Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su rechazo a dos proyectos de ley en Chile, conocidos como ‘leyes mordaza’. Dichas reformas legislativas tienen como objetivo sancionar a quienes filtren o divulguen información sobre investigaciones judiciales en curso.
El 5 de abril de 2016, el Senado de Chile aprobó -por 29 votos a favor y 3 en contra- una iniciativa de ley que contempla castigar con penas que van desde los 61 a los 540 días de prisión a quienes revelen a los medios de comunicación información sobre investigaciones judiciales declaradas en reserva.
Al mismo tiempo, se votó en el Senado un proyecto de ley similar –apoyado por el gobierno de Michelle Bachelet–, que prevé sanciones económicas para los periodistas que publiquen información sobre casos judiciales que entren en el ámbito de la ley antiterrorista, así como penas de prisión para los informantes que hayan proporcionado dicha información a la prensa.
Ambos proyectos de ley, denominados ‘leyes mordaza’ por sus detractores, entrarían en vigor el próximo 21 de mayo si son aprobados en la Cámara de Diputados. Las iniciativas han provocado un gran debate en la sociedad chilena y las votaciones han transcurrido en medio de un clima muy tenso, ya que varios políticos –cercanos a la presidencia de Bachelet–, así como importantes empresarios y militares chilenos, están siendo investigados por casos de corrupción, abuso de poder, e incluso financiación ilegal de campaña.
“Reporteros sin Fronteras denuncia las maniobras de los poderes Ejecutivo y Legislativo chilenos. Estas dos iniciativas constituyen un grave atentado contra el derecho a la información, así como una regresión significativa en la democracia de Chile», señaló Emmanuel Colombié, responsable de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
«Los diputados chilenos deben optar por la transparencia y votar contra estas ‘leyes mordaza’, que claramente buscan proteger intereses privados y ocultar información comprometedora para el poder actual», agregó.
Según señaló el presidente de la Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmetsch, es como volver al “secreto de sumario”. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, consideró que estas reformas establecerán “una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales”.
A pesar de que en Chile existe una relativa estabilidad democrática y de su envidiable posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 (ocupa el puesto 31 de 180 países), el país sigue teniendo problemas de corrupción y aún conserva resabios de la dictadura militar.
En noviembre de 2015, Reporteros Sin Fronteras denunció que la justicia militar de Chile había violado el secreto de las fuentes, ya que pidió al semanario The Clinic que dieran a conocer sus fuentes informativas después de que éste destapara un caso de fraude en el que estaban involucrados oficiales del ejército.
