¿Con la Familia Real hemos topado?

“Un peligrosísimo precedente para una censura mucho más peligrosa que la clásica de las dictaduras: la autocensura que se practica en diversos medios de comunicación”.

Se repite una y otra vez: se censuran viñetas alusivas a temas considerados delicados o susceptibles de herir determinadas sensibilidades, ya sean espirituales, sentimentales, políticas y/o sociales. Ocurrió en septiembre del año 2005 con las viñetas de Mahoma del diario danés Jillands Posten, por citar uno de los escándalos más sonados en toda la prensa internacional. Pero ha habido otros, de consecuencias menos graves pero no menos alarmantes. A escala nacional. Y ocurridos en el mismo semanario y por el mismo tema-tabú: la Familia Real.

El grupo RBA, editor de “El Jueves” aplazó 24 horas la salida del correspondiente número semanal, con objeto de cambiar la portada  que bajo el título “El Rey abdica”, aparecía un dibujo de Manel Fontdevila representando al monarca en el acto de colocar una corona -su corona- llena de excrementos al heredero, Felipe de Borbón. La edición tuvo que reimprimirse con la portada  prevista antes de hacerse públicas la decisión de abdicar de Juan Carlos I. Al parecer la cúpula de la revista ha hecho saber que en adelante las viñetas o tiras referentes a la Familia Real tendrán cabida en el interior de la revista pero no en la portada. ¿Cómo se podría catalogar esta nueva modalidad de censura?

Lo ocurrido esta semana nos retrotrae a un hecho parecido que tuvo lugar en julio de 2007 en la misma revista satírica por orden de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía general del Estado. Más grave aún, cuando “El Jueves” ya se hallaba en los puntos de venta al público.  En este caso la portada era una caricatura representando a los Príncipes de Asturias en una postura sexual “trabajando por la Patria”. Podríamos entrar en si el dibujo era o no de mal gusto pero una caricatura es una caricatura, en cualquier  ámbito, y una revista satírica como “El Jueves” que ha publicado a Dios Padre con pantuflas y enseñando el trasero sin que se movieran en sus cimientos las piedras de el Vaticano, ha topado en España, con un nuevo tabú: la Casa Real.

En el caso actual se ha querido “poner el parche antes de que salga el grano”, pero el hecho es el mismo: un ataque directo contra la libertad de expresión que, por otra parte, no consigue más que convertir la caricatura en “trending topic” de la semana. Porque es superfluo decir que en ambos casos, la difusión por las redes sociales de la portadas censuradas fue mucho mayor  de la que hubiera conseguido de publicarse en su soporte habitual.

La sátira, la ironía, la burla, han sido siempre un referente fundamental de la libertad,  la tolerancia y  la democracia. Su vehículo ha sido mayoritariamente la prensa. A veces, especializada. Pero a día de hoy, este principio tan básico es para algunos y cada vez más, motivo de persecución y escándalo.

Las ofensas personales o colectivas se han convertido últimamente en un peligroso obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión de los humoristas gráficos. Una viñeta puede resultar devastadora para su autor. Le puede cambiar la vida, y aún más exponerle a perderla. Lo estamos viviendo en el mismo corazón de nuestra civilización europea. El caricaturista del Jillands Posten, al margen de que tuvo que dejar su trabajo por razones de seguridad, aún hoy se ve obligado a vivir de incógnito en su propia tierra. Y aunque en el caso que nos ocupa no es previsible ninguna sanción al autor de la caricatura y a los cinco colegas que solidariamente se han unido a su protesta, sí que sienta un peligrosísimo precedente para una censura mucho más peligrosa que la clásica de las dictaduras: la autocensura que se practica en diversos medios de comunicación, aunque muchos casos concretos  no lleguen a conocimiento público.

Deberíamos reflexionar sobre ello porque estamos viviendo tiempos agitados y de gran confusión, sobre todo dialéctica, en cuanto a las libertades se refiere. En este caso sobre un derecho reconocido en el artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la libertad de expresión que a su vez comporta el derecho a la información de todo ciudadano.

No voy a entrar en farragosas disquisiciones sobre los eufemismos, hoy en día tan en uso, tendentes a vender gatos disfrazados de liebres. Todos cuantos trabajamos en esta profesión sabemos de qué estamos hablando. De cómo se puede o no se puede ejercer hoy la libertad de prensa sin cortapisas ni presiones, ni autorregulaciones que en realidad, por miedo, van mucho más allá que la censuras. ¿Y qué son sino, las citas a la prensa por parte de diferentes gobiernos y/o políticos para dar comunicado sin derecho a turno de preguntas y a las que acuden los medios como borregos  bien disciplinaditos

¿Cómo y por qué se dan estas anomalías en pleno siglo XXI, en sociedades tan desarrolladas democráticamente hablando como las que conforman este mundo-norte, rico, del bienestar (que ya no lo es tanto) y que se proclama solidario, plural, diverso y no sé cuántas cosas más, llamado Occidente?

En lo que respecta a la libertad de expresión, se dispone hoy de unas herramientas muy útiles para manipular a la prensa y a sus profesionales los periodistas: la concentración de medios, la precariedad laboral, la ofensiva contra la confidencialidad de las fuentes así como los consejos, estatutos y demás órganos reguladores de la profesión que abren la vía a que a través de sus prolijos articulados se cuelen graves amenazas contra la libertad de prensa que tanto costó conquistar.

Personalmente, estoy en contra de cualquier herramienta  que ponga coto a mi derecho a expresarme y a que los medios de comunicación se hallen sujetos a denuncias, sanciones y cierres cautelares, al margen del ámbito judicial. Y aún así debo precisar que no estoy de acuerdo en que se silencie -ni por orden judicial- ningún medio de comunicación. Si alguien, sirviéndose o trabajando en él, ha delinquido por injurias, calumnias, derecho al honor y a la propia imagen, incitación al odio, a la xenofobia, al racismo, al terrorismo, etc., a todos los supuestos contemplados en el artículo 20 de nuestra Constitución que se denuncie ante los tribunales. Que obviamente no es el caso, motivo de este artículo.

María Dolores Masana Argüelles

Ex presidenta y vocal de Reporteros sin Fronteras

Vicepresidenta de la Comisión de Quejas y Deontología de La FAPE