Reporteros Sin Fronteras denuncia un ambiente nocivo para el periodismo en Colombia y pide a las autoridades que respeten el trabajo de la prensa, especialmente tras la publicación de un reportaje del New York Times que compromete al ejército colombiano. La organización invita igualmente a los medios a mantener su compromiso con la verdad.
El reportaje, publicado el 18 de mayo en The New York Times, versa sobre el comandante del ejército de Colombia, Nicacio Martínez, que habría ordenado a sus tropas ampliar el número de bajas civiles, duplicando la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla.
Estas revelaciones, que se basan en órdenes escritas y entrevistas a altos oficiales, han desencadenado agresivas declaraciones de políticos y amenazas contra el periodista del diario Nicholas Casey y Federico Rios, fotógrafo independiente que colabora con The New York Times en Colombia.
El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró de inmediato que el informe periodístico del diario estadounidense estaba lleno de afirmaciones «sin el debido sustento». Una línea a la que se sumaron de inmediato numerosos políticos locales, como los senadores Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, y María Fernanda Cabal, que llegó a insinuar en Twitter un supuesto pago al autor del texto y supuestas relaciones cercanas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas reacciones agresivas, que han tenido gran eco en las redes sociales, han estado plagadas de insultos y amenazas contra Nicholas Casey y Federico Rios. Ambos periodistas optaron por dejar el país 19 de mayo para preservar su seguridad.
Tras estos ataques que cuestionan el serio trabajo de periódico The New York Times, el gobierno colombiano creó el 24 de mayo una comisión independiente para analizar las órdenes e instrucciones dadas por el Ejército. Así, el 28 de mayo, la Procuraduría General de Justicia abrió una investigación preliminar contra Nicacio Martínez, y, el 29 de mayo, el ejército de Colombia anunció que modificaría las instrucciones dadas a las tropas.
“Este caso muestra las grandes dificultades a las que se enfrenta la prensa para abordar ciertos temas de interés público que comprometen a la clase política y las autoridades colombianas”, afirma Emmanuel Colombié, director de la oficina de América Latina de RSF. “Las declaraciones que estigmatizan a los periodistas, así como intentos de intimidación registrados tras la publicación de este texto, son inaceptables e indignas, y constituyen una grave amenaza para la libertad de prensa en Colombia. El presidente del país, Iván Duque Márquez, y su gobierno, deben fomentar el desarrollo de una prensa independiente, base esencial de toda democracia digna de ese nombre”, añade.
Este caso también ha conmocionado a la prensa colombiana. Una parte de ella ya poseía la información revelada por The New York Times, como Daniel Coronell, reconocido periodista y columnista, que contó en una columna publicada en la revista Semana, el 26 de mayo, el hecho de que este semanario ya conociera la información revelada por The New York Times desde febrero, pero que había decidido no publicarla. Poco después de que Daniel Coronell publicara su columna fue despedido sin una verdadera explicación, tras más de 19 años de colaboración con Semana. «El gobierno quiso matar la historia de los peligrosos instructivos militares sin esperar que los resucitara en The New York TImes”, ha contado Daniel Coronell a RSF. “La autocensura es una práctica cotidiana en muchas salas de redacción en Colombia», lamenta.
Colombia ocupa el puesto 130 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.
Consulta más información sobre Colombia en el Informe Anual elaborado por RSF-España.
