En vísperas de las elecciones generales del 17 de noviembre de 2013, Reporteros Sin Fronteras hace un llamamiento a los candidatos a la presidencia de la República de Chile para que se comprometan de manera firme a favor de la democratización del espacio de comunicación y de información. Esta petición se dirige en particular a las dos principales candidatas de estos comicios: Michelle Bachelet, quien ya ocupó el Palacio de la Moneda de 2006 a 2010, y Evelyn Matthei.
A diferencia de otros países cercanos como Argentina o Uruguay, Chile nunca ha cuestionado el marco de regulación establecido bajo la dictadura militar (1973-1990). Durante los 21 años que han pasado desde que el país retornó a la democracia, los gobiernos de la Concertación por la Democracia –entre ellos el de Michelle Bachelet– nunca han reformado este sistema de concentración privada que se opone, por su esencia, al pluralismo.
Es urgente que se ponga fin a los mecanismos que permiten que dicho sistema subsista. El primero de ellos tiene que ver con las subvenciones públicas destinadas a la prensa escrita, de las cuales sólo se benefician los dos grupos nacionales dominantes: El Mercurio y Copesa, que poseen 95% de las publicaciones.
El segundo concierne a la Ley General de Telecomunicaciones adoptada en 1982 bajo el régimen de Pinochet y que fue complementada posteriormente con el artículo 36B, que prevé penas de prisión en caso de “operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva” (radiodifusión ilegal). Esta legislación ha convertido al espacio audiovisual en un verdadero coto privado, en claro detrimento de las pequeñas emisoras de radio o televisiones independientes o comunitarias que esperan desde hace años su regularización.
La Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana debe aplicarse. La cesión o reasignación de frecuencias debe llevarse a cabo desde ahora, incluso si el consorcio Iberoamericana Radio Chile (propiedad del grupo español PRISA), que posee 60% de las frecuencias, se niega a cumplir el acuerdo establecido en ese sentido en 2012 entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y las radiodifusoras.
Estas recomendaciones, así como la de la despenalización de los delitos de prensa, también en espera, fueron presentadas por Reporteros Sin Fronteras ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que examinará el caso de Chile en la 18ª sesión del Examen Periódico Universal, prevista para enero-febrero de 2014. ¿Se tomarán en cuenta? Las circunstancias no se perfilan forzosamente en ese sentido.
Ilusiones perdidas
El 13 de agosto pasado el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas escuchó a Mireya Manquepillán, directora de la radio comunitaria Mapuche Kimche Mapu. La periodista dio cuenta de la suerte que corre su comunidad, la cual también puede constatarse en lo que concierne a la información.
El que la directora tomara la palabra pronto propició la reacción del gobierno, que anunció la creación de un plan de radiodifusión indígena para el periodo 2014-2016. “Nos prometieron la creación de treinta nuevas radios, un financiamiento de 10 millones de pesos [unos 15.000 euros] y la creación de un proyecto piloto a finales del mes de octubre para Kimche Mapu. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada. No era más que un simple anuncio”, se lamenta Mireya Manquepillán a Reporteros Sin Fronteras.
En una visita reciente de Reporteros Sin Fronteras a Chile, el director y copropietario de la radio de difusión nacional independiente Bío Bío, Tomás Mosciatti, nos confió sus preocupaciones: “el decreto de 2010 abrió sólo un poco el espectro comunitario para los adeptos a la propaganda municipal y a las prédicas evangélicas, que no tienen de comunitario más que el nombre. Pero de manera general, la audiencia radiofónica ha bajado dramáticamente. Y ya no podemos esperar más renovación por parte de la televisión digital, que sólo generará la creación de pocos canales”.
La Ley de Televisión Digital, aprobada definitivamente por el Senado el 15 de octubre pasado, pero que aún no ha sido promulgada por la Presidencia de la República, ha generado severas críticas, fuera de los principales grupos difusores. La legislación prevé atribuir, en teoría, 40% del nuevo espacio a los medios de comunicación regionales y locales. No obstante, algunos observadores subrayan que tales medios de comunicación no tienen una verdadera independencia.
“La mayoría se ha convertido en apéndice de las principales estaciones nacionales. La ley del mercado decidirá”, considera Tomás Mosciatti. “Esta ley sólo está destinada a mejorar la extensión territorial del sistema mediático existente. Pero eso no desconcentra nada”, denuncian los representantes de la televisión alternativa Señal 3 La Victoria.
La burbuja mediática chilena, que fue blanco de las protestas sociales del año 2011, aún está a la espera una renovación del sector. Esto tendrá un precio: la liquidación de la herencia de Pinochet, que continúa embrujando al país y, por ende, a sus periodistas.
