CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2019 | Estados Unidos y Canadá: La prensa, blanco de ataques institucionales

En Estados Unidos y Canadá, dos países históricamente respetuosos de la libertad de prensa, las principales instituciones políticas cuestionan cada vez más el trabajo de los periodistas. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de RSF, Estados Unidos vuelve a perder 3 posiciones, mientras que Canadá conserva su buen resultado.

Tras un segundo año de mandato de Donald Trump, Estados Unidos pierde tres lugares en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y en la nueva edición ocupa el puesto 48 entre 180 países. Desde hace algunos meses Estados Unidos figura en la lista de países más mortíferos del mundo para los periodistas y se sitúa en la categoría “naranja”, donde se encuentran los países en los que la situación es problemática en términos de libertad de prensa. Por su parte, Canadá permanece en el mismo lugar, en la posición 18, aunque esto, más que deberse a mejoras notables, tiene que ver con el deterioro general de la libertad de prensa en el mundo.

De la violencia verbal a la violencia física

Desde que Donald Trump fue elegido presidente, los medios de comunicación estadounidenses deben desempeñar su trabajo en un ambiente cada vez más hostil. En junio de 2018, en la pequeña ciudad de Annapolis, Maryland, sucedió lo peor. Un hombre disparó a los trabajadores del diario local The Capital Gazette, contra el que había desarrollado un odio irracional. Cinco empleados del periódico murieron. Cuatro de ellos eran periodistas.

A pesar de este terrible drama, uno de los peores que ha vivido el periodismo estadounidense, Donald Trump continuó con su campaña de descrédito de la prensa. Ha atacado sin cesar a los medios de comunicación, mostrando su profundo desprecio por la profesión periodística. Periodistas de todo el país, y en particular mujeres y reporteros de origen afroamericano, fueron víctimas de acoso y amenazas de muerte, tanto en Internet como en persona.

En las reuniones en las que participó Donald Trump, los periodistas fueron vilipendiados y hasta agredidos físicamente por los participantes. Medios de comunicación nacionales y locales recibieron amenazas de bomba y paquetes sospechosos, por lo que a veces tuvieron que evacuar sus oficinas. En febrero de 2018 fue detenido un oficial de la Guardia Costera sospechoso de planear un ataque terrorista contra personalidades de los medios de comunicación y políticos (casi todos del Partido Demócrata). Como respuesta a este clima de miedo, periodistas han tenido que recurrir a servicios de protección privados y medios de comunicación de todo el país se han visto obligados a revisar sus dispositivos de seguridad.

Un espacio cada vez más restringido para los periodistas

A las amenazas físicas que padece la prensa estadounidense se suman las batallas judiciales y las grandes dificultades económicas que afrontan los medios de comunicación. Algunas empresas periodísticas han tenido que cerrar y otras, han reducido personal, creando “desiertos mediáticos” por todo el país, ya sea en zonas rurales o urbanas.

En varias ocasiones, las autoridades han denegado el acceso a la información o el ingreso a actos de interés público a periodistas que cubren acontecimientos políticos. La Casa Blanca también ha batido récords de silencio mediático (Trump pasa temporadas considerables sin dar conferencias de prensa) y a veces no se permite a los periodistas tener contacto con el presidente o con su portavoz. En noviembre de 2018 las autoridades le quitaron la acreditación de prensa para cubrir la Casa Blanca a Jim Accosta, reportero de CNN. Tres meses antes habían negado el acceso a una actividad oficial a la reportera Kaitlan Collins, también de CNN, como represalia contra el canal de televisión. Durante las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas en noviembre de 2018 se impidió a periodistas el acceso a ciertas actividades, e incluso a los centros de votación.

En lo que respecta a Canadá, la buena posición que ocupa en la Clasificación de RSF no debe hacer olvidar las tensiones entre las autoridades y los periodistas. En los últimos meses, representantes del gobierno federal han intentado de impedir el acceso de periodistas a acontecimientos de interés público. En enero de 2019, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) impidió a la prensa acceder a territorios autóctonos donde tenía lugar una protesta contra un proyecto de gasoductos. Ben Makuch, periodista de Vice News, recurrió una sentencia que lo obligaba a entregar a la RCMP los registros de las comunicaciones que tuvo con una de sus fuentes informativas. El Tribunal Supremo falló en su contra y confirmó la sentencia. También la periodista de investigación de Radio-Canadá Marie-Maude Denis recibió la orden de revelar sus fuentes informativas. Su caso será examinado por la Corte Suprema en agosto. Radio-Canadá lucha porque se respete la ley escudo (shield law, que data de 2017), relativa a la protección de las fuentes periodísticas.

Repercusión en las fronteras

En las fronteras de Estados Unidos se detiene a menudo a periodistas y la policía realiza prolongados registros en los que revisa sus equipos. Si bien esta práctica lamentable ya se efectuaba antes de que Donald Trump llegara al poder, ahora se realiza con mayor frecuencia. Se registraron numerosos casos en noviembre de 2018, cuando se esperaba la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos en la frontera con México. Por otro lado, para algunos periodistas extranjeros aún sigue siendo difícil obtener un visado para viajar a Estados Unidos. Unas veces, porque han visitado países como Siria o Irán, otras, porque han realizado reportajes sobre grupos que el gobierno considera terroristas.

La actitud hostil del gobierno de Trump hacia los medios de comunicación es aún más preocupante al tener repercusiones a escala mundial. En octubre de 2018, esta inquietud se concretó cuando Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía). A pesar de que existen pruebas contundentes de que miembros del gobierno saudí estuvieron implicados en este asesinato, Trump sigue negándose a condenar a Arabia Saudí, país al que considera “un importante aliado”.