Reporteros Sin Fronteras pide al Estado colombiano y a la Fiscalía General de la Nación que tome todas las medidas necesarias para ampliar el plazo de prescripción de las acciones penales por el asesinato del periodista Nelson de la Rosa Toscazo, que vence el 3 de agosto de 2013. El fotógrafo del diario El Universal fue asesinado en Cartagena, el 3 de agosto de 1993, y es uno de los casos de profesionales de la información asesinados antes del año 2000 que podría prescribir 20 años después.
«Si no se hace nada de aquí a finales del año, otros homicidios podrían quedar también impunes, como el de el periodista radiofónico Manuel José Martínez Espinosa (asesinado el 28 de septiembre de 1993), el de Eugenio Orejuela Micolta (el 18 de noviembre de 1993) o el de Danilo Alfonso Baquero Sarmiento (asesinado el 26 de diciembre de 1993). Algunos ya han prescrito, como los homicidios de los periodistas Gerardo Didier Gómez y Carlos Lajud Catalán –asesinados el 11 de febrero y el 19 de marzo de 1993, respectivamente», advierte RSF.
«Corresponde a la justicia colombiana investigar todos los asesinatos de periodistas, aunque hayan sido cometidos hace más de 20 años, para que se identifique y se juzgue a sus responsables. El Estado debe luchar contra la impunidad, no sólo por las familias de las víctimas –que tienen el derecho a exigir la verdad y que se haga justicia– sino también para garantizar el respeto de la libertad de información», añade la organización, que pide también que estos asesinatos sean considerados crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles, según el derecho colombiano y el internacional, como ha sucedido con los casos de José Eustorgio Colmenares Baptista y Guillermo Cano.
El 11 de marzo de 2013 la Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta declaró “delito de lesa humanidad” el asesinato de José Eustorgio Colmenares Baptista, director del diario La Opinión de Cúcuta –cometido el 12 de marzo de 1993–, volviéndolo así “imprescriptible». Esta declaración parece un reconocimiento a la violencia ejercida contra los periodistas durante el conflicto armado, en particular de 1990 a 1995. En 2010 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación también declaró crimen de lesa humanidad el asesinato de Guillermo Cano (cometido en 1986).
«La prescripción de los asesinatos de periodistas supone una trágica garantía de que la impunidad se perpetuará”, concluye RSF. «Pero además, conseguir la imprescriptibilidad no puede suponer una legitimación jurídica a la inactividad de las entidades encargadas de juzgar estos asesinatos», recuerda la organización.
