CUBA | Se intensifica el acoso a los periodistas con la nueva Ley de Comunicación Social

Desde principios de octubre, al menos 11 periodistas han sido convocados por la Policía Nacional Revolucionaria, interrogados y obligados a renunciar a ejercer su profesión , según informaciones de RSF. Muchos fueron acusados de «propaganda contra el gobierno» y “mercenarismo”, en virtud de la nueva Ley de Comunicación Social – aprobada en 2023 e implementada  a partir del 4 de octubre -, que regula la comunicación y fomenta la represión de las voces disidentes. A algunos se les confiscó su equipo profesional durante los interrogatorios. A todos ellos se les amenazó – en la mayoría de los casos con encarcelarlos o hacer daño a sus familias – si continuaban con su trabajo. Durante los interrogatorios, las autoridades grabaron las sesiones, lo que presenta el riesgo de que posteriormente sean difundidas, como ha ocurrido en otras ocasiones, ya que la desacreditación pública de los periodistas es una táctica recurrente del régimen para humillar y silenciar a las voces disidentes.

Estos recientes incidentes de persecución se han producido en rápida sucesión. El 3 de octubre, Yennys Hernández Molina y su esposa, Annery Rivera Velasco, periodistas independientes, publicaron una mensaje en Facebook renunciando a «colaborar y/o participar en cualquier medio o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano», tras ser interrogadas por la Policía Nacional Revolucionaria. Al día siguiente, 4 de octubre, la periodista independiente María Lucía Expósito fue interrogada durante más de seis horas por agentes de la Seguridad del Estado, quienes la amenazaron con incautarle los ingresos laborales que percibe de medios independientes.

El 7 de octubre, tres días después, varios periodistas fueron objeto de ataques. Cuatro directores de medios de comunicación locales afiliados al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) – Juan Manuel Moreno Borrego, de Amanecer Habanero, Orlidia Barceló Pérez, de El Espirituano, Mabel Páez Díaz, de El Majadero de Artemisa, y Antonio Suárez Fonticine, de Páginas Villareñas – fueron interrogados y amenazados para que abandonaran sus actividades periodísticas. Además, la periodista independiente Yadira Álvarez Betancourt, que ya había sido interrogada y obligada a dimitir, fue sometida a una nueva humillación cuando la Policía Nacional Revolucionaria obligó a Betancourt a retractarse de la misma declaración pública de dimisión que la habían presionado a hacer.

Al día siguiente, 8 de octubre, Lucy G. Morell, fotógrafa y documentalista que trabaja con el medio de comunicación Periodismo de Barrio, fue convocada e interrogada por agentes de la seguridad del Estado y obligada a dimitir públicamente. Un día después, el 9 de octubre, Adriana Normand, periodista independiente de medios digitales como Hypermedia Magaziney El Toque, fue obligada a dimitir, y José Luis Tan Estrada – periodista freelance de Camagüey, ciudad del centro de Cuba, que trabajaba para medios como el digital Cubanet – fue citado por la Policía Nacional Revolucionaria, que le amenazó con presentar cargos en virtud de la Ley de Comunicación Social. Tan Estrada ya había sido detenido por una semana por ejercer el periodismo independiente.

Año tras año, Cuba sigue siendo uno de los países peor clasificados de América Latina en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, debido al férreo control que ejerce el gobierno sobre todos los medios de comunicación, mediante severas restricciones legales y el acoso constante a los periodistas.