- Reporteros sin Fronteras califica esta acogida como “un insulto a las víctimas del DAS”
Reporteros sin Fronteras recibió con indignación la noticia de que Panamá concedió el asilo a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, el 19 de noviembre de 2010. La interesada debía acudir al consulado panameño de Bogotá el 22 de noviembre para recibir los documentos que le autorizan establecerse en el país vecino.
Esta medida es un insulto a las víctimas de los procedimientos del DAS –salvajes escuchas telefónicas o “Chuzadas”, propaganda negra, actos de sabotaje– cometidos durante el doble mandato de Álvaro Uribe. Estas maniobras se dirigieron principalmente a periodistas críticos de la política llamada de “seguridad democrática” del ex presidente, así como a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, magistrados y políticos. María del Pilar Hurtado no es una perseguida política sino una funcionaria pública que se extralimitó en sus funciones. ¿Ella que defendió los mecanismos de seguridad estatal hoy expresa sentirse insegura con los mismos?
Directora de la principal central de inteligencia colombiana de agosto de 2007 a octubre de 2008, María del Pilar Hurtado es uno de los tres ex dirigentes del DAS –entre diez altos funcionarios de la administración de Uribe– a los cuales la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias por el sólo cargo de las salvajes escuchas telefónicas, desde el 1 de octubre pasado. Aún esperamos que un recién informe de la Fiscalía General de la Nación dé lugar a un complemento de investigación y a procesos penales sobre el conjunto del expediente. Un recurso ha sido interpuesto en ese sentido, el 6 de octubre pasado, por una de las víctimas del “Dasgate”, Claudia Julieta Duque, periodista de Radio Nizkor.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, cercano a Álvaro Uribe, argumentó la “estabilidad regional” para justificar esta oferta de asilo. ¿Las buenas relaciones geopolíticas entre países vecinos autorizarían entonces a violar los principios fundamentales del derecho y a ratificar la impunidad? María del Pilar Hurtado no es una perseguida política sino una funcionaria pública que se extralimitó en sus funciones. ¿Ella que defendió los mecanismos de seguridad estatal hoy expresa sentirse insegura con los mismos?
La Organización de los Estados Americanos debe exigir explicaciones a ambos gobiernos y evitar un mal precedente, más aún cuando otras solicitudes de asilo podrían haber sido depositadas por personalidades implicadas en el “Dasgate”.
