| La justicia militar de Chile viola el secreto de fuentes en un caso de malversación de fondos
27.11.2015 15:40
Desde inicios de octubre, la IV Fiscalía Militar ha citado a varios miembros de la redacción de la revista política The Clinic para intentar descubrir las fuentes que les proporcionaron información sobre un caso de corrupción y desvío de recursos públicos en el que están implicados numerosos oficiales del ejército chileno, un escándalo conocido ahora como el ‘Milicogate’.
El juez militar Rodrigo Acevedo ha citado al periodista y autor del reportaje, Mauricio Weibel Barahona; al propietario y representante legal de The Clinic, Pablo Dittborn; al director de la publicación, Patricio Fernández, y a la editora Andrea Moletto.
Sin embargo, la justicia militar carece de facultades para investigar casos civiles desde 2011 en Chile y, en teoría, sólo debe tratar los expedientes relacionados directamente con el ejército. Según la versión oficial, estas cuatro personas han sido citadas a comparecer como testigos, pero en realidad les convocaro convocadas para que revelaran sus fuentes. Esto, a pesar de que Ley de Prensa chilena, al igual que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que el Estado chileno tiene la obligación de respetar– garantizan el respeto del secreto de fuentes.
“Esta violación del secreto de fuentes y este intento de intimidación por parte de la justicia militar chilena es intolerable, se trata de un ataque grave a la libertad de prensa y a la democracia en Chile», afirma Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras. «Pedimos a las autoridades chilenas que respeten la Ley de Prensa, así como sus compromisos internacionales», añade.
El Milicogate se dio a conocer a través de una serie de reportajes realizados por Mauricio Weibel, publicados en The Clinic en agosto de 2015. Estos reportajes revelaron que existía una gran operación de desvío de fondos públicos, llevada a cabo por oficiales y miembros del ejército de chileno entre 2010 y 2014.
El monto de los recursos desviados ascendería a varios millones de dólares y el dinero se habría utilizado para pagar viajes, fiestas, comprar caballos, e incluso en casinos.
Hasta ahora el gobierno chileno ha mantenido una postura discreta y no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo de corrupción ni sobre los métodos empleados por la Justicia Militar para intentar acallar el caso. Un silencio preocupante, puesto que es la primera vez en el país que la justicia militar procede a este tipo de interrogatorios de periodistas.
En 2012 y 2013 Mauricio Weibel estuvo bajo protección policial tras haber publicado un libro con información de archivos desclasificados sobre la dictadura militar de Chile (1973-1990). Recibió numerosas amenazas robaron su casa y su material profesional.
Chile se encuentra en el lugar 43, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 publicada por Reporteros Sin Fronteras.
