la que ya le está negado el acceso a casi cualquier reportaje objetivo «, apunta Cléa Kahn-Sriber, responsable para África de Reporteros Sin Fronteras.
«La criminalización de los periodistas y asociaciones que son el alma de cualquier sociedad muestra que los líderes de Burundi están mucho más interesados en mantenerse en el poder que en la suerte de sus conciudadanos. Instamos a las autoridades a recordar sus obligaciones políticas y democráticas y a reabrir el espacio para la sociedad civil».
Los anuncios se produjeron un día después de que los soldados detuvieran a la periodista estadounidense Julia Steers y al periodista burundés Gildas Yihundimpudu, que trabajaba como su fixer. Steers realizaba un reportaje en Mutakura, el distrito de Bujumbura que fue el epicentro de una ola de protestas contra el presidente Nkurunziza en la primavera de 2015.
La periodista estadounidense fue entregada a la embajada de su país después de que el CNC verificase su acreditación, pero Yihundimpudu y su conductor de Burundi, que también fue detenido, pasaron la noche en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SNR).
Las autoridades acusan a Gildas Yihundimpudu, que también trabaja para la BBC, de no estar inscrito en el CNC. También está acusado de «intentar destruir las pruebas de los crímenes cometidos por los insurgentes» en relación con de una fosa común, descubierta hace unos meses, cerca del lugar donde él y Steers fueron detenidos.
El jefe de policía Pierre Nkurukiye dijo a Radio France Internationale que el periodista todavía se enfrenta a cargos a pesar de haber sido puesto en libertad.
Dos semanas antes, el 7 de octubre, la policía detuvo a la periodista Fidelité Ishatse, de La Voz de América, cuando hacía un reportaje sobre microfinanzas en la ciudad suroriental de Bukemba. La retuvieron durante varias horas porque no había informado a las autoridades locales de su presencia.
Otros periodistas también siguen siendo detenidos y sometidos a la intimidación. Y todavía no hay noticias sobre el destino de Jean Bigirimana, que lleva desaparecido desde el 22 de julio. Reporteros Sin Fronteras ha lanzado una petición para que se emprenda una investigación sobre su desaparición.
Burundi ocupa el puesto número 156, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras, después de perder once posiciones como resultado de la represión contra los medios de comunicación y la sociedad civil que comenzó en 2015. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
